Como ha sido del conocimiento público, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) ha sido señalado por diversos partidos políticos, periodistas, académicos, analistas políticos y por los ciudadanos en general por la manera sistemática de violar la ley; es decir, por incurrir en irregularidades y reiteradas violaciones a la ley electoral vigente; razón por la cual se ha solicitado la cancelación de su registro, sin embargo el INE ha optado por imponerle multas por un aproximado de 496.5 millones de pesos. Conviene recordar que el pasado 25 de noviembre, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) solicitó a un juez liberar una orden de aprehensión en contra del ex vocero del Partido Verde, Arturo Escobar y Vega y quien fungía como Subsecretario de Participación Ciudadana y Prevención del Delito de la Secretaría de Gobernación, por presuntos delitos relacionados con el desvío o mal manejo de recursos durante las elecciones pasadas celebradas el 7 de junio del presente año. Resolución basada en una investigación realizada por dicha Fiscalía y en la que se concluyó que Arturo Escobar transgredió la ley electoral al haber celebrado un contrato con una empresa para la elaboración de 10 mil tarjetas Premia Platino, mismas que fueron repartidas entre votantes durante la precampaña electoral de este año, lo cual forma parte de un delito electoral. Sin embargo, el pasado 9 de diciembre, día en que se conmemora el Día Internacional de la Lucha Contra la Corrupción, la titular del Juzgado 11 de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, negó la orden de aprehensión en contra Escobar. Y dos días después, (11 de diciembre) ahora la Comisión de Fiscalización del INE, aprobó una nueva multa a dicho instituto político por el monto de 88.5 millones de pesos, esto por descubrir que el Partido Verde en el año 2009 recibió dinero de origen desconocido (11.2 millones de pesos en efectivo) y por adquirir un terreno que no escrituró a nombre del instituto político, sino extrañamente a nombre de un particular. De acuerdo con la investigación, el Partido Verde realizó un contrato con una empresa textil para la elaboración de 763 mil 599 camisetas con el logotipo del partido, realizando el pago de 11.2 millones de pesos; SIN EMBARGO, las camisetas no les fueron entregadas, y por el incumplimiento del contrato la empresa dio a cambio un terreno, una propiedad lotificada en tres partes ubicada en la Delegación Iztapalapa, la cual no fue escriturada a nombre del partido, sino de un militante, PERO en los pagos realizados por el partido verde si se encontraron recibos de honorarios para una notaria por la emisión de las escrituras del terreno mencionado. Aunado a que el gasto y procedencia de los 11.2 millones de pesos pagados a la empresa textil no fueron informados a la autoridad electoral. Por su parte, el Partido Verde anunció que recurrirá al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para invalidar la multa de 88.5 millones de pesos acordada por la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE). Hoy resulta necesario que no se pretenda crear una cortina de humo a un partido que ha cometido irregularidades consideradas delitos electorales. Si hoy en día la corrupción constituye uno de los fenómenos más dañinos de nuestro tejido social es indispensable combatirla, abatir la impunidad y asegurar la legalidad pero para ello, hay que pasar de las palabras a los hechos y dar cumplimiento a la ley.
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