Choque inevitable entre la CIDH y el gobierno mexicano por la crisis de derechos humanos en el país

Por Arlen Jaime Merlos El pasado 2 de octubre, la Presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Rose-Marie Belle Antoine, dio a conocer las observaciones preliminares del informe sobre la situación de los derechos humanos en México, tras la visita de sus integrantes a nuestro país; esto derivado de la invitación realizada por el propio Gobierno de México para constatar los avances de su política en materia de derechos humanos. Fueron observaciones fuertes y preocupantes que produjeron un diferendo inevitable entre el gobierno mexicano y el organismo que representa una pieza clave en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos constitucionales, ya que la Comisión concluyó que en el país se vive una grave crisis de derechos humanos, caracterizada por extrema inseguridad y violencia, enfatizando las graves violaciones a los derechos humanos, especialmente en las desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura, aunado a los niveles críticos de impunidad y la inadecuada atención a las víctimas y familiares. No obstante, la respuesta del estado mexicano lejos de mostrar madurez política, inteligencia e interés por comprometerse en el tema, fue de reacción inmediata y de rechazo total al diagnóstico realizado por este órgano que forma parte de la Organización de los Estados Americanos (OEA), mostrando así una evidente incomodidad. Fue así que el Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, negó que las observaciones preliminares reflejaran la situación real de país, además de puntualizar que el caso Ayotzinapa es una “situación extraordinaria que no puede compararse con ninguna otra parte del país” advirtiendo que las soluciones que vienen de fuera son salidas fáciles y están destinadas al fracaso”, esto refiriéndose al informe presentado por el grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre caso Ayotzinapa, con el cual se desacreditó la versión oficial y llamada por el ex Procurador “la verdad histórica”. En el mismo sentido, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, hubo muestras de reproche a estas observaciones preliminares, calificando una falta de cooperación de la Comisión con las autoridades mexicanas. Frente a estas posturas preocupa entonces pensar, ¿Cuál será la reacción del gobierno mexicano a las recomendaciones emitidas por dicho organismo? ¿Qué va a suceder con la investigación del caso Ayotzinapa que sigue sin resolverse? ¿Seguirán colaborando en el caso el grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? . Ante esta coyuntura, tendría que analizarse entonces la reacción de incomodidad del gobierno mexicano frente al diagnostico de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que pudiera representar el punto de partida de un juicio internacional al gobierno de Peña Nieto por delitos de lesa humanidad y de violaciones graves de derechos humanos?