*Plantea mecanismos de planeación, coordinación y
competencia de las autoridades para garantizar derecho a la alimentación.
La Cámara de Senadores aprobó un dictamen para expedir la
Ley General de la Alimentación Adecuada y Sostenible, que establece las bases
para la promoción, protección, respeto y garantía del derecho a la
alimentación.
El proyecto de decreto fue aprobado, en lo general, con 98
votos a favor; y 95 votos en lo particular, por lo que fue remitido a la Cámara
de Diputados para su trámite correspondiente.
La Ley prioriza los derechos a la salud, al medio ambiente,
al agua, así como el interés superior de la niñez, en las políticas
relacionadas con la alimentación adecuada que diseñe el estado mexicano.
En el documento se define la alimentación adecuada como el
consumo de alimentos nutritivos, suficientes y de calidad, que satisface las
necesidades fisiológicas de una persona en cada etapa de su ciclo vital, acorde
a su contexto cultural y para posibilitar su desarrollo integral y una vida
digna.
Dicho ordenamiento busca asegurar la producción, abasto,
distribución justa y equitativa, así como el consumo de alimentos nutritivos,
suficientes, de calidad, inocuos y culturalmente adecuados.
Además de fortalecer la autosuficiencia, la soberanía y la
seguridad alimentaria del país; establecer las bases para la participación
social en las acciones encaminadas a lograr el ejercicio pleno del derecho a la
alimentación adecuada, y promover la generación de entornos alimentarios
sostenibles, que propicien el consumo informado de alimentos saludables y
nutritivos.
De acuerdo con la propuesta, los tres órdenes de gobierno desarrollarán políticas integrales para garantizar una alimentación adecuada de
la niñez, de mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, con atención
prioritaria en zonas de alta y muy alta marginación.
Además, pretende que niñas, niños y adolescentes, que cursan
la educación básica, tengan derecho a recibir alimentación adecuada en los
establecimientos escolares, de forma gratuita o a precios asequibles para sus
familias.
Lo anterior, de acuerdo con sus condiciones de
vulnerabilidad y tomando en cuenta la situación económica de la zona geográfica
en la que se encuentren.
Para ello, la Secretaría de Educación Pública, en
coordinación con la Secretaría de Salud, el Sistema Nacional para el Desarrollo
Integral de la Familia y sus homólogos en las entidades federativas, fomentarán
programas, acciones y campañas permanentes, de fácil comprensión, sobre la
información y educación nutricional, los sistemas de producción como la
agroecológica, así como de entornos y estilos de vida saludables.
La senadora Ana Lilia Rivera Rivera, promotora de esta
iniciativa, consideró que este es un día histórico en el Senado de la
República, pues “rara vez” el Poder Legislativo tiene una oportunidad crucial
para garantizar justicia social para quienes habitan el país.
Recordó que después de más de 10 años se pudo votar esta
propuesta, que tiene el objetivo de que la alimentación sea considerada como el
primer derecho que guarda interdependencia directa con la vida.
“Es evidente que el Poder Legislativo está jurídicamente
obligado a promulgar una legislación, un marco que sirva de instrumento para
que, a través de todos los niveles de gobierno, se realicen esfuerzos efectivos
destinados a hacer valer el derecho a la alimentación”.
A nombre de la Comisión de Desarrollo y Bienestar Social, la
senadora Marcela Mora Arellano, dijo que la Ley atiende el derecho a la
alimentación, “que está vinculado con el más importante de todos, el derecho a
la vida”.
El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos
Segunda, Rafael Espino de la Peña, destacó que la alimentación adecuada en
México es un tema fundamental para promover la salud de la población y para
prevenir enfermedades.
Gilberto Herrera Ruiz, senador de MORENA, sostuvo que su
partido trabaja para recuperar la producción alimenticia de nuestro país, con
el apoyo a las y los productores mexicanos. En ese sentido, destacó que este
ordenamiento ayudará a que este país produzca lo que come y a darle una vida
digna a las personas que viven del campo.
El senador José Alfredo Botello Montes, del PAN, manifestó
que, “a pesar de que el proyecto está plagado de buenos deseos”, porque, aunque
se establece en esta Ley el derecho a la alimentación adecuada a los niños, en
los establecimientos escolares que se ubiquen en lugares con altos índices de
pobreza, marginación y desnutrición alimentaria, no se contempla presupuesto
adicional para poner en marcha estas reformas.
La senadora Gabriela Benavides Cobos, del PVEM, dijo que
este ordenamiento permitirá que se le otorgue alimentación a las personas que
no puedan acceder a ellos por su cuenta y a quienes más lo necesitan.
Por el PT, el senador Alejandro González Yáñez, manifestó
que esta legislación es fundamental para la salud de las y los mexicanos, ya
que revolucionará el sistema alimenticio de México y abonará a los proyectos
que tienen el propósito de mejorar el plan de nutrición corporal.
Del Grupo Plural, la senadora Nancy de la Sierra Arámburo
destacó que con la aprobación de esta Ley se garantizará la creación de una
estrategia nacional de alimentación, a fin de proteger a los grupos más
vulnerables, asegurar el acceso alimentos más nutritivos, así como apoyar a
medianos productores.
La Asamblea aprobó una reserva que presentó la senadora
Claudia Ruiz Massieu Salinas, para establecer que productores y distribuidores
de alimentos tienen que proveer la información que se les solicite en cuanto a
los insumos o procesos que utilicen para generar sus productos o servicios, sin
perjuicio de lo dispuesto en las disposiciones aplicables en materia de
propiedad industrial.
También se avaló una reserva del senador de Movimiento
Ciudadano, Noé Castañón, a fin de establecer que todo lo que se regula quede en
términos de lo que fija la Ley, lo que representa “una manera de blindar el
ordenamiento para no dejar un vacío que pueda permitir alguna impugnación”.
Posteriormente, la senadora del PES, Marcela Mora Arellano,
propuso otra reserva para fijar que las empresas o comercios en cuyas
instalaciones se distribuyan alimentos o bebidas para sus propias personas
trabajadoras, tengan la obligación de atender las disposiciones establecidas en
la ley.
La legisladora planteó que los establecimientos comerciales
eviten que se desechen alimentos que se encuentren en condiciones de ser
consumidos por los seres humanos, reservas que también fueron aceptadas por la
asamblea.
