Tras una reunión que tuvieron con Esther Mejía Rodríguez, auditora de la Contraloría del Gobierno del Estado de México, para dar vista a la documentación que prueba la aplicación de los recursos, se encontró documentación que indica que los uniformados recibieron beneficios, con firmas que los uniformados aseguran, fueron falsificadas.
Ante ello, los uniformados "beneficiados" iniciarán un procedimiento jurídico, porque hubo quien haber falsificó cada una de sus firmas, pero más aún porque la corporación policíaca no ha recibido los apoyos derivados del programa FORTASEG, que consisten en dos pares de botas, chalecos balísticos, tácticos, esposas, uniformes, kits del primer respondiente, impermeables, así como apoyos en efectivo, entre otros.
Indicó que la auditora les indicó que le darán seguimiento para hacer que las autoridades municipales les entreguen esos recursos a los uniformados, ya que de no ser así estarían incurriendo en un delito.
Sin embargo, les comentaron que habrá despidos de elementos, en referencia a los uniformados que se manifestaron y acudieron a la Contraloría Estatal para exigir la dotación de equipo, uniformes y unidades; los elementos advirtieron que pese a ello y con la ley en la mano, demostrarán que el alcalde Rigoberto Flores Sánchez ha estado haciendo mal uso de los recursos destinados a fortalecer la seguridad pública de la localidad.
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