Gobierno estatal obligado a garantizar seguridad de asistentes o, en su defecto, ahora sí sancionar a la empresa Skalona, quien también organizó el baile de la 30-30 en julio de 2014, donde tres mujeres murieron por una estampida humana.
“Ese dinero es un exceso; es un despilfarro de recursos públicos”, consideró. El ex presidente de la Comisión de Seguridad en la Legislatura mexiquense llamó a no confiarse ni descartar cualquier foco rojo en la entidad para esa fecha; por el contrario, dijo, se debe ser escrupuloso con las medidas de seguridad para que no se repitan casos como los bombazos de Morelia en 2008 y descartar posibilidades como la de Zacatecas, donde se habría desactivado un atentado para el próximo 15 de septiembre.
Las condiciones de inseguridad que privan en el país y la entidad, indicó, requieren más que nunca de la aplicación de la Ley de Eventos Públicos del Estado de México para salvaguardar la integridad de los asistentes. Si no se es estricto en su aplicación, destacó, quedará claro que la norma tuvo como única finalidad acallar el escándalo por la muerte de tres mujeres tras la estampida humana en un baile de la explanada de la Avenida Revolución (30-30), en Ecatepec de Morelos, el 05 de julio de 2014, o para frenar eventos multitudinarios organizados por la oposición como el Hell and Heven Metal Fest que se realizaría durante la Feria del Caballo en Texcoco y se canceló en marzo del año pasado.
Martínez Vargas consideró que antes de cerrar este nuevo contrato con la empresa Skalona Representaciones Artísticas SA de CV -ahora por 11 millones 854 mil pesos por el espectáculo de Marco Antonio Solís, la Adictiva, Playa Limbo, OV7 y Kabah-, era necesario clarificar el deslinde de responsabilidades de esta compañía y del ex alcalde y ahora diputado federal Pablo Bedolla en el caso de la estampida de la 30-30. A pesar de que el artículo 135 del Bando Municipal de Policía y Buen Gobierno de Ecatepec para 2014 facultaba al alcalde para otorgar la autorización de bailes públicos, por la tragedia sólo fueron destituidos el director de Protección Civil, y el director y subdirector de Gobierno, pero no se sancionó ni a Skalona Records ni a Bedolla López.
Entonces, recordó, no se respetó el cupo, falló la seguridad y las medidas de protección civil, y se expendió alcohol en exceso, por lo que convendría garantizar ahora las medidas necesarias para que los acontecimientos no se repitan. La Ley de Eventos Públicos de la entidad obliga, entre otras disposiciones, a garantizar la seguridad y protección de los asistentes, la creación de un verificador en jefe, prohibición de bebidas alcohólicas en la madrugada y multas de hasta tres mil días de salario mínimo a quien la incumpla.
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