La señora Wallace, acusada ante la PGR

JORGE CARRASCO ARAIZAGA

Isabel Miranda de Wallace, activista. Foto: Germán Canseco Brenda Quevedo y Jacobo Tagle, acusados del supuesto secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace, no han recibido sentencia firme pese a los esfuerzos de la madre de la víctima, la activista Isabel Miranda de Wallace. Pero el descubrimiento de los documentos anómalos publicados en las ediciones 1961 y 1962 de este semanario motivaron que la señora Miranda demandara a quienes descubrieron esos papeles, que ponen su caso en entredicho. A su vez, las madres de los presos acusaron ante la PGR a la dirigente de Alto al Secuestro, a varios agentes del Ministerio Público y una perito forense de torcer la ley para encarcelar a sus hijos. Familiares de los acusados del secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace presentaron una denuncia de hechos ante la Procuraduría General de la República (PGR) en contra de la presidenta de Alto al Secuestro, Isabel Miranda de Wallace, y empleados de la propia PGR por considerar que cometieron diversos delitos para responsabilizarlos de la desaparición del hijo de la activista. Sin que después de nueve años haya sentencia firme en contra de los acusados, sus familiares presentaron la denuncia ante la oficina del titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, el miércoles 3, luego de que se hiciera pública la existencia de una doble documentación oficial sobre Hugo Alberto Wallace. Además de Isabel Miranda, los señalados son su esposo Enrique del Socorro Wallace Díaz, su hermano Roberto Miranda y los siguientes empleados de la PGR: los agentes ministeriales de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) Braulio Robles Zúñiga, Fermín Ubaldo Cruz y Oswaldo Jiménez Juárez, y la perito de la Dirección General de la Coordinación de Servicios Periciales Yanet Rogel Montes de Oca. A los siete les imputan delitos contra el estado civil, de falsedad de informes dados a la autoridad, falsedad en declaraciones judiciales, simulación de pruebas, tráfico de influencias y cohecho, cargos que tendría que investigar la PGR… Fragmento del reportaje que se publica en la edición 1976 de la revista Proceso, actualmente en circulación.