Por Arlen Jaime
El caso Ayotzinapa ha marcado el papel de la administración federal en el contexto nacional, pero sin duda, el internacional. A una semana de la presentación de los resultados de las investigaciones del grupo de expertos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se exhibe la crisis de credibilidad de las instituciones, y las implicaciones son enormes. Aunado a ello, en un intento por minimizar el informe de los expertos, el coordinador de Grupo Parlamentario del PRI en el Senado, declaró que las autoridades mexicanas son las que deben de resolver el caso de los normalistas desaparecidos, rechazando la creación de una fiscalía internacional para este caso; a lo que el secretario general de la Organización de Estados Americanos, la OEA, Luis Almagro, reconoció la importante contribución del informe.
El hecho es que el informe sacudió la versión oficial, dada el 27 de enero de 2015 por el Procurador General de la República en ese entonces. Y hasta hace algunos días la titular actual de la PGR, Arely Gómez González anunció que se realizará un nuevo peritaje sobre el caso, pues los datos aportados dan un nuevo giro a la investigación. Esto debido a que no solo se demostró con la ayuda de un perito internacional experto en fuego, José Torero, la imposibilidad de que los cuerpos de los 43 jóvenes fueran cremados en ese basurero, sino que surgió la versión sobre la existencia de un quinto autobús que no se encuentra registrado en la investigación de la PGR o que prácticamente desapareció del expediente de la Procuraduría, siendo ese autobús un dato clave para conocer el móvil de esa noche; es decir, no fueron cuatro camiones sino cinco los tomados por los normalistas en los que viajarían a la Ciudad de México para asistir a la marcha del 2 de octubre, desconociendo que uno de esos trasladaba probablemente heroína en la ruta de Iguala a Chicago, ya que debido a la información aportada por la DEA, se identificó esa ruta y que algunos autobuses esconden dicha droga, tal como se establece en el informe.
Y aquí abro un paréntesis para hacer una interrogante, ¿Por qué las autoridades omitieron información dentro de la investigación?, sí en el conocido sistema C4 (centro de control, comando, comunicación y cómputo) en el que tanto policías federales, estatales, ministeriales, municipales y militares se comunican en situaciones de emergencia estuvo funcionando toda esa noche y tuvieron conocimiento de la ruta que siguieron los cinco camiones tomados por los normalistas, incluso se identificó según el grupo de expertos intervalos de comunicaciones entre diversas policías y se indicó que en los escenarios de las balaceras y persecuciones, hubo presencia de policía federal, municipal, ministerial y de elementos del 27 Batallón del Ejército.
Ante este escenario, es necesario mencionar que el informe anexa en sus recomendaciones abrir una investigación contra todas aquellas personas y funcionarios, que obstaculizaron, que omitieron, y que desviaron el sentido de la investigación; posicionamiento al que me sumo.
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