LIBERTAD DE EXPRESIÓN REPRIMIDA

Por Arlen Jaime Merlos El Frente por la Libertad de Expresión y Protesta Social, grupo integrado por 11 organizaciones de la sociedad civil, presentó el 24 de abril de 2014 un primer informe sobre las posibles violaciones de derechos humanos en el marco de las protestas sociales en el país, siendo éstas una demostración clara al descontento de los conflictos que son una realidad nacional. Dicho documento resaltó la tendencia contundente que existe de restringir la protesta y las movilizaciones como un medio de expresar una problemática como una medida de presión social. Por lo anterior, tendríamos que hacer dos reflexiones; la primera implica el saber que las movilizaciones y la protesta social son una manifestación de un desacuerdo ciudadano que representa el ejercicio de derechos y libertades protegidas por la constitución, como el derecho de reunión, de libre manifestación de ideas y opiniones, de asociación, entre otros, pero además, son derechos protegidos en el contexto internacional de los derechos humanos. Y la segunda reflexión consiste en analizar si al restringir el ejercicio de esos derechos y la participación ciudadana se limita un pilar fundamental de una democracia. El día de ayer 9 de septiembre, el Frente por la Libertad de Expresión y Protesta Social presenta nuevamente un informe denominado “Control del Espacio Público”, en el que afirma que en el gobierno de Enrique Peña Nieto prevalece “un proceso sistemático de violaciones” al derecho a la protesta social, a la libertad de expresión y a la seguridad e integridad de las personas que se manifiestan. Luego entonces bajo el panorama de que México vive un proceso de crisis de libertades democráticas y de derechos humanos que presentó este dicho Frente, como actuar frente a los temas que han surgido y se han dado a la luz pública en las últimas semanas: como la corrupción y la impunidad, la inseguridad y su aumento desmedido, así como la cifra de mujeres asesinadas por violencia feminicida; la pobreza, el desempleo, la desaparición forzada. Y aterrizando en casos específicos podríamos enlistar: el informe presentado por el secretario de la Función Pública sobre el conflicto de interés entre funcionarios federales con el Grupo HIGA en la compra de la llamada “casa blanca”, o el caso de los audios que revelan presuntos sobornos por directivos de la empresa española OHL y el Gobierno del Estado de México, en donde se vincularon a funcionarios tales como la Consejera Jurídica del Estado de México, o la información dada a conocer en el informe presentado por el Grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso Ayotzinapa. Y entonces deberíamos preguntarnos si la voz de los ciudadanos representa aún una herramienta para expresar inconformidades ante la profunda crisis de confianza que se vive.