Proyecto hidroeléctrico en Nayarit inundará 4 mil 55 hectáreas de bosques

Alina Rosas Duarte. “Somos habitantes del estado de Nayarit, procedentes de organizaciones rurales y urbanas, cooperativas, ejidos, sociedades de producción rural y comunidades indígenas, que conformamos el Movimiento Río San Pedro Libre, que lucha de forma pacífica en contra de la construcción de la presa Las Cruces” señalaron diversas organizaciones, quienes se oponen al proyecto hidroeléctrico promovido por la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

El Consejo Indígena Náyeri, Nuiwari, Su Mar, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) destacaron el pasado 19 de febrero que más de 8 mil náyeris (coras) y mestizos de los municipios de Ruiz, Rosamorada, El Nayar y Acaponeta pidieron la suspensión total y definitiva del proyecto hidroeléctrico, además de reclamar la omisión en la aplicación de convenios internacionales sobre los derechos de los pueblos originarios en el caso de la consulta y autorización de proyectos conforme a sus usos y costumbres. Mediante un documento fechado el 14 de marzo, las organizaciones antes mencionadas, enviaron una alerta urgente a relatores de Naciones Unidas con el fin de que el Estado mexicano respete los derechos de las comunidades. El proyecto hidroeléctrico Las Cruces “tendría una cortina de 188 metros de altura, inundaría 4 mil 500 hectáreas de bosques, incluyendo más de 14 sitios sagrados y centros ceremoniales de los pueblos Náyeri y Wixarika afectando directa e indirectamente las comunidades y ecosistemas de la Cuenca del Río San Pedro”, apuntaron miembros del Movimiento Río San Pedro Libre esta mañana. Los inconformes indicaron que a través de “engaños” de la CFE y la Procuraduría Agraria, han impulsado “asambleas agrarias irregulares” para lograr la aceptación de los habitantes de las comunidades y avanzar en la construcción de este proyecto. “Por oponernos a este proyecto hemos sufrido intimidación e incluso agresiones físicas en las semanas recientes en varias de nuestras comunidades. Hemos visto un incremento en la frecuencia y gravedad de la violencia en varias de sus formas, lo cual demuestra que no se trata de acciones aisladas”, declararon. Por ello, exigieron a las autoridades federales, estatales y municipales, garantizar el derecho a la consulta libre, previa e informada, el derecho a la libre expresión y organización así como su derecho a la tierra y respeto a sus formas para relacionarse con ella y con sus ecosistemas. Así mismo, solicitaron que se respete el acceso al río como fuente sustentable de vida en respeto a su derecho al agua y el ejercicio de su derecho a mantener sus centros ceremoniales y sitios sagrados en función de la autodeterminación al elaborar prioridades y estrategias para el ejercicio de su desarrollo. Por último, responsabilizaron a las autoridades de distintos niveles gubernamentales de cualquier amenaza, agresión o daño a la integridad personal de los integrantes del Movimiento.