• Lo de las inhabilitaciones a sus ex tesoreros, el Diputado federal sin partido y de Juan Carlos Sánchez, es tan sólo un mínimo capítulo de una serie de irregularidades e ilegalidades que más de uno cometieron
Por Mario Ruiz Hernández
Naucalpan, Méx., marzo del 2024. - Es realmente grave, los
delicados asuntos que han venido resultando de la gerencia del ex panista,
Edgar Olvera Higuera y sus más cercanos colaborados.
Efectivamente, sus dos tesoreros, el hoy Diputado sin
partido, Iván Arturo Rodríguez Rivera y Juan Carlos Sánchez Medina, comunican
de un gobierno con elevados signos de impunidad y corrupción.
Las inhabilitaciones hasta por 20 años del legislador y del
ex funcionario, como que no son nada de esa enorme cadena de otros expedientes
que por ahí se cocinan, además de una serie de dinero público a resarcir y
aclarar.
Los daños a Naucalpan son dimensionales, al margen del
proceso poco transparente de la adquisición “chatarra” del Helicóptero Águila
Uno, el 26 de marzo del 2017, el cual tuvo un costo de 24 millones de pesos, y
sin que se recuerde, la aprobación del cabildo para tan innecesaria compra.
Asimismo, y de la línea de arrendamiento hasta por 300
millones de pesos según para rehabilitar el parque vehicular, de servicios
públicos, seguridad y el arreglo de oficinas, cuando trajeron hasta personal de
una empresa para el control de los servicios de recolección, traslado y destino
final de los desechos, y mantenimiento de la infraestructura del palacio
municipal y los edificios anexos.
Recordar esa política fallida, que inició con la
confrontación directa con el personal afiliado al SUTEyM, del área precisamente
de servicios públicos, al incorporar a gente de otro lado que ni siquiera
conocía el municipio, sus rutas, horarios, es decir toda la logística, y el
enfrentamiento contra agremiados al sindicato de la policía municipal y
estatal, la golpiza a trabajadores y la incursión de la montada.
En el anecdotario, es difícil olvidar que el ex tinto
“Olvera Team”, llegó al gobierno municipal a “Madrear al sindicato”, con
resonancia en el Oapas y directamente del titular del organismo, Francisco
Santos Arreola, a quien utilizaron de “Kamikaze”.
De los innumerables perjuicios nada se sabe, y menos del
dinero público y hasta dónde llegó, porque tampoco dejaron patrimonio, todo fue
presumiblemente rentado, patrullas, equipo, camiones de basura y demasiados
etcéteras.
El crédito de 200 millones de pesos ante la banca para
enfrentar problemas y atrasos de nómina e hipotecar la hacienda, cuando se tenía
un pasivo entre público y privado que heredó al gobierno de morena, de más de 3
mil millones de pesos.
“Los Olvera” se despecharon en grande, tenían sueldos
onerosos, compensaciones extremadamente por arriba de los tabuladores
autorizados y Edgar junto con la Alcaldesa de Tlalnepantla Denisse Ugalde, eran
los que ganaban más del estado de México.
Olvera tenía un salario de 122 mil, 766.28 pesos brutos
mensuales, mientras que Ugalde, percibía 169 mil 660.80 pesos al mes, cuando el
tabulador para este caso estipulaba 130 mil, 149 pesos.
Pero además del Alcalde de Naucalpense, su esposa, hoy
candidata del PVEM a Diputada federal por la vía plurinominal, y a ver si
llega, presidenta del Sistema DIF disfrutaba presumiblemente de un salario
asignado de 70 mil pesos, cuando por ley, no debería cobrar por ser un cargo
honorífico.
Por otra parte, el control total de la hacienda pública a
manos del Diputado federal sin partido, Iván Rodríguez, desde el comercio en la
vía pública, los grandes negocios y plazas comerciales, las casas de juego que,
en ese mandato, tanto crecieron por muchos lados, como que dejaron millonarios
gravámenes y presuntamente “elevados “moches”, para su operación, y estarían a
bajo renta”.
Aunado y hemos insistido en el tema de las inversiones a
capital de riesgo, en los grupos financieros Fóndika, Argos, Multiva y del
Bajío y lograr grandes utilidades del dinero público que, al parecer, jamás
ingresaron a las arcas municipales y se fueron quizá a una cuenta bancaria
privada.
El acoso fiscal a contribuyentes y la ilegal transferencia
del padrón y del cobro de impuestos municipales sobre todo el predial, a una
compañía privada; la actualización de propiedades y la operación de un dron
para el cálculo del pago de cargas fiscales.
Finalmente, y de todo un engranaje de irresponsabilidades
públicas, las denuncias familiares por la falta de los depósitos de la pensión
alimenticia y otras querellas incluso, hasta de violencia de género.
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