La ley secundaria en Telecomunicaciones es “inconstitucional”

Raúl Linares La ley secundaria en materia de telecomunicaciones, propuesta por Enrique Peña Nieto, podría ser “inconstitucional”, según advirtieron especialistas en derechos humanos digitales, durante el foro “Análisis en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión”, convocada por el senador Javier Lozano Alarcón.

De acuerdo a la Fracción VII del Artículo 197 de la legislación en puerta, ésta facultaría a las autoridades con el poder de bloquear o anular las señales de todas las bandas de telecomunicaciones, en “eventos y lugares críticos para la seguridad pública nacional”, como lo señala la redacción de la misma. A su vez, sentenciaron que los artículos 192 y 194, darían lugar a una aplicación “discrecional” al espionaje en conversaciones privadas, sean vía internet o cualquier otro dispositivo de comunicación telefónica, y especialmente, en la mensajería de correos electrónicos, chats, redes sociales o conversaciones por WhatsApp. De esta forma, el Estado mexicano también obligaría a los prestadores de servicios a almacenar toda la información transmitida y geolocalizar dispositivos móviles desde donde se emitieron los mensajes, para que, en caso de necesitar esa información, poder presentarla a las autoridades correspondientes sin necesidad de una orden judicial. “La iniciativa nos ataca de manera frontal, especialmente a mi generación, que ha hecho de las herramientas digitales parte de la formación de sus derechos, de hacer política, de participar en la vida cultural”, sentenció Luis Fernando García, académico de la Universidad Iberoamericana y fundador de la página 1DMx.org. Al mismo tiempo, sostuvo, que el artículo 145 de esa ley establece mecanismos de censura a Internet, al instaurar que los concesionarios podrán bloquear el acceso a determinados contenidos, aplicaciones y servicios cuando medie orden de autoridad o sean contrarios a alguna norma. Es por esto que promoverían disposiciones, claramente contrarias a la libertad de expresión y la protección de datos personales, que se establece en el artículo Séptimo Constitucional y el artículo 13.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Ley Federal de Protección de Datos que se endureció a través de la reforma política aprobada apenas el año pasado. “Sin duda, les están entregando charolas digitales a policías de bajo nivel, que podrían estar vinculadas con el crimen organizado”, mencionó. Por su parte, Jesús Robles Maloof, abogado, activista de derechos humanos y promotor de la organización ContingenteMX, recordó que, sin nuevos candados ni nomenclaturas que brinden garantías a los usuarios, la propuesta peñista podría convertirse en un gran dispositivo de vigilancia, censura y aplicación de la ley a discrecionalidad, que perseguirá nuevas formas de expresión política vía internet. “Todas las reformas que estos dos gobiernos han planteado para la criminalización de la protesta, todas esas reformas tienen su lado digital en la Ley Federal de Telecomunicaciones, en la Ley Amprofon y en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Porque precisamente, lo que el régimen quiere inhibir, es reprimir la libertad, la disidencia, coartar la posibilidad de organizarse, y restringir y controlar los medios de comunicación independientes”, acotó el activista en entrevista para REVOLUCIÓN TRESPUNTOCERO. Finalmente, puso como ejemplo el caso de la página 1DMx.org, que en diciembre pasado sufrió “censura” ordenada por el gobierno mexicano, a través de la embajada de EE.UU.