CES debe explicar uso de elementos para custodiar camiones para el grito de Peña‏

PRD demanda al Gobierno del Estado de México explicar custodia, con elementos de seguridad, de camiones al grito del presidente Peña. Octavio Martínez, secretario general del sol azteca, consideró irresponsable que el Gobierno mexiquense se dé el lujo de descuidar las tareas de seguridad en su territorio.

En el marco de la glosa del cuarto informe de gobierno de Eruviel Ávila, el comisionado de Seguridad Ciudadana, Eduardo Valiente, se encuentra obligado a explicar las razones que lo llevaron a emplear elementos de su corporación y de los CUSAEM para custodiar hasta el DF a los contingentes que “acompañaron” al presidente Enrique Peña en el grito, pues evidencian un descuido en las labores de vigilancia en la entidad, pese a los altos índices delictivos. Octavio Martínez, secretario general del sol azteca en el Estado de México, adelantó que esta explicación será demandada también a través de los diputados locales, pues implica un descuido de las obligaciones del titular de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana (CES), quien, por tanto, faltó a la encomienda por la que los mexiquenses le pagan. “Es necesario que el comisionado explique al Estado por qué envió unidades a resguardar los camiones, cuando todos los días el crimen está desbordado”, cuestionó.

El perredista recordó que varios videos y fotografías publicados por medios de comunicación locales y nacionales, y publicitados a través de las redes sociales, dan cuenta de que policías estatales fueron designados para escoltar las unidades hasta el Distrito Federal (DF). “¡Como si el Estado de México se pudiera dar ese lujo!”, dijo, tras recordar que la entidad ocupa los primeros lugares nacionales en delitos como homicidio, secuestro, extorsiones y robo, de acuerdo con datos del Secretariado Nacional de Seguridad Pública. Entre los escoltas, indicó, también se enlistaron elementos de los Cuerpos de Seguridad Auxiliar del Estado de México (CUSAEM), quienes antes de ser asignados a este tipo de tareas, deberían aclarar la situación jurídica que los rige, pues sus agentes y los recursos que maneja son empleados como mejor conviene a la administración estatal, de tal manera que a la fecha se desconoce cuál es su régimen y, sobre todo, el destino de los dineros que ingresan. El uso de ambas corporaciones con otros fines, advirtió, no es menor; no se puede descartar que se traduzca en un asunto de desvío de recursos públicos, por lo que es necesario que el funcionario explique este fenómeno o, si la opacidad persiste, que se investigue. Los ayuntamientos priístas que contribuyeron con el traslado -como Ecatepec, Tecámac, Tultitlán, Toluca, Metepec, Zinacantepec, San Mateo Atenco y Lerma, por mencionar los que han salido a la luz-, advirtió, también deben, si no incurrieron en ninguna responsabilidad como aseguran, someterse a una investigación para que se aclare que no se emplearon recursos públicos en el traslado. En el caso específico de Coacalco, donde incluso se hizo público un oficio en el que se amenaza a los empleados con sanciones por no acudir al evento, Martínez Vargas consideró que la investigación y sanción son eminentes, de tal manera que resultaría poco ético oponer resistencia. A la par, destacó, es necesario pedir cuentas a la Secretaría de Movilidad para eliminar las suspicacias en el sentido de que los transportistas que trasladaron a los asistentes tendrán alguna prebenda a cambio.