Indígenas Ixil aún esperan indemnización por genocidio de Ríos Montt

Redacción Revolución 3.0 / El pasado viernes 30 de mayo, la comunidad indígena Ixil en Guatemala, volvió a manifestarse frente al Palacio Presidencial para que de alguna forma sea indemnizada, la muerte de más de 500 integrantes de su etnia que se oponían, a la construcción de una represa, una protesta constante que sigue sin ver resultados.

Apenas el año pasado, Ríos Montt fue condenado por el Tribunal Primero A de Mayor Riesgo a 80 años de prisión, acusado de delitos como genocidio y crímenes de lesa humanidad contra los habitantes de origen maya, en el marco del conocido Conflicto Armado Interno en Guatemala. Esta situación, significó el reconocimiento público de tortura, violencia sexual, desapariciones forzadas, esclavitud, trabajos forzados, desplazamiento, así como torturas planeadas y sistemáticas, contra un sector de la población que después del conflicto fue estigmatizado como enemigo interno por supuestamente oponerse a desarrollo económico. Debido a la oposición que el pueblo Ixil mostró en la construcción de la hidroeléctrica en el Río Negro, también conocido como Río Chixoy, el gobierno militar orquestó asesinatos sistemáticos que los famosos kaibiles –grupo táctico del Ejército guatemalteco- ejecutaron. El caos más famoso que ilustra la participación de éstos, es la “masacre de Las Dos Erres”, en la cual se asesinaron al menos a 216 indígenas (92 mujeres y 67 infantes), por la que condenaron a cuatro exkaibiles a 6 mil 60 años de cárcel, cada uno. Aun con las evidencias flagrantes del genocidio, muchas en voz de los sobrevivientes, tanto el Ejército de Guatemala; el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla; e incluso el actual presidente, Otto Pérez Molina –conocido por su antipatía hacia Ríos Montt y su formación kaibil- manifiestan a cada oportunidad tesis negacioncita sobre los violentos sucesos. En aquella década, la comunidad Ixil, asentada en las orillas del Río Chixoy, dentro del municipio de Rabinal, se opuso a la edificación de una hidroeléctrica en la cuenca del río, misma que fue financiada por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, ya que implicaba el abandono de sus tierras y el reasentamiento de una zona árida con casas que rompían su esquema de vida. La lucha de la comunidad de Río Chixoy, para que sean indemnizados por el genocidio en su contra en medio de la dictadura militar de José Efraín Ríos Montt, parece no tener fin; a pesar de que en 2005 diversas cortes internacionales fallaron a su favor el gobierno no ha cumplido siquiera una parte de sus compromisos.