Enbestida de México contra los derechos humanos

Por Arlen Jaime Merlos Durante varios meses, el comportamiento del gobierno mexicano frente a los distintos informes que han presentado organismos internacionales defensores de derechos humanos sobre la crisis humanitaria que está padeciendo nuestro país, ha sido de total rechazo y negativa constante; sin embargo, hace unas semanas la administración federal encabezó una ofensiva mediática contra la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), encargados de la investigación de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Para ningún gobierno es satisfactorio recibir observaciones y señalamientos sobre violaciones sistemáticas a los derechos humanos en su país, como como las ejecuciones extrajudiciales, tortura, corrupción, abuso de autoridad, desplazamiento de personas por la violencia, acoso, intimidación y asesinato de periodistas; sin duda, este tipo de afirmaciones marcan su administración, pero abanderar una campaña de desprestigio contra organismos de reconocimiento internacional representa una política equivocada. Recordemos que esta reacción del gobierno federal inicia cuando el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), presentó el 6 de septiembre de 2015 el informe de las investigaciones que realizaron sobre la desaparición forzada de los 43 estudiantes en septiembre de 2014. Un informe que dejó en evidencia la falta de credibilidad de las instituciones del gobierno federal y de otros niveles (especialmente en el ámbito de la procuración de justicia); y fue justo en ese momento que la versión oficial de los hechos se desmoronaba, era falsa esa verdad histórica que había anunciado el Procurador de la República. Ese hecho detonó el completo rechazo del estado mexicano contra las investigaciones del Grupo de investigadores, seguido de la negativa que obtuvo para entrevistar directamente a los militares que estuvieron de guardia el día de los acontecimientos para ampliar las investigaciones. Posteriormente, el gobierno federal rechazó tajantemente el informe presentado por el relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la tortura en México, en el que se sostuvo la existencia persistente de una cultura de impunidad y brutalidad que se ha denunciado durante años, además de señalar que la tortura es generalizada entre las policías y las fuerzas de seguridad del país. Durante meses, distintas ONG´s de rango internacional tales como Amnistía Internacional y Human Rights Watch (HRW) con sede en Nueva York, han lamentado la grave situación de los derechos humanos en México; y a pesar de ello, la actitud del gobierno mexicano persiste. La respuesta y reacción del gobierno federal ante las observaciones de la situación de derechos humanos en el país es errónea. México no debería tomar el camino del incumplimiento de los compromisos de respeto de los derechos humanos firmados por el Estado mexicano que hoy formar parte del derecho internacional. El pasado 29 de marzo, el Secretario de Gobernación declaró que al concluir el 30 de abril la labor del GIEI, no habría prórroga en su labor como coadyuvante del gobierno mexicano en la investigación del caso Ayotzinapa; que sus servicios ya no eran necesarios; sin embargo, la decisión de extender o ampliar una posible prórroga no le corresponde a la Secretaría de Gobernación ni al gobierno federal, sino a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dependiente de la OEA (Organización de los Estados Americanos), tal como lo establece el acuerdo firmado entre la CIDH, el Estado mexicano y los representantes de los jóvenes desaparecidos. Recordemos que es obligación del Estado respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las personas, toda vez que forman parte de los compromisos internacionales firmados por el Estado mexicano. Romper las buenas relaciones con los organismos defensores de derechos humanos, representa una envestida contra todo el sistema universal de derechos humanos.