Liberan a hermano incómodo de Ángel Aguirre; la PGR no acredita delitos

PROCESO Carlos Mateo Aguirre Rivero, el hermano incómodo del exgobernador Ángel Aguirre, fue liberado esta madrugada por orden de un tribunal federal que determinó que la Procuraduría General de la República (PGR), no acreditó el delito de lavado de dinero y malversación de recursos públicos.

No obstante, dejó firme la resolución de formal prisión contra Luis Ángel Aguirre Pérez –sobrino de Aguirre Rivero- y siete integrantes del clan Hughes encabezado por los hermanos Víctor Ignacio y Henry Paul Hughes Alcocer, todos implicados en el desvío de más de 200 millones de pesos del presupuesto público del estado de Guerrero y acusados de hacer negocios al amparo del poder. Esta madrugada se dio a conocer que Arturo Rafael Segura, magistrado del Segundo Tribunal Unitario de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con sede en Guanajuato, había revocado el auto de formal prisión dictado por un juez contra Carlos Mateo Aguirre Rivero. Ello debido a que el magistrado consideró que la PGR no acreditó el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero), contra Mateo Aguirre, conocido en Guerrero como El señor del 20 por ciento, porque era la cantidad que solicitaba a contratistas beneficiados con obra pública durante la administración de su hermano el exgobernador Ángel Aguirre. De los nueve procesados por este delito que fueron detenidos a principios de febrero durante un operativo federal realizado en Chilpancingo y Acapulco, solo Mateo Aguirre fue beneficiado con la resolución del magistrado federal y esta madrugada salió del reclusorio Sur del Distrito Federal, donde permanecía internado desde junio luego de que permaneció cuatro meses en el penal del Altiplano. El resto de los inculpados siguen presos por el mismo delito, entre ellos Luis Ángel Aguirre Pérez, sobrino de Mateo y Ángel Aguirre, así como Víctor Hughes Alcocer, ex subsecretario de Finanzas de la administración aguirrista, su hermano Henry Paul Hughes y sus sobrinos, Víctor, Paulo, Alejandro, Mauricio y Jorge Hughes Acosta. La PGR acusó a los nueve integrantes de la familia Aguirre y Hughes de desviar recursos públicos por un monto de más de 200 millones de pesos de entidades federales y locales como la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Banobras, Tesorería de la Federación, Comisión Estatal del Agua, Consejo Estatal de Seguridad Pública y la Comisiones de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero (CICAEG). Para ello, crearon empresas principalmente del ramo de la construcción para hacer negocios al amparo del poder y se adjudicaron de manera directa contratos de obra pública de enero de 2011 a octubre de 2014. Mateo Aguirre es un próspero ganadero de la región de la Costa Chica de Guerrero que amasó una fortuna al amparo del poder, es criador de ganado suizo y propietario de caballos finos de gustos excéntricos al que se la atribuye una red de al menos 40 empresas que se adjudicaba directamente millonarios contratos, principalmente de las secretarías de Educación y Salud, dependencias que perciben la mayor cantidad de recursos públicos en la entidad. Por su parte, el clan Hughes se caracterizaron por formar un red de complicidades con personajes políticos, empresarios y líderes de la iglesia católica, así como exhibir públicamente su bonanza que incluye yates, lujosas propiedades y negocios enfocados el ramo turístico ubicados en el puerto de Acapulco. La desarticulación de la estructura financiera del grupo Aguirre, fue considerado como un golpe político del gobierno federal contra el exgobernador Ángel Aguirre, quien a pesar de que había dejado el cargo tras la masacre y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, insistía en colocar a su hijo como candidato por el PRD a la alcaldía de Acapulco, así como al senador perredista, Sofío Ramírez, considerado como su incondicional, en la puja por la candidatura al gobierno de Guerrero. A pesar de que ambas candidaturas fueron vetadas, Ángel Aguirre maniobró políticamente en los círculos del PRI y PRD para mantener intacto su coto de poder en la entidad y hasta el momento no ha sido molestado por el caso Ayotzinapa y su presunta responsabilidad en los presuntos actos de corrupción de su hermano incómodo que este día salió de la cárcel. Derrotas jurídicas La liberación de Carlos Mateo se suma a otras derrotas de la PGR que tampoco han prosperado por falta de pruebas. Por ejemplo, no logró sostener las acusaciones contra cuatro de siete militares vinculados con el caso Tlatlaya, acusados de haber ejecutado a 22 presuntos delincuentes. Los cuatro fueron liberados luego de que el juez que lleva el caso argumentó que la PGR nunca notificó a los soldados quién los estaba acusando y tampoco les permitió reunirse con sus abogados. La PGR anunció el miércoles pasado que apeló la decisión. El hijo del exgobernador Fausto Vallejo Figueroa, Rodrigo Vallejo Mora, acusado de encubrir a Servando Gómez Martínez La Tuta, líder de Los Caballeros Templarios, fue detenido y luego liberado “bajo reservas” luego de que autoridades de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) consideraron que hasta el momento no hay evidencia suficiente de su colaboración con el crimen organizado. Vallejo Mora fue exhibido en distintos videos difundidos en las redes sociales en los que aparece al lado de Servando Gómez Martínez, La Tuta, pero siempre sostuvo que fe obligado a reunirse con él. Fue acusado de encubrimiento al negarse a proporcionar la ubicación del capo y aunque según la PGR su caso sigue abierto, está libre.