¿Qué sigue en la ruta de los derechos humanos en México?

Por Arlen Jaime Merlos Es indudable que la primera mitad del sexenio de Enrique Peña Nieto quedará marcada en la historia por las graves violaciones de derechos humanos que se viven en el país, lo que ha dejado como resultado el colapso político e institucional de su administración, principalmente por esa sombra de impunidad reflejada en los casos de Tlatlaya y Ayotzinapa que han dejado costos políticos muy altos. Recordemos que en los últimos meses distintos organismos internacionales han mostrado su preocupación a través de diversos señalamientos al Estado mexicano. Dos ejemplos recientes consisten tanto en el informe presentado el pasado 6 de septiembre por el Grupo de Expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con el que se cuestionó la famosa “verdad histórica” sobre el caso de los 43 normalistas desaparecidos; como con las observaciones preliminares dadas a conocer hace unos días sobre el informe de la situación de los derechos humanos en México, elaboradas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en las cuales se enfatizó la grave crisis de derechos humanos que sucede en el país, caracterizada por desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura, en las que brillan los altos niveles de impunidad. Entendamos que se habla de ejecuciones extrajudiciales cuando las autoridades (militares o policías) que teniendo el monopolio del uso legal de la fuerza cometen abusos de éste hasta cometer homicidios de una o varias personas apoyándose en la potestad del Estado para justificar el crimen. Y así como las ejecuciones extrajudiciales son un problema latente en el país, también lo son las desapariciones forzadas, las cuales suponen la violación de múltiples derechos humanos y siendo las que se caracterizan por la privación de la libertad de personas por parte de agentes del Estado, grupos o individuos que actúan a su nombre de éste o con su apoyo. Bajo este contexto, resulta necesario que el Estado mexicano asuma su responsabilidad y lleve a cabo acciones que garanticen así que casos emblemáticos como los de Tlatlaya y Ayotzinapa, sean sancionados y resueltos. No debe ignorarse que nuestro país se encuentra en este momento en el centro de un proceso de observación internacional, en donde destacan por un lado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; y por el otro la Organización de las Naciones Unidas (ONU), esto con las últimas declaraciones del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, al señalar que existe un amplió consenso internacional sobre la gravedad de la crisis de derechos que hay en México. Hoy los ciudadanos nos preguntamos ¿Cuál será la ruta a seguir del gobierno mexicano en el tema los derechos humanos?. Un tema de muchos más, que ha mostrado la debilidad de la administración de este gobierno que hasta ahora su conducta pareciera un intento por meter la basura por debajo de la alfombra.