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El gobierno federal reconoció que pese a la existencia de una infraestructura institucional y un marco normativo persisten y aumentan las violaciones a Derechos Humanos (DH), por lo que el Programa Nacional en la materia tiene el objetivo de lograr una política de Estado que respete estas garantías.
El pasado miércoles 30 de abril la Secretaría de Gobernación (Segob) publicó en el Diario Oficial de la Federación el Programa Nacional de Derechos Humanos 2014-2018, en el que se asienta que la anterior administración federal (con Felipe Calderón a la cabeza) carecía de políticas en el rubro humanitario.
“La relación de las autoridades con el tema se centraba en obligaciones de no hacer”, según el documento.
Al hacer un balance sobre la situación humanitaria en México, el Programa Nacional destaca que a pesar de que el nuevo marco normativo –tras la reforma constitucional de 2011– sienta las bases del reconocimiento de las garantías fundamentales, la única existencia del mismo no es suficiente para prevenir violaciones a los DH.
De acuerdo con el programa –que regirá en los próximos cuatro años–, el respeto a los DH no se ha consolidado porque los servidores públicos aún no conocen y no aplican las normas, la capacitación no ha incidido de la manera esperada, y porque no hay parámetros en las políticas de prevención del delito, procuración y administración de justicia.
Si bien el gobierno de Enrique Peña Nieto resaltó las deficiencias de la anterior administración en materia de DH, es de señalar que desde el 1 de diciembre de 2012 el gobierno federal se ha caracterizado por criminalizar la protesta social.
Así por ejemplo, en la Ciudad de México se han presentado casos de criminalización de las manifestaciones populares, como en los hechos ocurridos el 1 de diciembre de 2012 cuando hubo detenciones y agresiones contra periodistas y activistas durante la protesta por la llegada al poder de Peña Nieto.
Posteriormente el 1 de septiembre de 2013 también hubo periodistas y manifestantes golpeados y detenidos que estaban en la manifestación contra la reforma educativa presentada por el Ejecutivo.
La escena se repitió el 2 de octubre de 2013 durante la cobertura de la marcha por el 45 aniversario de la masacre de Tlatelolco.
TRIUNFALISMO OFICIAL
El Programa Nacional de Derechos Humanos 2014-2018 destaca el “desempeño sobresaliente” en su primer año de funcionamiento del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, instancia dependiente de la Segob y creado en 2012 para implementar y operar las medidas de prevención y protección para esta población.
El mecanismo creado por ley se encarga de brindar protección a periodistas o personas defensoras en riesgo al otorgar insumos como equipo celular, radio o telefonía satelital, instalación de cámaras, cerraduras, luces u otras medidas de seguridad en las instalaciones de trabajo o domicilios, chalecos antibalas, detectores de metal, instalación de “botones de pánico” y autos blindados.
El Programa Nacional propone crear indicadores para medir la eficacia de ésas y otras medidas de prevención, protección y acciones urgentes otorgadas por el Mecanismo, para revisar si cumplen con la meta de salvaguardar la vida, integridad, libertad y seguridad de las y los beneficiarios en situación de riesgo.
No obstante, el Mecanismo ha sido criticado por grupos civiles y personas beneficiarias que han acusado que no actúa con celeridad, carece de recursos financieros, las medidas son insuficientes y además adolece de la falta de personal calificado para atender los casos que llegan.
Hasta noviembre de 2013 el Ejecutivo informó que había recibido 105 solicitudes de protección, de las cuales 40 correspondían a periodistas. En nueve de los 105 casos se determinó la no incorporación de la persona peticionaria al Mecanismo.
En el Programa Nacional de DH, el Ejecutivo afirma que la reparación del daño, la justicia y la verdad son elementos esenciales en la protección de las garantías humanitarias, por lo que –dice– se deben atender las sentencias, resoluciones y recomendaciones de organismos nacionales e internacionales, para lo cual se crearán indicadores de cumplimiento que verifiquen que así sea.
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