Nicolás Romero. Méx. -Vecinos y familias de comerciantes bloquearon calles de la cabecera municipal, debido a que autoridades locales y el director regional del Gobierno estatal, Víctor Roa, los “dejaron plantados” en una mesa de trabajo para tratar homicidios de víctimas de secuestro. Vecinos y autoridades estatales acordaron desde el viernes pasado reunirse para tratar la forma de encontrar medidas preventivas de combate a secuestros y otros delitos que van en aumento en este municipio. Acusaron a la Alcaldesa Angelina Carreño Mijares de abandonar su responsabilidad de brindar seguridad a la ciudadanía víctima de robos, asaltos, allanamientos de hogares, despojos de vehículos y secuestros. “En tres meses al menos 40 ciudadanos han sido asesinados”, aseguraron.
“Faltaron a su palabra y nos dejaron plantados”, dijeron vecinos de distintas comunidades, quienes el viernes recibieron la promesa que este lunes serían atendidos por Víctor Roa y la alcaldesa Angelina Carreño, para que atendieran sus demandas de seguridad; pero no hubo tal reunión, y enojados por la falta de respeto los vecinos se manifestaron y exigieron solución a la grave crisis de inseguridad que se vive en Nicolás Romero.
Tras la presión ejercida, la alcaldesa priista Angelina Carreño accedió a atender a una comisión de colonos. Tras el encuentro la edil prometió que daría seguimiento a las carpetas de investigación por los delitos de secuestro e invitó a la población a presentar sus demandas penales por delitos que han vivido.
Colonos insistieron que se han documentado y que cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública, advierten de un incremento en los delitos de secuestro y robo de vehículos en el municipio de Nicolás Romero.
Argumentaron que en los años 2016 y 2017 sumaron ocho y cinco secuestros, respectivamente. En tanto, entre enero y agosto del 2018, fueron cinco casos. Indicaron que posiblemente la cifra aumenta si se considera que algunas de las víctimas por temor no presentan sus demandas penales, pues además de lo tardado que representa iniciar una carpeta de investigación en el Ministerio Público.
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