Cuautitlán Izcalli.- Méx.- El Organismo Superior de Fiscalización de la Cámara de Diputados del Estado de México (OSFEM), debe investigar a servidores públicos de dos trienios de gobiernos municipales, que fueron omisos y negligentes para defender los recursos económicos destinados al Sistema Integral de la Familia (DIF), de Cuautitlán Izcalli, que ahora enfrenta un laudo laboral que lo obliga a pagar 97 millones de pesos de indemnización a la ex presidenta honoraria de dicha institución Adriana Sotelo Medrano, esposa del ex alcalde David Ulises Guzmán, periodo 2006-2009, manifestó el abogado Noé Darío Aparicio García del despacho “Protección Jurídica”, quien en el municipio de Nextlalpan sentó jurisprudencia al evitar pagos millonarios por juicios laborales interpuestos contra el DIF.
Por su parte la regidora Elsa Becerril Miranda exigió a la dirección Jurídica municipal iniciar procedimientos administrativos o penales en contra de “ex funcionarios omisos” en la defensa del erario del DIF, que lo obligan a pagar al menos 150 millones de pesos en total por laudos laborales entre los cuales se haya el caso de la esposa del ex alcalde David Ulises Guamán, la cual en su demanda dijo tener un salario de 33 mil 421 pesos diarios y en razón de esto, el Tribunal Laboral de Texcoco, sentenció al DIF a pagar 97 millones de pesos a Sotelo Medrano.
Elsa Becerril Miranda consideró que la alcaldía está obligada a apelar la sentencia y investigar posible “negligencia” o “dolo” entre funcionarios de las administraciones municipales del sistema DIF 2009-2011 y 2012 y 2015, cuando Alejandra del Moral y Héctor Karim Carvallo Delfín, fueron alcaldes del municipio, respectivamente. Argumentó que dicha administraciones dejaron juicios laborales heredados por el exl alcalde panista David Ulises Guzmán Palma, 2006-2009 y que conforme a los resultados desfavorables para el DIF es posible hubiera dolo o negligencia para defenderse de las demandas interpuestas.
Elsa Becerril explicó que en el expediente de la Junta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, Adriana Sotelo Medrano dijo tener una plaza como Médico General en el DIF municipal, que tenía un ingreso de 33 mil 421 pesos diarios, pero “como era presidenta del DIF municipal no tenía un salario debido a que ese cargo es honorifico; aunque ella argumento tener la plaza de médico general”.
Agregó que en sesión extraordinaria de cabildo del 19 de mayo del 2017, solicitó al cabildo y al alcalde local, el medallista Olímpico Víctor Estrada Garibay, investigue la posible omisión o negligencia cometida por los servidores públicos que en su momento no supieron o no quisieron defenderse de las demandas interpuestas.
“Aquí el problema radicó en que no se contestaron las demandas laborales”, agregó Eloísa Ruiz Sánchez, asesora legal de la regidora Becerril Miranda. Planteó que conforme fueron llegando las demandas, la representación de la Procuraduría del DIF, no respondió, no ofreció pruebas, no atendió los asuntos y ahí están ahora las consecuencias”. “Siempre existen recursos legales, cuando se quiere, para evitar pagos exagerados en demandas por despidos injustificados sin afectar los derechos de los trabajadores, en un acto equitativo y de justicia”, comentó en entrevista el abogado Noé Darío Aparicio García.
Agregó que en Cuautitlán Izcalli pareciera que existe apremio por pagar, “pero el erario se debe defender hasta agotar últimas instancias legales; pareciera que en ese municipio están más preocupados por pagar que por defender los recursos municipales”, Además, abundo, el DIF por ser una dependencia benefactora no está sujeta a este tipo de demandas, cuando se trata de cargos honoríficos como el de Adriana Sotelo Medrano.
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