Derecho de las mujeres y la infancia a una vida libre de violencia
La Diputada Estela Carina Piceno Navarro (MORENA), al fundamentar el dictamen de la Comisión de Justicia, que reforma el Código Nacional de procedimientos Penales y de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, indicó que alrededor del 40 por ciento de las mujeres han declarado haber sido víctimas de algún tipo de violencia en sus relaciones de pareja y las niñas, niños y adolescentes son potencialmente víctimas.
El objetivo, dijo, es armonizar estos ordenamientos con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia, para que quienes históricamente han sido víctimas de delitos cuenten con la efectiva garantía de las medidas de protección.
Agregó que se establece en la ley la obligación de priorizar la protección que desde el Estado mexicano se les puede brindar, para que ninguna mujer sea víctima de violencia por parte de su pareja y ninguna niña o niño víctima de abuso.
Mencionó que se precisan todos los mecanismos jurídicos y administrativos para garantizar el derecho de las mujeres y la infancia a una vida libre de violencia; se fijan acciones por parte del Estado mexicano, en las cuales se obliga a la policía a dar prioridad a medidas u órdenes de protección a mujeres, niñas, niños y adolescentes, y obliga a las autoridades a actuar con perspectiva de género, diligencia y oportunidad para salvaguardar la seguridad de la víctima y evitar la revictimización.
Agregó que se garantiza la atención médica y psicológica especializada para las víctimas acorde al tipo de violencia y del delito.
Además, se crea un Registro Nacional de Medidas u Órdenes de Protección de las Mujeres, Adolescentes, Niñas y Niños, y se incluye en los planes de estudios contenidos en materia de perspectiva de género. “La implementación de las medidas requerirá de asignaciones al Ramo 13, el cual tendrá un presupuesto histórico de casi 500 mil millones de pesos”.
Normar la igualdad sustantiva y perspectiva de género
Al presentar el dictamen de la Comisión de Igualdad de Género, por el que se reforman las leyes generales para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia y el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, su Presidenta, Diputada Anais Miriam Burgos Hernández (MORENA), destacó que el objetivo es normar las materias de igualdad sustantiva, perspectiva de género, derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, cuidados y la erradicación de la brecha salarial por razones de género.
Explicó que incluye la definición de la brecha salarial como la práctica de retribución salarial desigual por razón de género; determina que la política de igualdad entre mujeres y hombres deberá establecer acciones en materia de cuidados, salud y laboral, entre otros, y crea el Registro Nacional de Medidas y Órdenes de Protección de las Mujeres, Adolescentes, Niñas y Niños como instrumento de política pública tendiente a erradicar las violencias en su contra.
La Fiscalía General de la República y el Consejo Nacional de Seguridad Pública, añadió, tendrán nuevas facultades y en los casos de violencia vicaria la autoridad deberá salvaguardar la integridad de niñas, niños, adolescentes y mujeres. Se subraya la coordinación entre las autoridades jurisdiccionales y administrativas de los tres órdenes de gobierno para erradicar las violencias.
También, indicó, se fija que el artículo cuarto constitucional será quien reglamente la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y sus disposiciones serán de orden público y de observancia general. “Estas reformas permitirán que las mujeres, niñas y adolescentes construyan un camino hacia la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres”, puntualizó.
Mérito y capacidad sean los criterios para determinar un salario
La Diputada Delhi Miroslava Shember Domínguez (MORENA), expuso los motivos del dictamen de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, que modifica las leyes federales del Trabajo y de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 Constitucional.
Puntualizó que la reforma exige a las empresas empleadoras revisar sus estructuras salariales, identificar y erradicar prácticas discriminatorias, y promover un entorno laboral más justo, donde el mérito y la capacidad sean los únicos criterios que sirvan para determinar un salario.
Hizo notar que con estas adecuaciones se busca promover la paridad salarial y de oportunidades, ya que a pesar de que las mujeres tienen una alta participación en el mercado laboral enfrentan obstáculos que van desde la falta de acceso al trabajo bien remunerado hasta el techo de cristal que las limita a tener cargos directivos y de toma de decisiones.
Citó que, de acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad, la brecha salarial es del 16 por ciento; es decir, por cada cien pesos que gana un hombre, una mujer obtiene 84 pesos, lo que demuestra la gravedad de la desigualdad que existe en el país.
Refirió que la diferencia salarial no solo se refleja en el ámbito económico, sino en la discriminación histórica que está arraigada en las estructuras laborales y sociales; de ahí la importancia de implementar acciones que logren la paridad salarial.
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