Texcoco, Estado de México.- Delfina Gómez Álvarez, diputada federal consideró que la glosa del tercer informe contradice la realidad del país, mientras en México más de 56 millones viven en la pobreza, y otros 24 millones en la extrema pobreza, funcionarios habitan propiedades; como la “Casa Blanca”, con valor estimado en 7 millones de dólares debido “a la impunidad y tráfico de influencias”. Refirió que en el análisis se observa que las reformas estructurales sólo sirvieron para que los funcionarios hicieran negocios con algunos empresarios. Un caso especificó, el escándalo de la Casa Blanca donde Higa obtuvo licitaciones de obra pública del gobierno federal y estado de México. Señaló que los funcionarios no tienen el respeto de la población, después de salir a la luz el valor de una propiedad que se estima supera los 7 millones de dólares, y según perteneció al Grupo Higa, proveedor de la administración del gobierno del estado de México y de la República. En entrevista, la legisladora por (Morena) destacó que en el balance de tercer informe, además resalta la complicidad de funcionarios y empresarios en la privatización de la riqueza energética del país, por ello “el elevado costo de los energéticos”. Así como, la privatización de las playas; en Sinaloa, Jalisco, entre otros estados, a pesar del riesgo a la soberanía nacional, pero sin restricciones a particulares, dijo. El gobierno federal no reconoce las desigualdades y pobreza que enfrenta la sociedad mexicana, pero tampoco no les interesa mitigar la carencia de las familias, y lamentó que millones de mexicanos no tienen que comer y otros ocupan residencias millonarias. Lo anterior se desprende, porque el crecimiento de pobres le permite al PRI contar con mayor número de votos cautivos. Por eso se inclinó por la desaparición de la tarjeta Monex en el próximo proceso electoral. Acusó, lo que para funcionarios del Partido Revolucionario Institucional es una complicidad inevitable hacer negocios con empresarios, para otros es impunidad y abuso de poder, e insistió que lo que sucedió con el caso Higa y la Casa Blanca no se debe permitir. También, condenó que el gobierno federal en el pasado proceso electoral a través de la Secretaría de Desarrollo Social utilizó los programas de asistencia social con fines electorales bajo el amparo del Instituto Nacional Electoral (INE). En lo que respecta a las garantías individuales y los derechos humanos, comentó que hubo violaciones flagrantes; como los casos Aquila en el estado de Michoacán; donde fuerzas federales enfrentaron a comuneros, con un saldo de seis lesionados y un menor asesinado.
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