250 mil armas llegan de EU cada año

Daniel Blancas Madrigal | En el negocio del tráfico de armas confluyen organizaciones especializadas en el trasiego y portación ilegal de armas, advierte la Sedena.

Cada año más de 250 mil armas son traficadas de Estados Unidos hacia México, según un estudio compartido a Crónica y realizado por el Instituto Transfronterizo de la Universidad de San Diego. Éste es el campo de acción de las redes dedicadas a falsificar licencias de portación, pues según el mismo documento, las autoridades mexicanas sólo incautan entre el 10 y el 15 por ciento del comercio total anual, cuyos ingresos rondan los 130 millones de dólares. En el negocio confluyen, confió el mayor Francisco Alcaraz Rodríguez, asesor jurídico de la Dirección General de Registro Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos de la Sedena, tanto organizaciones especializadas en trasiego y portación ilegal de armas como células de “coyotaje”: “Hay personas que llegan inocentemente a la Secretaría solicitando la renovación de su licencia, porque en teoría ya se les venció, pero lo que presentan ni siquiera tiene las características de una licencia, es falsa y lo peor es que pagó un alto costo”. Los expedientes refieren pagos fraudulentos de hasta 200 mil pesos por permiso falso, por un servicio que en la Sedena cuesta sólo mil 915 pesos. Pero más allá de las estafas están los fines delictivos que persiguen las redes, alertó el capitán Mazatl Valadez Huertos, jefe de la subsección de licencias en la dependencia: “A diferencia de un permiso de conducir o de una credencial del IFE, la falsificación de permisos para portar armas de fuego va encaminada a cometer ilícitos y no a protección personal ni a tareas de seguridad pública o privada, por eso en la Secretaría nos preocupa el incremento de casos. No podemos saber en qué delitos se han utilizado, pero lo que sí sabemos es que no se usan para situaciones legales”. PISTAS. El informe “No más Armas” -en el cual colaboró el Movimiento por la Paz de Javier Sicilia juntó con el Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde) y las organizaciones internacionales Fellowship of Reconciliation (FOR) y Global Exchange- siguió la pista a 2,921 armas que, según la Oficina para el Control del Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF) de Estados Unidos fueron vendidas legalmente en la unión americana e incautadas en México entre 2006 y 2010. Se corroboró que todas fueron utilizadas para cometer delitos en nuestro país, en especial homicidios, secuestros, extorsiones, robos y tráfico de drogas; carecían de permisos o éstos eran falsos; habían sido compradas principalmente por mexicanos y estadounidenses, aunque también se identificaron compradores europeos y asiáticos; en algunos casos el ingreso a México se dio tan sólo a dos días de haber sido adquiridas, pero hubo armas con las cuales se cometieron ilícitos durante más de dos años; los cárteles las distribuyeron por todas las entidades del país, pero las principales zonas de operación fueron las fronteras norte y sur. “El análisis permitió documentar que son los jóvenes entre 20 y 30 años quienes están siendo detenidos por portación ilegal de arma de fuego, y en la mayoría de los casos se trata de chavos que fueron reclutados por la delincuencia de manera forzada. Las cabezas criminales quedan casi siempre impunes y sólo son atrapados quienes ocupan escalones menores”, describió Roberto Villanueva, coordinador del documento por parte del Movimiento por la Paz. LIMPIA. La Procuraduría de Justicia Militar ha diversificado ya sus investigaciones para determinar si hay personal militar involucrado en estas células, según el Mayor Alcaraz: “Hay muchas indagatorias y líneas de investigación que se agotan en el Ministerio Público de la Federación, y que son independientes a las realizadas en la Sedena, las cuales tienen el objetivo de conocer si militares están implicados en el asunto o han alimentado de alguna manera esta red”. -¿Y cuáles han sido los resultados? -Hasta ahora no se ha encontrado ningún caso, pero las investigaciones siguen. Lo que nos queda es invitar a los ciudadanos a no dejarse sorprender o denunciar cualquier movimiento sospechoso. El capitán Valadez advierte que ni el personal del Registro de Armas, ni el del módulo de atención ni el de cualquier otra área de la Secretaría, “está facultado para pedir dinero o recompensa, porque todo se maneja a través de Hacienda”. DUDAS. -¿Puede funcionar una red con este alcance sin la colusión de autoridades?, se preguntó a la doctora Elizabeth Cruz Reyna, experta del Tecnológico de Monterrey. -Es necesario siempre el resguardo o protección de funcionarios que desempeñan roles importantes en el área involucrada. No es tan fácil llegar a un permiso falso sin aval institucional. La situación ya nos está rebasando como país, y se requiere poner un alto. Uno de los factores que ha propiciado este panorama, dijo, es la falta de credibilidad de la ciudadanía respecto al actuar de los funcionarios de gobierno. Según Roberto Villanueva, la corrupción se da en dos tiempos: al momento de facilitar la falsificación de permisos y distribuirlos; y cuando el arma en cuestión es detectada en algún ilícito: “Con una buena mordida la autoridad prefiere voltear a otro lado y ni siquiera se interesa en verificar si la licencia fue expedida por la Sedena o si las firmas y sellos son los oficiales. Un fajo de billetes basta para no hacer nada y la red continúa su expansión”. -¿A favor de quién? -De los señores de la guerra: a quienes les interesa extender la violencia y seguir con la introducción de armamento al país para venderlo tanto al menudeo como en arsenales, lo mismo a grandes cárteles que a comerciantes minoristas, guardias comunitarios y autodefensas. Son ellos los que comandan la venta de permisos falsos. El problema, según investigadores del tema, revela la falta de una ley que obligue a las autoridades a registrar la procedencia de las armas incautadas –más allá de matrícula, marca y tipo-; la flexibilidad y discrecionalidad de los requisitos para obtener el permiso y la carencia de un esquema nacional que sirva para verificar la autenticidad de documentos, en especial los que pueden ser empleados para cometer delitos de alto impacto. Y así lo reconoce el capitán Mazatl Valadez: “Para verificar todos los documentos de carácter público tendría que diseñarse un sistema informático en todo el país que hoy no se tiene”…