La guerra del “Chapo” contra la justicia mexicana y su miedo a la extradición

Redacción Revolución 3.0 La guerra jurídica de “El Chapo” (6 de agosto, 2014).- Las últimas acciones protagonizadas por Joaquín Archivaldo “El Chapo” Guzmán Loera, son una muestra de que usará todos sus recursos y artimañas para librarse de lo que considera una privación de la libertad en el Penal de Máxima Seguridad del “Altiplano”, y evitar así la extradición a Estados Unidos.

Desde que arribó al Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) Número 1, en Almoloya de Juárez, Estado de México, el exlíder del cártel de Sinaloa comenzó su defensa al interponer una serie de juicios de amparo ante un posible traslado a otra cárcel y la citada extradición al país vecino. Ahora ese mismo método lo ha comenzado a aplicar pero a las causas donde se le dictó auto de formal prisión. Tras realizar una petición formal, el pasado 29 de julio, el Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Civiles Federales con sede en el Edomex, negó al sinaloense la protección de la justicia federal contra la orden de traslado del Cefereso #1, a otra prisión, por lo que el amparo fue sobreseído. Como responsables de querer deportarlo, Guzmán Loera señaló al director del penal federal mexiquense, y a la directora general de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). A pesar de que actualmente, y con base en los amparos promovidos por él mismo, no existe dicha petición del gobierno estadunidense o alguna orden provisional de detención, “El Chapo” vive con el medio de ser trasladado a cualquier otro CEFERESO de los 13 que hay en México y después ser expulsado hacia EE. UU. Su versión de los hechos, plasmada en un escrito, es que las autoridades mexicanas buscan llevarlo a otro Penal donde cuente con proceso en su contra, para de esa manera agilizar una sentencia y enviarlo ante la justicia norteamericana, sin posibilidad alguna de que su defensa actúe. En caso de efectuarse lo anterior, señala el capo, sufriría graves afectaciones a sus derechos humanos, toda vez que el proceso se pretende ejecutar fuera del marco legal. Guzmán Loera, quien menciona haber escuchado el plan del propio personal del “Altiplano”, también ha mencionado que no se le notificado el motivo del traslado. Al margen de las acusaciones, las autoridades implicadas han negado las acciones que les imputa el narcotraficante sinaloense, sin embargo, este insiste en que el traslado con fines de deportación, ha escuchado ya fue autorizado, y podría efectuarse en cualquier momento sólo como una parte del acto que lo llevará a territorio estadunidense. Toda una guerra legal Junto a su hermano Miguel Ángel “El Mudo” Guzmán Loera, “El Chapo” promovió el pasado 16 de julio un amparo ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal, contra la presunta remoción de cárcel y la orden de extradición, demanda que fue canalizada al Juzgado Decimoprimero de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México, donde podría resolverse el 21 de agosto próximo. Sin embargo, aquello es únicamente un frente de la guerra que sinaloense libra contra la justicia mexicana. Actualmente, Guzmán Loera enfrente sendos procesos penales federales en Jalisco, Sinaloa, Tamaulipas y el Edomex, además media docena de órdenes de arresto pendiente de cumplir. Sus abogados, han tramitado recursos de apelación en la mayoría de las causas penales. Los jueces de distrito han resuelto sólo dos a su favor, las cuales ordenaban que el procedimiento fuese repuesto, no obstante, una vez resultas las fallas, el auto de formal prisión le fue decretado nuevamente. Un amparo contra un dictamen similar, fue promovido por “El Chapo”, el pasado 24 de julio ante el Cuarto Tribunal Unitario del Segundo Circuito de Toluca, a fin de apelar la fallo del 2 de julio anterior, donde el Segundo Tribunal Unitario reafirmó el auto de formal prisión dictado por el Juez Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales del Edomex, hace dos meses. La resolución hecha el pasado 6 de mayo, lo encontró culpable por los delitos de delincuencia organizada. El próximo 21 de agosto, el magistrado del tribunal unitario fijó el desahogo de la audiencia constitucional, donde el amparo deberá resolverse. En conjunto, todas estas tretas legales sumadas al escándalo por la huelga de hambre que organizó junto a “La Barbie”, son tan sólo una muestra de que el poder del narcotraficante mexicano es todavía muy grande, aunque en caso de ser un problema mayor para las autoridades, el PRI, renuente a las extradiciones, podría ser quien lo entregue a la administración de Obama.