© AFP Yuri Cortez.
La tortura y los malos tratos "están fuera de control" en México y las denuncias han aumentado en un 600% en la última década. Sin embargo las autoridades "guardan silencio" al respecto de este problema, según un informe de la Amnistía Internacional.
En el marco de su informe 'Fuera de control: tortura y otros malos tratos en México', Amnistía Internacional ha pedido al Gobierno mexicano tomar "medidas con urgencia para poner fin al uso persistente y generalizado de la tortura por parte de la Policía y las fuerzas armadas".
El documento de 94 páginas indica que en el país norteamericano existe un preocupante aumento del uso de la tortura y los malos tratos que ha creado un "clima imperante de impunidad y tolerancia hacia estas práctica", como demuestra que solo siete torturadores han sido declarados culpables por los tribunales federales.
Un sondeo encargado por AI ha mostrado que el 64% de los mexicanos "temen ser víctimas de torturas en caso de ser puesto bajo custodia". "Las autoridades no pueden seguir mirando para otro lado", aseveró Erika Guevara Rosas, directora de las Américas de Amnistía Internacional, quien subrayó que casi no se toman las medidas para prevenir la tortura y otros maltratos y que "las investigaciones sobre las denuncias a menudo minimizan la gravedad de los abusos, y están predispuestas contra la persona denunciante".
AI eligió a la nación mexicana para su análisis, ya que resultó ser "el único país donde hemos visto un incremento preocupante de la tortura; en los últimos 10 años, de 2003 a 2013, ha crecido en un 600% el número de casos denunciados ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos", según el director de Amnistía Internacional en México, Perseo Quiroz.
Los empleados de AI han reunido más de 20 informes de víctimas de todo México que les contaron los casos de "palizas, amenazas de muerte, violencia sexual, descargas eléctricas y semiasfixia a manos de la Policía o las fuerzas armadas" a los que fueron sometidos a menudo con el fin de que proporcionaran "confesiones" o para que incriminar a otros individuos de delitos graves, señala la organización.
El documento evidencia que solo en tres años (desde 2010 hasta 2013) la CNDH recibió más de 7.000 quejas por torturas y otros malos tratos. En 2014 el número de quejas se ha reducido, pero sigue siendo mucho más alto que hace una década. AI subraya que el sistema de justicia penal mexicana admite pruebas obtenidas mediante detención arbitraria o tortura, aunque esto está prohibido por la ley. Esta práctica posibilita la existencia de juicios sin garantías y condenas dudosas, afirma el informe.
Asimismo, la organización revela que las ya de por sí escasas denuncias de tortura se investigan de una manera deficiente e incumpliendo las normas internacionales establecidas por el Protocolo de Estambul, firmado también por México. La vista gorda que hacen las autoridades mexicanas ante torturas y malos tratos y el bajo nivel de investigación de estos casos "supone un abuso por partida doble. Si las autoridades no recaban pruebas de los malos tratos, las víctimas carecen de la posibilidad de resarcimiento y no pueden demostrar que sus 'confesiones' han sido obtenidas mediante coacción", concluyó Guevara Rosas.
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