Un grupo de senadores republicanos y demócratas estadunidenses, exteriorizó una legislación en respuesta a la crisis en Venezuela, la cual incluye sanciones a personas responsables de acabar con la democracia o estar involucrados en corrupción.
El proyecto de ley, pretende brindar 10 millones de dólares en ayuda humanitaria al país consternado, también exigirá al Departamento de Estado, coordinar un esfuerzo regional para aliviar la crisis y solicitará a la inteligencia estadunidense que informe sobre la participación de funcionarios venezolanos en corrupción y narcotráfico.
De igual forma, en el texto se pide al presidente Donald Trump, que se tomen todas las medidas necesarias, para impedir que la petrolera estatal rusa Rosneft obtenga el control de cualquier infraestructura energética estadunidense.
Rosneft ha estado ganando terreno en Venezuela mientras el país sudamericano busca dinero en efectivo.
La estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) usó el año pasado el 49.9% de las acciones de su deepndencia estadunidense Citgo como garantía para un financiamiento de Rosneft. En total, Rosneft ha prestado a PDVSA entre 4 mil millones y 5 mil millones de dólares.
La iniciativa llegó en el momento, en que la comunidad internacional intentó dar respuesta a la profunda crisis económica y a las protestas callejeras que vive la nación, miembro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).
Los principales promotores del proyecto de ley son el senador Ben Cardin, el principal demócrata en la Comisión de Relaciones Exteriores (CRE), y el senador Marco Rubio, quien preside el panel para asuntos del hemisferio occidental y es un crítico del Gobierno de Caracas.
Las probabilidades de que la legislación sea aprobada se ven reforzadas por apoyos que incluyen al senador John Cornyn, número dos de los republicanos en la Cámara Alta, y a su influyente colega John McCain.
Es importante para los intereses de Estados Unidos apoyar el restablecimiento de la democracia en Venezuela y trabajar con socios en la región para que el país vuelva al camino de la paz, la prosperidad y la estabilidad, mencionó Cardin en un comunicado.
El proyecto de ley tiene 11 secciones, las cuales buscan afrontar la crisis con un amplio abanico de medidas.
En lo relativo a la corrupción, el proyecto requerirá que el Departamento de Estado y las agencias de inteligencia preparen un reporte no clasificado, con un anexo clasificado, sobre cualquier implicación de funcionarios del Gobierno venezolano, en casos de corrupción y narcotráfico.
En ocasiones anteriores, el Departamento del Tesoro sancionó a funcionarios o ex-funcionarios venezolanos, acusados de narcotráfico o corrupción, designación que permite el congelamiento de sus activos en Estados Unidos y les prohíbe realizar transacciones financieras a través del país norteamericano.
Los funcionarios han negado los cargos y han dicho que son un pretexto incluido en un plan, para derrocar al gobierno del presidente Nicolás Maduro.
La nueva iniciativa, tiene el propósito de convertir en ley las sanciones impuestas por un decreto del ex-presidente Barack Obama, contra individuos considerados responsables de "acabar el gobierno democrático" o implicados en corrupción.
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