El 3 de mayo, declarado por la Organización de las Naciones Unidas como Día de la libertad de Prensa, en este 2017 con el lema "Mentes Críticas para tiempos críticos", es para los periodistas mexicanos una fecha en la que nada hay por celebrar y sí mucho qué reclamar por el creciente número de casos de agresiones contra comunicadores.
Casos en los que prevalece la falta de claridad en las actuaciones gubernamentales para atender correctamente las necesidades de protección y justicia a los jornalistas, medios informativos y familiares de las víctimas.
La UNESCO es la agencia de la ONU encargada de coordinar las actividades alusivas al Día de la Libertad de Expresión, también la Federación Internacional de Periodistas FIP, con sede en Bruselas, ha programado actividades vinculadas al mismo, para ello tiene en agenda de eventos en muchos países, pero entre esos no está México.
En su informe la ONG Reporteros Sin Fronteras, de 180 naciones coloca a México en el lugar 147 de índices de protección los periodistas, señala que en América Latina los países de mayor riesgo para ejercer el periodismo son Paraguay, Colombia, Guatemala, Honduras, Venezuela y México.
“Tierra de los carteles de la droga, México sigue siendo el país más peligroso del hemisferio occidental, para los medios de comunicación.
Cuando los periodistas cubren temas relacionados con el crimen organizado o la corrupción política (sobre todo a nivel local), inmediatamente se convierten en blancos y con frecuencia se ejecutan a sangre fría.
La mayoría de estos crímenes quedan impunes, con la contabilidad de la corrupción generalizada de México para la impunidad.”
En la contabilidad de la FAPERMEX con la Federación Latinoamericana de periodistas FELAP van 267 homicidios perpetrados desde 1983 así como 26 desapariciones forzosas.
Nada que celebrar y sí mucho que reclamar para que los órganos encargados de investigar los caso de atentados a la Libertad de expresión no sólo sean cifras.
Las llamadas de alerta y recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos son un grito en el desierto pues las instancias obligadas a investigar para encontrar y castigar a los culpables carecen de movilidad y actuaciones a la altura de la demanda que exige el gremio periodístico mexicano.
Las instancias estatales no han sido capaces de hacer coincidir los engranes en favor de la protección a comunicadores, la discordancia ocurre en todos los niveles de gobierno. Sí hay una petición de apoyo y coordinación está por motivos burocráticos se retrasan dando oportunidad a consolidar la impunidad.
Para la mayoría de periodistas mexicanos el Mecanismo para la Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas no es garante de seguridad para el quehacer periodístico, si se presenta una denuncia ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos Contra la Libertad de Expresión, parece nada ocurrir, sin embargo los periodistas debemos seguir exigiendo justicia.
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