Sólo en un mes, México vivió tres desastres ambientales severos, donde han estado involucradas grandes compañías privadas y públicas, y que han evidenciado no sólo los altos niveles de impunidad con que operan esas empresas, sino la ineficiencia del Estado mexicano: primero para proteger a los ciudadanos, a la ecología y al desarrollo económico y social de los pueblos afectado, y segundo para aplicar la ley, someter a los infractores, exigirles la reparación de daños e incluso quitarles las concesiones por las omisiones y los quebrantos jurídicos en su operación. En los tres casos, la regulación ha sido laxa. Se trata de empresas mineras, petroleras y operadores de saneamiento de aguas, tres rubros ligados a la industrialización y que debieran ser supervisados al máximo por las dependencias federales y locales de cada uno de esos ramos. Pero en México eso no es así. No lo ha sido y ahora, con la Reforma Energética y la cantidad de empresas extranjeras que ésta atraerá en el negocio de los hidrocarburos, apunta para ser aún peor. La pregunta es: Si el gobierno federal y los legisladores del PRI que comandaron esa reforma no mostraron ningún interés por incluir en las leyes reguladores fuertes y un marco jurídico que impida a los grandes corporativos extraer recursos y regar su cochinero con toda libertad, ¿quién les va a exigir rendición de cuentas?, ¿quién les va a pedir que reparen el medio ambiente y la vida social de las comunidades afectadas?, ¿quién va a hacer el guapo que les va a poner freno? No hay señal alguno de que ese guapo aparezca y, al contrario, la prisa con que se votó y aprobó esa reforma muestra que ahí no había un interés nacional, sino de grupo: el del que gobierna actualmente el país. Poca esperanza queda, porque esos políticos y gobernantes de turno no están dispuestos a aplicar la ley contra sus amigos o intereses. Ni antes ni ahora, hay un signo de querer modificar esta condición. El cochinero de agosto nos hereda tres muestras de devastación que amenaza con ser brutal, a pesar de que, como en estos tres casos, las autoridades sepan quién y cómo se cometió el delito. El 6 de agosto pasado, la minera Buenavista del Cobre, propiedad de Grupo México, descarga toneladas de tóxicos –40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado (CuSO4) acidulado– en al menos cuatro cuerpos de agua en Sonora: Arroyo Tinajas (17.6 kilómetros), Río Bacanuchi (64 kilómetros), Río Sonora (190 kilómetros) y en la Presa El Molinito (15.4 millones de metros cúbicos), causando lo que las propias autoridades federales calificaron como “el peor desastre ambiental en la industria minera del país”. Ha pasado casi un mes, y aun cuando la evidencia marca una responsabilidad directa del consorcio de Germán Larrea Mota Velasco, el tercer hombre más rico del país, nada ha pasado y todas sus subsidiarias, incluida la mina en cuestión, siguen operando sin pagar incluso multa alguna. El 16 de agosto pasado se produjo el derrame de 4 mil barriles de crudo en la cuenca del Río San Juan, en el municipio de Cadereyta, Nuevo León, provocado de acuerdo con las autoridades por una toma clandestina en un ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex). El hidrocarburo avanzó en un radio de 7 kilómetros y el embalse está a 78 kilómetros lineales de ese afluente. Hasta ahora, Pemex ha dicho que dejará completamente limpia la zona. La petrolera informó que su personal labora durante las 24 horas del día para limpiar las márgenes del río y la acequia, actividades que concluirán en ocho semanas. Hasta ahora no se ha hablado de responsables ni de castigos ni de reparaciones de daños a los pobladores de esa región. El 30 de marzo pasado se hizo publico la muerte de toneladas de peces registrada en la Laguna de Cajititlán en Tlajomulco, Jalisco, desde días antes y que se produjo por el mal manejo de los desechos tóxicos que se vierten en el manto de agua y no por cuestiones naturales como explicó inicialmente el Ayuntamiento, aseguró ayer la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet) del gobierno estatal, Magdalena Ruiz Mejía. Desde la semana pasada se reportó la muerte de grandes grupos de peces —conocidos como popochas—que flotan en la superficie de la laguna; sin embargo, el hallazgo se recrudeció el sábado y domingo cuando amanecieron, según datos de Semadet, 33.7 toneladas de peces muertos, mismos que fueron retirados por autoridades y pescadores para enterrarlos en una fosa. El Ayuntamiento de Tlajomulco sostuvo en un comunicado que el fenómeno obedecía a causas naturales y cíclicas relacionadas con la falta de oxígeno y al calentamiento del agua, pero Ruiz Mejía negó al diario El Informador esa posibilidad: “Tenemos una serie de variables instaladas que nos dan elementos para sacar que esto es un fenómeno cada vez más recurrente, más intenso y frecuente por causas provocadas por un mal manejo en el cuerpo de agua”. A pesar de que funcionarios de la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente y la Comisión Estatal del Agua afirmaron tener pruebas de que existe un manejo inadecuado de lodos en las tres plantas, mismos que se estarían vertiendo en la laguna y ocasionando la muerte a millones de peces, también descartaron tener estudios para incriminar a las empresas responsables de la contingencia. Es decir, no hay nada aún, y mientras tanto esas compañías ya están amparadas.
Este contenido ha sido publicado originalmente por SINEMBARGO.MX en la siguiente dirección: http://www.sinembargo.mx/opinion/02-09-2014/26883.
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