Jacinta pide a la PGR no obstaculizar más su indemnización

Dennis A. García |La Crónica.

Condena. Jacinta Francisco Marcial estuvo presa por más de tres años. La indígena Jacinta Francisco Marcial, que estuvo presa por más de tres años acusada de secuestrar a seis agentes de la desaparecida Agencia Federal de Investigación (AFI) en agosto de 2006, hizo un llamado a la Procuraduría General de la República (PGR) a que se desista de presentar cualquier recurso de revisión y que no aplace más la indemnización por reparación de daño y ofrezca una disculpa pública. En conferencia de prensa en el Centro de Derechos Humanos ProDH, la defensa de Jacinta adelantó que hoy el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) decidirá si emite sentencia a favor de Jacinta. Sin embargo, horas más tarde el TFJFA emitió un comunicado en el que indicó que el caso Jacinta no está contemplado en la agenda de la sesión de hoy del Pleno de la Sala Superior. Durante la conferencia, Andrés Díaz, abogado del Centro ProDH, pidió que, independientemente de la resolución del Tribunal, “que la PGR cumpla sin miramientos y que no interponga ningún recurso porque solo dilata el proceso”. Acompañada por su esposo Guillermo Prisciliano, la indígena Jacinta Francisco enfatizó que “yo creo que no se puede reparar el daño porque son tres años que me quitaron de mi familia”. Yo sé -continuó- que en las cárceles hay gente injustamente encerrada; y estoy aquí no por dinero, sino para que otras personas que sufren como nosotras se animen a hablar. Cabe recordar que en Jacinta Francisco Marcial fue acusada, junto con Alberta Alcántara y Teresa González, del secuestro de los agentes federales, por lo que fueron recluidas en el Centro de Readaptación de San José El Alto, en Querétaro, para cumplir una condena de 21 años. Los agentes de la AFI presentaron una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) alegando que habían sido secuestrados por varias personas durante un incidente en el mercado de Santiago Mexquititlán, Querétaro. Posteriormente la PGR ordenó el arresto de las tres mujeres indígenas que aparecían en una foto junto con los agentes de la AFI en un diario local. Amnistía Internacional y otras organizaciones alegaron que al momento de su detención, a las mujeres otomíes no se les proporcionó acceso a un intérprete durante los procedimientos judiciales y el defensor de oficio que llevó el caso nunca habló con ellas para explicarles sus derechos y medios de defensa.