• La reforma a la Ley General de Educación busca apoyar a la economía familiar.
La Comisión de Educación, que preside la diputada Flora
Tania Cruz Santos (MORENA), aprobó un dictamen que reforma la Ley General de
Educación, a fin de definir el porcentaje de becas en la educación privada.
El documento establece que los particulares que impartan
educación con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios
deberán otorgar becas que cubran la impartición del servicio educativo, el
porcentaje mínimo del total de alumnos inscritos en cada plan y programa de
estudios con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios será
de entre el cinco al diez por ciento.
Además, estipula que corresponderá a la Secretaría de
Educación Pública definir el porcentaje mínimo de las becas y tendrá que
incluir la participación de los representantes de las instituciones
particulares.
Cruz Santos explicó que en la legislación se prevé un
porcentaje del cinco por ciento, por ello se decidió dejar este como margen, a
fin de coadyuvar a la educación de niñas, niños y adolescentes que debido a la
pandemia han tenido que abandonar las instituciones privadas.
“Estamos a favor de la educación de sumar y atender los
momentos difíciles que enfrenta el país y por ende las madres y padres de
familia”.
En su intervención, la diputada Olga Luz Espinosa Morales
(PRD) comentó que en el presente dictamen genera mucho ruido lo que estamos
legislando, ya que se indica que las becas no podrán ser inferiores al 5 o 10
por ciento y realmente no se le está poniendo un mínimo.
“Lo que se busca con este dictamen es que los chicos que a
raíz de la pandemia tuvieron que abandonar las escuelas particulares tengan la
opción de entrar a la escuela particular, lo único que a mí me generaría un
poco de ruido es que le estamos dando la decisión final a la Secretaría de
Educación para que ellos definan el resultado de las becas”.
La diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo (PRI) dijo que este es
un dictamen que parte de la sensibilidad de apoyar a la economía familiar,
particularmente porque derivado de la pandemia los ingresos en los hogares se
vieron afectados. Asimismo, señaló que es necesario generar estrategias que
permitan a las escuelas particulares sobrevivir para brindar servicios
educativos de calidad y mantener sus operaciones.
Comentó que el Sistema Educativo debe ser visto de forma
integral, la educación pública y privada deben ser aliadas ya que ambas son un
motor que permite beneficiar a más jóvenes, niños y niñas en nuestro país.
Agregó que con esta reforma también se pone en riesgo a las instituciones que
imparten educación privada porque estas escuelas durante la pandemia quedaron
desprotegidas.
El diputado Román Cifuentes Negrete (PAN) manifestó que ante
la situación apremiante en el esquema económico, las escuelas también requieren
de apoyo y certeza para seguir funcionando.
“El tema de que se determine como obligatorio para las
escuelas tiene que quedar específicamente definido y no dejémoslo en un esquema
que dé posibilidad a una intervención discrecional que pudiera ser abusiva por
parte de la Secretaría de Educación Pública”, argumentó.
Sonia Rincon Chanona, diputada de MORENA, se pronunció a
favor del dictamen, toda vez que la propuesta es noble y está enfocada a ayudar
a las niñas, niños y adolescentes que por la situación de la pandemia requieren
esa beca.
Detalló que el cinco por ciento ya está establecido en casi
todos los estados y quien emite la convocatoria para las becas es la SEP y
firmada con la Asociación de Escuelas Particulares.
Por el PRI, Sayonara Vargas Rodríguez, mencionó que con este
porcentaje establecido en el dictamen no se perjudica a las instituciones
particulares; no obstante, subrayó que en el futuro esta instancia analice a la
educación privada como un punto a legislar en terminas fiscales, de calidad e
infraestructura.
Enfatizó que se debe romper el paradigma de que se va a una
escuela privada porque tienes recursos económicos, por lo que esta reforma
podría beneficiar a muchas y muchos estudiantes.
Del PAN, Esther Mandujano Tinajero coincidió que muchos
alumnos de las instituciones privadas no asisten porque sea la opción que ellos
buscan, sino la que tienen más cerca, de ahí la importancia de fijar un
porcentaje y que sea responsabilidad de la Secretaría de Educación Pública la
que otorgue las becas.
Argumentó que se deben definir los parámetros para cada
escuela, ya que no puede medirse de la misma forma a una institución particular
de provincia o una ubicada en la ciudad.
Las y los integrantes de la Comisión avalaron desechar la
Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de
la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y de la Ley
General de Educación enviada por la Cámara de Senadores, en diciembre de 2018 y
tiene como objetivo profundizar en las definiciones y alcances de la educación
inclusiva.
No obstante, la presidenta de la Comisión indicó que la intención de la promovente ya está atendida en la legislación vigente, surgida de la reforma educativa de 2019.
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