El PRD está de acuerdo con la democracia directa y por eso ha impulsado la legalidad de la consulta popular, la iniciativa ciudadana y el referéndum revocatorio.
Hemos insistido en que la democracia directa debe practicarse en combinación con la democracia representativa. Ambas democracias deben ser legales para que sus resultados sean acatados por todos.
Afirmamos que la consulta popular que organizará Morena los días 25, 26, 27 y 28 de octubre en 538 municipios seleccionados y que convoca el presidente electo, es ilegal porque no respeta los requisitos de la Ley Federal de Consulta Popular ni el artículo 35 de nuestra Carta Magna.
Además esa consulta es innecesaria, pues solo servirá para justificar la decisión que ya ha tomado el presidente electo, y que hizo público durante su campaña electoral.
En unos días Andrés Manuel López Obrador será el presidente constitucional de México y tendrá la suficiente legitimidad para tomar decisiones sobre el futuro económico, político y social del país. Por lo tanto, podrá tomar una decisión de Estado para invertir recursos públicos en el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México o en su proyecto de Santa Lucía.
Dicha decisión presidencial con seguridad será acompañada por los legisladores de Morena, cuya mayoría en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados Federales, aprobarán el proyecto de ingresos y egresos públicos del presidente electo.
De cualquier modo la decisión que se tome sobre el Nuevo Aeropuerto deberá justificarse con elementos técnicos y científicos, acorde a los intereses de México, y no a los caprichos de una sola persona.
Es importante que el presidente electo entienda que la campaña electoral terminó, y que debe respetar su compromiso de reconciliación nacional. Si en verdad quiere reconciliación, deberá abandonar su intención de polarizar a la sociedad mexicana, e iniciar un diálogo nacional respetuoso, para alcanzar acuerdos sociales sobre asuntos de interés nacional.
Por lo tanto, el próximo presidente constitucional de México debiera controlar sus intenciones de imponer por cualquier medio su voluntad. Debiera adoptar el criterio de la legalidad y el respeto al Estado de derecho para legitimar sus decisiones. De lo contrario terminará agraviando a múltiples sectores sociales.
La democracia participativa para que sea efectiva debe sustentarse en la voluntad popular, apegarse a la legalidad y a la imparcialidad. Los senadores del PRD han presentado una reforma constitucional para quitarle los candados a la consulta popular. Invitamos a Morena a sumarse a esta iniciativa y exigirle al presidente electo que rectifique y respete la legalidad de la consulta popular.
La adecuación legal de las consultas y plebiscitos debieran permitir que las decisiones a tomar, en el caso de las grandes obras o acciones de gobierno, unifiquen a la sociedad mexicana, y que sus impactos involucren y comprometan a la ciudadanía en su totalidad.
Dado que la próxima consulta sobre el aeropuerto no está apegada a la legalidad, y solo es un mecanismo para justificar la decisión ya tomada por el presidente electo, el PRD no avalará actos ilegales y convoca a sus militantes, simpatizantes y a todos los ciudadanos a no participar en la consulta porque sus resultados serán parciales y sesgados.
Por su ilegalidad también desconocemos la legitimidad vinculatoria de la supuesta “consulta,” e invitamos al pueblo de México a reconsiderar el resultado que traerá el que se repitan las decisiones de un sólo hombre, que parece una calca de lo que sucedía en el antiguo régimen priista que tanto nos costó cambiar.
Si Morena realmente quisiera y asumiera su papel de contrapeso a las decisiones ilegales de su principal dirigente, junto con el PRD haríamos la reforma constitucional para que la consulta popular sobre el nuevo aeropuerto sea legal y legítima.
No hay comentarios:
Publicar un comentario