Pide GPPRD la abrogación de la Ley de Seguridad Interior

• Presenta la diputada Claudia Reyes Montiel iniciativa para eliminar esta norma del marco jurídico mexicano.

• “Los cuerpos policiacos deben brindar seguridad pública, pero el Ejecutivo insiste en que las fuerzas armadas asuman esta tarea”, dijo.

• “Construyamos un nuevo modelo de seguridad humana, en el que no sean necesarias las atribuciones extraordinarias del Ejército; fortalezcamos a las instituciones civiles de procuración de justicia”.

El Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados propuso la abrogación de la Ley de Seguridad Interior publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2017.

A través de una iniciativa presentada por la diputada Claudia Reyes Montiel, “las diputadas y los diputados del Partido de la Revolución Democrática proponemos que esta norma sea expulsada de nuestro marco jurídico, mediante la respectiva abrogación, y entre todos comencemos a construir un nuevo modelo de seguridad humana, en el que no sean necesarias las atribuciones extraordinarias del Ejército, mismas que han perpetuado la violencia en el país, y en cambio, fortalezcamos el fortalecimiento de las instituciones civiles de procuración de justicia”.

La legisladora del Sol Azteca indicó que “la Ley de Seguridad Interior se encuentra impugnada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por 14 controversias constitucionales, nueve acciones de inconstitucionalidad y 700 demandas de amparo”.

Dijo que “la discusión sobre la Ley de Seguridad Interior fue una de la más importantes que se dieron en la LXIII Legislatura, además de las controversias constitucionales, la afectación a los derechos humanos, y también abrió el debate sobre el comportamiento de una institución cuyo origen se remonta a la formación del propio Estado mexicano: las Fuerzas Armadas”.

Aseveró que “dentro de las preocupaciones de diversos organismos defensores de los derechos humanos y de la comunidad internacional, se destacan entre otros temas: el papel indebido de las fuerzas armadas, la ausencia de controles y sanciones a cualquier abuso, la ausencia de políticas de fortalecimiento de las instituciones, la indebida protección y garantía de los derechos, así como su inconstitucionalidad”.

Sin embrago, agregó, “de nada sirvieron los llamados y observaciones del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; la Comisión Interamericana; los relatores especiales de la ONU; los rectores de las más connotadas universidades nacionales; organizaciones internacionales de derechos humanos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch; especialistas en derecho y en seguridad; y más de 250 mil personas que enviaron comunicaciones externando su preocupación ante la inminente aprobación de la ley. Pocas veces en la historia reciente una ley despertó tan amplio consenso en cuanto a su rechazo”.

Reyes Montiel enfatizó que “a 12 años que se tomó la decisión de enfrentar con el Ejercito a la criminalidad, el país es hoy más violento e inseguro que hace una década, por lo que la utilización del Ejercito en tareas de seguridad pública en más del 75 por ciento del territorio nacional no ha sido la respuesta”.

Asimismo, “este sexenio está marcado por la inseguridad, la impunidad y serias violaciones a los derechos humanos, por lo que México ha sido señalado internacionalmente, por Iguala, Apatzingán, Tlatlaya, que son algunos de los casos más representativos que incentivaron graves violaciones por la indebida extensión del fuero militar”.

La legisladora del PRD puntualizó que “los cuerpos policiacos deben ser los encargados de brindar la seguridad pública, pero el Ejecutivo insiste en que las fuerzas armadas asuman esta tarea. Los resultados de esta política se reflejan en el aumento histórico de la violencia en el país, con una guerra que ha tenido grandes costos económicos, pero más allá de esto, ha costado miles de vidas humanas, separaciones de familias y el deterioro del tejido social”.

Por todo lo anterior, Reyes Montiel hizo un llamado a los integrantes de la Cámara de Diputados, para asumir “este momento histórico y abroguemos la Ley de Seguridad Interior. Confío plenamente en que queremos lo mismo: el bienestar de nuestro país, pero la vía no es más violencia, no es la permanente guerra interna. La seguridad no está en el uso de las armas ni en la guerra, sino en el bienestar social”.