Cataluña realizará referendo por la independencia; Madrid señala que es “ilegal”

Por Armando G. Tejeda, corresponsal La Jornada

Imagen tomada el pasado 20 de octubre en Cataluña en donde se observa una casilla que recolectaba votos para que el Parlamento apruebe la independencia. Foto Ap Madrid. La sociedad catalana está convocada para el nueve de noviembre de 2014 para una consulta histórica, la primera que preguntará a la ciudadanía sobre el modelo de Estado que prefieren para el futuro. Después de una reunión urgente que duró más de tres horas, el presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, anunció que llegó a un acuerdo con otras tres formaciones políticas sobre el contenido de las preguntas y que, tras llegar a un consenso, decidieron fijar la citada fecha para el referendo, que además permite tener un amplio margen de tiempo para negociar con el Estado español y sus autoridades sobre la formula legal para llevarlo a cabo. Los catalanes que voten en la histórica consulta deberán responder a dos preguntas: “¿Quiere usted que Cataluña sea un Estado?” En caso afirmativo, se respondería a un segundo cuestionamiento sobre si quieren que este Estado sea independiente. Es decir, en una primera instancia se permite expresarse al conjunto de la sociedad catalana, tanto a los que están a favor de la independencia como a los que prefieren un modelo federal o a los que optan por mantener el actual modelo territorial de ser una autonomía más dentro del Estado español. Los principales negociadores de la iniciativa son las cuatro formaciones políticas que han expresado con nitidez su voluntad de llevar a cabo una consulta ciudadana, como un mero ejercicio de transparencia democrática, al margen de que sus preferencias sean o no independentistas. Estos partidos son Convergencia i Unio (CiU), que representa al nacionalismo conservador catalán y que ha sido el partido hegemónico en la región en las últimas cuatro décadas; Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), una formación de izquierda, contraria al modelo de monarquía parlamentaria que impera en España y que defiende desde hace más de cien años la independencia del Estado español; Iniciativa per Catalunya Els Verds (ICV), un partido de izquierda, que se nutre de las bases comunistas y de defensa de la ecología y que tiene una clara vocación federalista; y, por último, la plataforma ciudadana CUP, que representa a la nueva erupción de formaciones políticas ajenas a la formula tradicional y que surgen básicamente del hartazgo ciudadano frente a la corrupción y al fracaso de la clase política en la gestión de la crisis. El llamado “frente independentista” o “soberanista” tendrá enfrente a los tres principales partidos catalanes que abogan por el mantenimiento del actual modelo y que tienen una enorme influencia en el resto de España. El conservador Partido Popular (PP), el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y el minoritario Ciutadans. Estas tres formaciones se han posicionado en contra que se consulta a la ciudadanía, al asegurar que se trata de una iniciativa “inconstitucional” y que fomenta el “desencuentro” entre la sociedad catalana. El presidente catalán, Artur Mas, explicó que el contenido de las preguntas se acordó para iniciar un proceso que “se deberá negociar entre las instituciones de España y de Cataluña”, para encontrar la formula legal para que esta consulta se pueda celebrar. A lo que respondieron de inmediato desde Madrid, en boca del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón quien advirtió que “esta consulta no se va a celebrar porque es ilegal”.