Envían a prisión a 8 militares partícipes en el caso Tlatlaya

Dennis A. García | LA CRÓNICA DE HOY.

Por delitos en contra de la disciplina militar, desobediencia e infracción de deberes, la Procuraduría General de Justicia Militar puso a disposición de un juzgado castrense a un oficial y siete elementos de tropa que participaron en el enfrentamiento del pasado 30 de junio en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, donde murieron 22 presuntos delincuentes. Como parte de la investigación que lleva acabo la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para aclarar si las 22 personas perdieron la vida durante un enfrentamiento con militares o fueron ejecutados luego de que se rindieran, los efectivos ya se encuentran en la prisión adscrita a la Primera Región Militar, en el Campo Militar No. 1-A. Ayer, en un breve comunicado, la Sedena indicó que tanto el oficial —acusado por los delitos en contra de la disciplina militar, desobediencia e infracción de deberes— como los siete elementos de tropa —acusados por infracción de deberes— están a disposición del Juzgado 6/o. Militar. Cabe señalar que dicha investigación es independiente de la que realiza la Procuraduría General de la República (PGR) por medio de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido). En el comunicado del 30 de junio, mismo día en que ocurrieron los hechos, la Defensa Nacional explicó que en las inmediaciones del poblado Cuadrilla Nueva, en Tlatlaya, el personal militar realizaba reconocimientos terrestres cuando ubicó una bodega que era custodiada por personas armadas, mismas que abrieron fuego en contra de los soldados. Señaló que al ser repelida la agresión, 22 de los agresores perdieron la vida, y fueron decomisadas 25 armas largas; y asimismo, en el sitio, fueron liberadas tres mujeres que se encontraban privadas de su libertad. Sin embargo, medios de información internacionales difundieron versiones según las cuales un testigo presencial relató que luego del enfrentamiento los agresores se rindieron, y, una vez que estaban en el piso, los soldados los ejecutaron. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) abrió una investigación por este caso y los resultados, de acuerdo con el ombudsman nacional, Raúl Plascencia, serán dados a conocer en seis semanas. Asimismo, el segundo visitador de la CNDH, Marat Paredes, informó que dos de las tres mujeres que supuestamente estaban secuestradas y puestas en libertad por la Sedena, en realidad se encuentran presas. Marat Paredes indicó que las mujeres son acusadas por la Procuraduría General de la República (PGR) por acopio de armas de fuego y delincuencia organizada. La investigación de la CNDH está integrada por 700 páginas e incluye inspecciones oculares, dictámenes periciales, testimonios de sobrevivientes y entrevistas con vecinos. El expediente también está integrado por el parte informativo que dieron los militares a la Defensa Nacional, la investigación que lleva la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) y la averiguación previa que inició la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, antes de que interviniera la PGR. Las autoridades castrenses —según lo dicho por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong— están abiertas a esclarecer lo sucedido en Tlatlaya y que se dé a conocer la verdad.