Indulto para reos no peligrosos, indígenas y pobres: Octavio Martínez Vargas‏

• Indulto a internos de baja peligrosidad, de origen étnico y de escasos recursos económicos para despresurizar las cárceles del Estado de México, propuso el presidente de la Comisión de Seguridad Pública en la LVIII Legislatura, Octavio Martínez Vargas • La sobrepoblación alcanza 90 por ciento y aumenta los riesgos de motín y el desgaste de recursos públicos, advirtió.

Como una estrategia para despresurizar las cárceles del Estado de México, que tienen una sobrepoblación de 90 por ciento, garantizar la correcta reinserción social de los internos y evitar que se encuentren recluidos sólo por ignorancia o pobreza, el diputado Octavio Martínez Vargas, presidente de la Comisión de Seguridad Pública en la Legislatura mexiquense, planteó al gobernador Eruviel Ávila, la posibilidad de emitir un decreto para otorgar el indulto a internos de baja peligrosidad, de origen étnico y de escasos recursos económicos. Damián Canales, secretario de Seguridad Ciudadana del Estado de México, ha reconocido que los penales de la entidad padecen hacinamiento de hasta 90 por ciento, debido a que las detenciones se han incrementado. Sin embargo, el legislador perredista advirtió que, de continuar así, en breve las cárceles mexiquenses se convertirán en un problema, incluso con el riesgo latente de motines por sobrecupo y mantenerlos implica una elevada erogación pública que bien podría encaminarse a la generación de empleos para ellos o en su educación. En la actualidad, dicho por el propio Canales Mena, prosiguió, el número promedio de internos en el Estado de México es del orden de los 20 mil 400. En este entendido, propuso al gobernador Eruviel Ávila promover un indulto para los reos de baja peligrosidad, de escasos recursos económicos y origen étnico, generalmente encarcelados sólo tras robarse un pan por hambre, condición de la que no son culpables pues no existen ni educación ni fuentes de empleo para ellos, como alternativas que el Estado se encuentra obligado a proporcionarles. Generalmente, comentó, este tipo de internos se encuentra recluido porque no puede contratar un buen abogado, es ignorante y/o pobre. Además, siendo los penales escuelas del crimen, destacó, dentro estos primo-delincuentes de baja peligrosidad, sí corren el riesgo de contaminarse y aprender lecciones ilícitas, en lugar de que el Estado les garantice una correcta reinserción social, como también es su obligación. Estos beneficios, consideró, deben alcanzar a las mujeres, mientras los internos con problemas psiquiátricos, que no son pocos, deben ser enviados a clínicas especializadas para su atención. De esta manera, el además subcoordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) aprovechó para solicitar un primer corte de caja sobre los avances y resultados del Tribunal de Tratamiento de Adicciones como una alternativa de justicia terapéutica, pues 60 por ciento de los delitos han sido cometidos bajo el influjo de algún estupefaciente, mientras en el caso de los menores infractores esta cifra es de 54.3 por ciento.