Senadora del PRI apruebe sentencia de la SCJN contra Alcalde de Coacalco, y Diputado

Senadora priista invita galletitas y cafecito a reporteros para no quedarse pobre.

Ana Lilia Herrera Anzaldo pidió pena máxima para corruptos a propósito de Coacalco.

Por: David Esquivel

Tlalnepantla.- Méx.- “Pena máxima de cárcel para los corruptos; habrá suspensiones e inhabilitaciones por periodos más prolongados para funcionarios públicos corruptos, dependiendo de la gravedad del daño patrimonial”; sentenció la Senadora priista Ana Lilia Herrera Anzaldo, la cual este miércoles ofreció la conferencia de prensa en el Hotel Plaza Lancaster de este municipio, en uno de cuyos salones sirvieron café y galletitas a los reporteros, muchos de los cuales salen desayunados de sus casas, porque si no, se mueren de hambre con semejante anfitriona, a quien muchos consideran coda, por semejante gasto que hace con las famosas galletitas, dicho sea de paso.
La senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo consideró que todos los ciudadanos estamos sujetos a la ley y con mayor razón servidores públicos o quienes ostentan cargos de representación popular como Alcaldes o diputados, porque, dijo, mediante la aplicación de la ley “se inhibi la corrupción y recupera la honorabilidad del servicio público”.
Herrara Anzaldo respondió lo anterior a pregunta expresa hecha sobre la orden que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), emitió para que sean destituidos y consignados ante un juez penal el Alcalde de Coacalco Erwin Javier Castelán, regidores; al Diputado Federal David Sánchez Isidoro y a ex ediles de dicho municipio.
La Vicecoordinadora de Difusión del precandidato a la Presidencia de la República, José Antonio Meade, destacó las iniciativas que presentó el pre abanderado priista para, cuando sea Presidente, combatir la corrupción: “que ha llevado al hartazgo a la sociedad”.
Explicó que uno de los tres ejes fundamentales de la iniciativa para combatir la corrupción “es confiscar propiedades y los bienes de todos los corruptos, para lo cual se propone reforma la actual figura de extinción de dominio y los acusados tendrán que demostrar el origen lícito de su patrimonio y en caso de no poder hacerlo, los bienes pasarán al patrimonio público”.
Abundó que con las reformas a la extinción de dominio la Fiscalía General tendrá más herramientas para poder recuperar los bienes y el dinero obtenido mediante la comisión de actos de corrupción y otros delitos como lavado de dinero, delincuencia organizada y fraude, entre otros.