Costará 20 mmdp replicar órgano anticorrupción

La cifra fue estimada por Arturo González de Aragón, quien además explicó que México es un país ahogado en la impunidad en donde no castigan el saqueo al patrimonio CLAUDIA HIDALGO.

Toluca. Entre 15 y 20 mil millones de pesos le va a costar al erario replicar el órgano anticorrupción en todos los estados, estimó el ex auditor superior de Fiscalización (ASF), Arturo González de Aragón, luego de indicar que somos un país ahogado en corrupción e impunidad, donde no se castiga y donde el saqueo al patrimonio es una constante. "Estamos hartos de tanto robo. La principal responsabilidad es con el país y la verdad, no se puede sacrificar principios y valores en aras de una jugosa rentabilidad", dijo durante la conferencia "La rendición de cuentas en México, asignatura en proceso" que organizó la Contraloría del Poder Legislativo mexiquense. Antes servidores públicos señaló que la corrupción es el peor de los cánceres, una mal que corroe hasta lo más profundo las entrañas del país. Es el abuso de las atribuciones de poder para beneficio propio, es el ser permisivo, complaciente y cómplice de conductas ilegales. La percepción de corrupción en México es muy alta; la situación en lugar de mejorar empeora, "vamos en caída libre" porque hacen falta sanciones, formar gente con valores, más educación y que además de funcionarios corruptos, no existan personas que corrompan. Si queremos cambiar a México, debemos empezar por cambiar nosotros mismos, subrayó quien fuera titular de la ASF entre 2002-2009 y señalado por el diputado Jesús González, ex diputado, como el que supuestamente prestó protección a los hijos de Martha Sahagún, a lo que él respondió que no podía actuar en su contra cuando el informe salió limpio. Enfatizó que la rendición de cuentas es la obligación de informar sobre una responsabilidad conferida; sin embargo, la corrupción es el principal enemigo de la trasparencia y la rendición de cuentas, y es uno de los mayores obstáculos para la gobernabilidad del país. Esta, agregó, genera grandes costos económicos, financieros y sociales para todos. Sus consecuencias son de enorme gravedad porque las prácticas ilegales son elementos perturbadores del buen funcionamiento del sistema político y económico.