Corrupción generalizada y 105 mil nuevos pobres cada mes

Guillermo Fabela Quiñones .

(29 de agosto, 2014).- Acabar con la corrupción en México es tan utópico como pretender poner fin, por decreto, a la voracidad de la cúpula empresarial y de la alta burocracia. Es el principal incentivo del ejercicio del poder, equivalente a sacarse el premio mayor de la lotería. De ahí que sea una pérdida de tiempo la creación de un órgano gubernamental para combatir el más atractivo motor para mover, no al país, sino las cuentas bancarias de las élites, ya no digamos de los líderes sindicales como Carlos Romero Deschamps y Víctor Flores, entre los más comentados por la prensa en la actualidad. ​El procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, propuso crear una fiscalía anticorrupción, en lugar de la comisión con el mismo fin que propuso Enrique Peña Nieto, la cual ya fue aprobada en el Senado y está en revisión en San Lázaro. El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Manlio Fabio Beltrones,​señaló que la fiscalía anticorrupción está considerada dentro de la reforma constitucional que ordena integrar la fiscalía general. En todo caso, será en el próximo periodo ordinario de sesiones cuando se decidirá qué órgano es más viable, aunque aclaró que será una sola dependencia la que se aboque a enfrentar este problema. ​Murillo Karam reconoció, al participar en la reunión plenaria del PRI, que “la corrupción se ha generalizado y tenemos que resolverla desde sus raíces. Una fiscalía fuerte sería mucho más eficaz que una comisión”. El fondo del asunto no está en la falta de un organismo específico, sino en el hecho de que es parte intrínseca del sistema político mexicano, como lo evidencia la realidad. ¿Quién osaría creer que Gastón Azcárraga, el defraudador de Mexicana de Aviación, no está preso porque hacen falta mecanismos legales? ​Si la corrupción se “ha generalizado”, como apunta el procurador Murillo Karam, es porque el sistema político ha propiciado esta triste realidad. Se ha llegado a un punto en el que ser honesto es un obstáculo para ascender en la escala social, es mal visto quien se esfuerza por vivir honestamente. Si el Estado es canalla, si tiene un comportamiento cínico, ajeno a elementales principios éticos, ¿cómo pedirle a la masa que se comporte con rectitud, con que cara se le puede exigir honestidad? Mientras las cúpulas en el poder den un obvio ejemplo de deshonestidad, será impensable que la corrupción pueda ser erradicada. ​Y será imposible en tanto el cinismo sea el factor central del quehacer gubernamental, en tanto no haya una pizca de autocrítica en quienes tienen la obligación de actuar con pleno respeto a las leyes, como es la regla desde hace muchas décadas en el país, sobre todo a partir de que la tecnocracia neoliberal se hizo del poder. Para sus más connotados dirigentes, todo lo que hacen está perfectamente bien hecho, no hay discurso donde no haya autoalabanzas que rayan en exageraciones absurdas. Ejemplo de esto es lo dicho por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong: “En menos de dos años se llevó a cabo lo que no se había logrado en más de dos décadas. Por mucho tiempo se pospuso, para un futuro lejano, el progreso, el crecimiento y el desarrollo de México”. ¿Acaso ya logramos alcanzar tales metas? ¿No es un hecho incontrovertible que la pobreza va en aumento, como lo acaba de demostrar el principal experto en la materia, Julio Boltvinik? A partir de diciembre de 2012, señaló el investigador de El Colegio de México, el flagelo aumentó en 2.1 millones de personas, o sea en promedio 105 mil nuevos pobres cada mes. Esto no tiene la menor importancia, como lo demostró el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo. Dijo en días pasados, para justificar que no se habrá de clausurar la mina Buenavista del Cobre, que “lo relevante” no es “el descuido” en que incurrió Grupo México, sino su “compromiso en la compensación económica de los afectados y la remediación de sus efectos”. Así dio la pauta a las trasnacionales que pronto estarán aquí depredando el territorio nacional hasta las últimas consecuencias: no importa que acaben con el medio ambiente, tampoco que afecten la salud de miles de ciudadanos, pues “lo relevante” es que la economía (léase la corrupción) no se frene, aunque los beneficios sólo sean para una exigua minoría.