Los retos del Nuevo Sistema Penal Acusatorio en México

Por Arlen Jaime Merlos El 19 de junio de este año vence el plazo para dar cumplimiento a la reforma constitucional de seguridad y de justicia del año 2008 y con esto la implementación a nivel nacional del nuevo sistema de justicia penal basado fundamentalmente en audiencias orales y bajo la prospectiva de protección de los derechos humanos, por lo que representa la reforma más ambiciosa del Estado mexicano en materia penal de los últimos años. La puesta en marcha de este nuevo sistema penal acusatorio se encuentra en proceso y para su implementación se han destinado a los estados un presupuesto de más de 12.000 millones de pesos. A tres meses de cumplirse el plazo constitucional de ocho años de dicha reforma, su implementación ha entrado en una fase crítica, ya que sólo tres estados (Yucatán, Chihuahua y Nuevo León) han logrado su implementación en un nivel óptimo, de acuerdo con el ranking elaborado por la Secretaría de Gobernación actualizado al mes de enero de este año. Bajo este tenor, el pasado 29 de febrero fueron puestas en operación las salas de juicios orales en 9 centros de Justicia Penal Federal, con sede en los estados de Aguascalientes, Colima, Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Nuevo León, Quintana Roo y Tabasco. Por un lado, el pasado 29 de febrero el Presidente Peña Nieto hizo un llamado durante el marco de la reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), para acelerar la aplicación del nuevo sistema penal acusatorio, en donde señaló que actualmente son 22 los estados los que operan de manera parcial los juicios orales. Por otra parte, durante la ceremonia de la incorporación de nueve entidades federativas al nuevo modelo de justicia penal, el Secretario de Gobernación Osorio Chong detalló que el sistema penal acusatorio ha comenzado a operar en 24 entidades de la República. El hecho es que a unos meses de cumplirse el plazo de esta reforma para su implementación completa y a ocho años de su aprobación, nuestro sistema continúa con debilidades. La correcta implementación de este sistema de justicia penal acusatorio abre la posibilidad de construir un estado social en donde prevalezca la justicia y los derechos. La parte central de la reforma está contenida en el artículo 20 constitucional, donde se establece el principio de presunción de inocencia, así como se precisan nuevas garantías judiciales de las víctimas relacionadas con la reparación del daño, su seguridad personal, el resguardo de su identidad, sus datos personales y la impugnación de las acciones del ministerio público; por ello, el mayor desafío recae sin duda en los conocimientos de los abogados para garantizar estas nuevas garantías judiciales. Los retos que se enfrentan en este nuevo sistema penal acusatorio se enfocan principalmente en la capacidad de generar una teoría del caso, y esto consiste en plantear de forma concreta y clara cuales son los aspectos a discernir durante el desarrollo del proceso, definir los hechos relevantes, los materiales probatorios, las preguntas que planteará la defensa o la acusación a los testigos; es decir, la planeación estratégica y de diseño del proceso; así como la habilidad de generar interrogatorios y contra interrogatorios, y su capacidad argumentativa. De acuerdo con las disposiciones de Código Nacional de Procedimientos Penales, en el nuevo procedimiento penal se desarrollarán al menos 3 audiencias: una audiencia inicial, una audiencia intermedia y finalmente la audiencia de debate, y la característica principal de estas audiencias consistirá en que los jueces no permitirán a los abogados dar lectura a ningún documento durante el desarrollo de éstas, de tal forma entonces, que enfrentarán un gran reto al hacer frente a los desafíos de este nuevo escenario jurídico y sólo podrán hacerlo con las herramientas del conocimiento, de habilidades y destreza bajo nuevos estándares argumentativos de forma oral. En un momento de grandes transformaciones jurídicas en el país los retos son grandes, tanto los abogados como las autoridades judiciales deberán estar en actualización permanente de sus conocimientos; más aún cuando nuestro sistema jurídico mexicano ha tenido grandes reformas en materia de derechos humanos, de amparo, laboral, financiera, de telecomunicaciones y ahora la implementación de estos juicios orales en todo el país. Hoy en día, es necesario que existan los abogados con sentido de justicia y compromiso social.