martes, 17 de diciembre de 2013
Carlos Olmos Tomasini operador de Max Cortázar y Alejandra Sota
Conforme avanza la investigación que vincula el proceso de desvío de recursos en el gobierno de Felipe Calderón, en materia de Publicidad contra los ex voceros de la Presidencia, Max Cortázar y Alejandra Sota Mirafuentes, todo parece confirmar que Carlos Olmos Tomasini fue el operador del mega esquema de corrupción, que llevaría dinero para financiar presuntamente, campañas políticas de panistas en la elección de 2012, desde la Secretaría de Salud, sin embargo, muchos de esos recursos se desviaron a cuentas y medios personales de los involucrados y prestanombres.
Esto puede comprobarse en los datos vertidos en el anexo estadístico, donde disminuyó el presupuesto considerablemente en el 2007, alcanzando en la Secretaría de Salud 83,896 millones de pesos, contra los 33 millones de pesos operados por la Presidencia de la República.
En 2008 el mismo fenómeno se repitió siendo 30 millones 172 mil pesos para Presidencia, mientras que la Secretaría de Salud operó 82 millones 582 mil pesos. Durante 2009 se repitió la situación en Los Pinos, pero en la Secretaría de Salud su presupuesto se triplicó, alcanzando los 436 millones 318 mil pesos contra los 32 millones 721 mil pesos.
En el anexo se indica que en el 2010 la Presidencia operó 38 millones 662 mil pesos, mientras que el presupuesto publicitario de Salud creció 52 por ciento, para alcanzar los 659 millones 308 mil pesos.
Cabe resaltar que en el 2010 el presupuesto de Salud creció 167 por ciento, es decir, alcanzó los mil 509 millones 696 mil pesos, contra un presupuesto de tan sólo 37 millones 105 mil pesos de Presidencia de la República. Y en 2012 la secretaría alcanzó un crecimiento del 120 por ciento respecto a 2010, llegando a los dos mil 124 millones 366 mil pesos.
El anexo destaca las irregularidades visibles, donde secretarías federales como la de Educación Pública reportaron presupuestos menores a la de la Secretaría de Salud, a lo largo del gobierno de Felipe Calderón.
Incluso los datos federales aseguran que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público contaron con un 80 por ciento menor al presentado por la Secretaría de Salud en los últimos tres años de Felipe Calderón.
Esto representa un detalle más desde documentos oficiales de los vínculos entre Carlos Olmos, Alejandra Sota y Maximiliano Cortázar.
Por ello por medio de la Secretaría de la Función Pública, el gobierno de Enrique Peña Nieto no sólo tiene en la mira a algunos panistas, que se enriquecieron a costa de la paraestatal Petróleos Mexicanos, entre ellos los hijos de Marta Sahagún, Jorge Alberto y Manuel Bribiesca.
También tiene bajo investigación a una de las personas más cercanas al ex presidente Felipe Calderón: Alejandra Sota, su ex vocera.
De acuerdo con una nota difundida a nivel nacional, la Secretaría de la Función Pública (SFP) tiene abierta una indagatoria contra la ex funcionaria, por los presuntos delitos de peculado y tráfico de influencias. La versión no fue desmentida por la dependencia.
Sota Mirafuentes –que desde julio pasado acude como becaria del programa Edward Mason a la escuela de gobierno John F. Kennedy, pese a no haber concluido la carrera de Ciencia Política en el ITAM– es investigada porque supuestamente favoreció a amigos y ex compañeros de esa institución educativa en el otorgamiento de contratos de diversa especie desde Los Pinos, especialmente en el Instituto Mexicano del Seguro Social.
Con base en información obtenida de la SFP y del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), la ex vocera presidencial presuntamente encabezó un grupo de amigos y colegas universitarios que se habrían coludido durante el sexenio de Calderón en beneficio de una sociedad llamada Defoe Experts on Social Reporting y de la empresa Milenio Consultores.
Ambas firmas eran propiedad de José Alonso Arango Pérez y Yamil Nares Feria, que fueron compañeros de estudios de Sota en el ITAM.
A las dos empresas se les habrían entregado, de acuerdo con las primeras informaciones, 45 millones de pesos durante tres años, desde mediados de 2009 hasta noviembre de 2012, en contratos con la Presidencia, el IMSS y la Secretaría de Gobernación.
En el caso de Los Pinos, el grupo canalizó siete contratos a Defoe, sociedad civil dirigida por Yamil Gustavo Nares Feria, que incluso ostentó el cargo de subdirector de Opinión Pública en la Presidencia de la República.
En julio pasado se dio a conocer que la ex coordinadora de Comunicación Social de la Presidencia, a quien Josefina Vázquez Mota acusó de filtrar sus llamadas telefónicas durante la campaña presidencial, es una de las mexicanas privilegiadas que estudia una maestría en la Universidad de Harvard, en Estados Unidos.
Es decir, que la ex vocera presidencial ocupó ese cargo sin haber concluido la licenciatura. Y ahora, en su calidad de “pasante”, cursa un posgrado en Harvard.
En julio de 2010, Sota ocupó el cargo de vocera presidencial en sustitución del panista Max Cortázar, que trabajó con Felipe Calderón desde la campaña presidencial de 2006. Cortázar tampoco tenía título universitario. Los panistas que lo conocían desde hace varios años filtraron a la prensa que antes de estar en el PAN y en el servicio público fue baterista del grupo de pop Timbiriche.
Se presume entonces que como las instrucciones respecto a las pautas publicitarias surgían en Los Pinos a través de la Dirección de Normatividad a Medios de la Secretaría de Gobernación, donde estuvieron Luis Mena y Alejandro Echegaray, tanto Maximiliano Cortázar como Alejandra Sota y Carlos Olmos Tomasini fueron parte del mismo grupo que se enriqueció a costa del dinero destinado a publicidad.
Para comparar aun más el nivel de gasto que ejerció Olmos Tomasini, debe mencionarse que dependencias como Hacienda, Comunicaciones y Transportes o Educación Pública, ejercieron en 2010, 169.171 millones, 308.551 millones y 114.371 millones, respectivamente.
Mencionamos las anteriores porque fueron las dependencias federales que más gastaron en Comunicación Social, mismas que en 2012 ejercieron: Hacienda: 183,557 millones; Comunicaciones y Transportes: 85,615 millones y SEP: 154.551 millones de pesos, es decir, nada comparado con los dos mil 124 millones que gastó Olmos Tomasini ese mismo año en la Secretaría de Salud.
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