Pobladores de Iguala temen represalias de la policía estatal

Dennis A. García | LA CRÓNICA DE HOY.

Los habitantes del municipio de Iguala, Guerrero, en particular los familiares de los 43 normalistas desaparecidos y de los heridos en el ataque del 26 y 27 de septiembre, temen por su vida ante posibles represalias por parte de la policía estatal. Así fue establecido por la CNDH mediante la investigación por violaciones graves a los derechos humanos que realiza esta institución en aquella ciudad. De acuerdo con los testimonios recabados, la población teme debido a que la policía estatal cuenta con datos personales -como domicilios- y conoce en qué hospitales son atendidos los sobrevivientes del ataque perpetrado por policías municipales coludidos con el grupo delictivo Guerreros Unidos. En entrevista con Crónica, el Primer visitador de la CNDH, Luis García López Guerrero, explicó parte del trabajo que ha realizado esta institución, para lo cual este servidor público estuvo en aquel municipio para recoger información de primera mano. ¿La gente de Iguala tiene desconfianza de la policía estatal? —El día de ayer (lunes) visité Iguala con el objetivo de seguir recabando evidencias; pero, principalmente, para ver la condición de salud de algunas víctimas que continuaban siendo atendidas en algunos hospitales. Cuatro familiares comentaron que la atención médica era la adecuada, pero cuando se tocó el tema de la seguridad manifestaron el temor, miedo a ser víctimas de otro tipo de agravios. Me manifestaron la desconfianza que tenían para cuando salieran del hospital. Nos solicitaron medidas inmediatas con el objetivo de darles garantías a su seguridad personal. Le marqué (telefónicamente) al procurador de Guerrero y dijo que atendería la solicitud. El Primer Visitador explicó que durante otro recorrido, un grupo de personas le manifestó temor a las autoridades policiacas ante la tensión que se siente en la entidad, por lo que el funcionario solicitó medidas cautelares para las víctimas. “Lo que puedo observar es que hay preocupación, hay sensación de inseguridad, hay una desconfianza muy clara ante las autoridades de seguridad pública del estado. No quieren salir de su casa porque sienten el temor de ser víctimas de ataques”, dijo. Sobre las 43 personas desaparecidas, Luis García enfatizó que fueron solicitadas medidas para que el Estado realice acciones efectivas de búsqueda y localización, para que sean presentadas vivas lo antes posible. Para las investigaciones, la CNDH desplegó un grupo de 30 visitadores conformado por abogados, médicos, psicólogos y criminalistas, quienes han realizado 233 diligencias consistentes en 76 entrevistas a víctimas, testigos, familiares y servidores públicos. Además, ha dado 74 servicios de atención psicológica a familiares y víctimas; 41 certificaciones médicas; así como 32 visitas tanto al lugar de los hechos, a domicilios de las víctimas, a hospitales públicos y privados, al Servicio Médico Forense, a las instalaciones de la Normal Rural de Ayotzinapa, y al lugar donde fueron encontradas fosas clandestinas. La CNDH también ha girado 10 requerimientos de información a diversas autoridades y se han obtenido 24 expedientes clínicos y 6 necropsias. En la entrevista, el Primer Visitador recordó que desde el 17 de diciembre del año pasado el ombudsman Raúl Plascencia dio a conocer un informe en el que se manifestó la preocupación por el nivel de violencia que se estaba presentando en Guerrero, y que de no ser atendido de manera eficaz, aumentarían las espirales de violencia. —¿El gobernador hizo caso omiso al Informe Especial? Simplemente no ha dado respuesta a las propuestas que en ese informe se formularon, con eso le digo todo. Observamos una actitud omisa por parte de las autoridades. —¿Lo que sucedió en Iguala es la punta del iceberg en el estado? Lo que pasa en Guerrero es consecuencia del abandono de las políticas públicas, del abandono de las demandas sociales. —¿La CNDH va a llamar a comparecer al Gobernador de Guerrero? Es una investigación por violaciones graves a los derechos humanos, es la segunda que se apertura de esta naturaleza en Guerrero, y desde luego que la posibilidad de llamarlo a comparecer está abierta, después de revisar todas las evidencias.