Los casos de corrupción y el gran reto de la Ley de obras públicas

Por Arlen Jaime Merlos En los últimos meses hemos tenido un retrato claro de casos de corrupción que enfrentan los procedimientos de contratación en las obras públicas en nuestro país e incluso en nuestro estado. El objetivo de los procedimientos de contratación consiste en asegurar un contrato de prestación de servicios, de adquisición o de desarrollo de obra pública con el contratista que ofrezca la mejor solución en cuanto a precio, calidad y oportunidad de las obras; sin embargo, derivado de los últimos escenarios públicos se ha demostrado que la limpieza de estos procesos es muy vulnerable ya que los principales escándalos en materia de conflicto de intereses y corrupción involucran a contratistas de obra y funcionarios vinculados con ellos, tal como se dio a conocer con el caso de la Casa Blanca y el Grupo Higa, o temas como el del proyecto del Tren México-Querétaro y recientemente el caso OHL en el Estado de México, datos que están sobre la mesa y ante los ojos de todos. Al respecto, la OCDE recomienda la implementación de mecanismos de revisión externos, que analicen la factibilidad económica, legal, técnica y ambiental, sin que eso implique que esa evaluación o revisión externa sea por expertos escogidos por los propios funcionarios a cargo de realizar la obra pública. Sin embargo, esta tendencia parece no proyectarse en México, ya que no existe un mecanismo institucional para que un organismo autónomo someta a una validación externa los diagnósticos que sustentan el Plan Nacional de Infraestructura, ni de proyectos específicos, no olvidemos el caso de la Estela de Luz, obra que costó el triple de lo previsto, que tuvo retraso de un año y cumplió sólo con 23% del programa original. Es importante contextualizar que actualmente, en el Senado de la República se trabaja en el dictamen del proyecto de reforma a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM), ley que tiene como objeto regular las contrataciones de obra pública. En este sentido, es trascendental y urgente discutir el tema de las contrataciones de las obras públicas, siendo éste uno de los sectores más tendientes a la corrupción. En las próximas semanas seremos testigos del debate de este dictamen, en el cual, es indispensable incluir la implementación de mecanismos para controlar el conflicto de intereses en los procesos de contratación, ya que los recientes escándalos relacionados con obra pública han lacerado la credibilidad de los gobiernos; en resumen se debe promover la transparencia y la rendición de cuentas de forma efectiva y suficiente para lograr así la buena gobernanza de las contrataciones públicas.