Busca iniciativa moderar el uso de dispositivos móviles en planteles de educación básica y media superior

• El Diputado González Hernández (MORENA) propone cambios a las leyes de Educación, de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y de Salud

• En México, más del 70 por ciento de estudiantes de educación básica porta teléfono celular en la jornada escolar y 40 por ciento reconoce usarlo con fines no académicos

Con el propósito de que el Estado fomente la capacidad de las y los alumnos para utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de manera responsable y eficiente, y moderar el uso de dispositivos móviles en los planteles educativos, salvo en casos de emergencia o autorización expresa de las autoridades educativas, el Diputado Juan Antonio González Hernández (MORENA) impulsa una iniciativa.

Las modificaciones a las leyes generales de Educación, de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y de Salud, fueron turnadas a las comisiones unidas de Educación y de Derechos de la Niñez y Adolescencia para dictamen, y a la de Salud para opinión.

Menciona que la moderación o disminución en el uso de celulares en las escuelas puede tener un impacto positivo en la salud y el rendimiento académico, ya que los alumnos sin acceso a celulares en la escuela obtienen mejores resultados y una mejor salud mental que aquellos que sí los usan.

En México, más del 70 por ciento de los estudiantes de educación básica porta un teléfono celular durante la jornada escolar, de ahí que el 40 por ciento reconoce usarlo con fines no académicos, lo cual ha generado distracciones, bajo rendimiento y conflictos en el aula, refiere.

González Hernández indica que el uso de dispositivos móviles en espacios escolares ha sido identificado como un factor de riesgo en casos de acoso escolar (bullying y ciberbullying), contacto con desconocidos, exposición a contenidos inapropiados, reclutamiento en línea por la delincuencia organizada y deterioro de la salud visual y mental; de ahí que considera indispensable establecer una política pública nacional de entornos educativos libres de celulares.

Las adiciones a la Ley General de Educación señalan que se fomentará en las personas una educación basada en la participación en bases y lineamientos generales para promover entornos educativos seguros, saludables y libres de adicciones, acoso, violencia y distracciones tecnológicas que afecten el proceso educativo.

También, la emisión de disposiciones generales para moderar, regular o restringir el uso de teléfonos celulares, tabletas electrónicas y dispositivos análogos en los centros escolares públicos y privados de educación básica y media superior.

Asimismo, la promoción de entornos escolares libres de dispositivos electrónicos personales durante la jornada escolar, como medida de protección a la salud, la concentración y el bienestar emocional.

Además, en la formulación de las estrategias de aprendizaje quedaría integrada la moderación del uso de teléfonos celulares, tabletas electrónicas, relojes inteligentes y cualquier otro dispositivo con acceso a internet o redes sociales, dentro de las aulas de enseñanza de los planteles educativos de nivel primaria y secundaria, así como durante el horario de clases y actividades escolares, salvo en casos de emergencia o autorización expresa de las autoridades educativas.

Las autoridades educativas federales y locales implementarán campañas permanentes de sensibilización sobre los riesgos del uso excesivo de dispositivos electrónicos, así como estrategias de fomento al uso responsable de las tecnologías y la convivencia escolar libre de distracciones digitales.

Enfatiza que en todas las escuelas públicas y privadas de educación básica quedaría moderado el uso de teléfonos celulares, tabletas o dispositivos electrónicos personales durante el horario escolar, salvo cuando sean requeridos expresamente para actividades pedagógicas autorizadas por la o el docente o, en su caso, la dirección escolar.

Las autoridades educativas establecerán protocolos para el resguardo seguro de los dispositivos durante la jornada escolar y garantizarán el derecho de comunicación de emergencia o de carácter pedagógico de los alumnos, a través de los canales institucionales.

La Secretaría de Educación Pública fomentará programas de sensibilización sobre el uso responsable de tecnologías, de salud visual y mental y la prevención del acoso digital.

En la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes se adiciona una fracción XXI al artículo 13, para establecer el derecho a recibir una educación de calidad que les permita desarrollar sus habilidades y alcanzar su máximo potencial, a través de un entorno seguro y propicio, libre de distracciones y riesgos asociados al uso moderado de dispositivos móviles electrónicos.

Mientras que en la Ley General de Salud plantea que en la promoción de la salud se colabore con las autoridades educativas para garantizar que los planteles escolares de nivel básico sean entornos saludables y seguros, libres de riesgos que perjudiquen las condiciones de salud asociados al uso no moderado de dispositivos móviles electrónicos.

También, que en las bases de coordinación que se establezcan entre las autoridades sanitarias y educativas competentes, se considere la prevención de daños visuales, trastornos del sueño, problemas musculoesqueléticos, sedentarismo, riesgo cardiometabólico y alteraciones psicológicas en madurez, atención y memoria, derivados del uso prolongado y excesivo de dispositivos electrónicos en la población infantil y adolescente.

Piden que el Estado garantice cuidado de infancias y adolescentes con escuelas de horario completo

• El Diputado Zavala Gutiérrez (MC) impulsa cambios a la Ley General de Educación

• Se deberán proveer servicios de cuidado básicos tales como alimentación saludable, nutritiva y gratuita, en el nivel básico

El Diputado Juan Ignacio Zavala Gutiérrez (MC) propuso reformar la Ley General de Educación para que el Estado implemente programas y políticas públicas que garanticen el cuidado de las infancias y adolescentes, mediante el establecimiento de escuelas con horario completo en educación básica.

Las modificaciones a los artículos 3, 9 y 114 precisan que dichas escuelas incluirán servicios de cuidado básicos tales como alimentación saludable, nutritiva y gratuita y se deberá privilegiar su establecimiento en aquellas zonas con mayores índices de pobreza, marginación y condición alimentaria.

Asimismo, plantea estipular que entre las atribuciones de las autoridades educativas de los estados y Ciudad de México esté el implementar programas y políticas que complementen los planes y programas que emita la Secretaría de Educación Pública, entre ellas las que garanticen el cuidado de las infancias y adolescencias, así como el ofrecimiento de servicios educativos de horario completo.

Para dichos efectos, precisa, las acciones que promuevan dichas autoridades se regirán por el principio de complementariedad; es decir, no sustituyen ni excluyen a los planes y programas que emita la Secretaría.

El documento, remitido a la Comisión de Educación, afirma que se busca reconocer a las escuelas de tiempo completo como ejes fundamentales de la estrategia de educación y de cuidados a nivel nacional, a fin de que sus alcances apoyen a las niñas y niños de zonas con mayor índice de marginalidad a reducir las barreras que les impidan tener un desarrollo pleno y digno.

Al mismo tiempo, agrega, que estos planteles formen parte de una política integral de cuidados que vele por el bienestar y el goce de derechos de las personas cuidadoras.

Con esta reforma, indica, se impulsa el fortalecimiento del federalismo en el nivel educativo, desde donde las entidades puedan focalizar y colaborar en su implementación de conformidad con los contextos locales. Todo ello, con la finalidad de que las escuelas logren convertirse en un vehículo de desarrollo social en todo el país.

Proponen en la Cámara de Diputados implementar programas y políticas para atender el bullying

• La Diputada González González (PRI) presentó reformas a la Ley General de Educación

La Diputada Ana Isabel González González (PRI) presentó una iniciativa que adiciona los artículos 16 Bis, 16 Ter, 16 Quáter y 16 Quinquies a la Ley General de Educación, para atender el bullying como responsabilidad compartida.

Establece que el Estado priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el ejercicio de su derecho a una vida libre de violencia, el cuidado y respeto a la integridad personal. Para tal efecto, garantizará el desarrollo de programas y políticas públicas que hagan efectivo ese principio constitucional.

Señala que se entenderá por bullying toda forma de violencia física, verbal, psicológica o digital ejercida de manera reiterada por un estudiante hacia otro, con el fin de intimidar, excluir o dañar.

Asimismo, se propone que los padres o tutores tendrán por obligaciones participar en programas de prevención y capacitación sobre convivencia escolar, colaborar con las autoridades educativas en la corrección de conductas de sus hijas e hijos y garantizar que reciban atención psicológica cuando así lo determine la autoridad escolar.

La Diputada González González explica que cuando un estudiante incurra en conductas de bullying, se propone que se apliquen a sus padres o tutores las siguientes medidas: como primera reincidencia, amonestación y obligación de asistir a cursos de parentalidad positiva; segunda, una multa económica proporcional al ingreso familiar, determinada por la autoridad competente; tercera, canalización obligatoria a las instancias de procuración de justicia para evaluar medidas de protección y responsabilidad parental.

Enfatiza que las sanciones deberán ser proporcionales, garantizando siempre el interés superior de la niñez y evitando criminalizar a los menores.

La propuesta, enviada a la Comisión de Educación para su dictamen, además establece que la Secretaría de Educación Pública, en coordinación con el Sistema Nacional DIF y las procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, establecerá los lineamientos para la aplicación de este capítulo.

En su exposición de motivos, detalla que el acoso escolar, conocido comúnmente como bullying, se ha consolidado como una de las principales causas de deserción en el ámbito de la educación básica, generando no sólo un impacto negativo en el rendimiento académico de los estudiantes, sino también consecuencias psicológicas severas y un aumento en la violencia juvenil.

Enuncia que las manifestaciones del bullying pueden ser diversas, incluyendo agresiones físicas, verbales, psicológicas y digitales, como el ciberacoso. Estas acciones se caracterizan por su repetición y por un evidente desequilibrio de poder entre el agresor y la víctima, lo que agrava la situación de vulnerabilidad de quienes las sufren.

La legisladora expone que a pesar de que la Ley General de Educación y la de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes reconocen el derecho de los menores a vivir sin violencia, no especifican claramente la responsabilidad parental en relación con el bullying.

Una regulación en el ámbito de la educación básica es una necesidad apremiante, ya que su implementación ayudaría a cerrar los vacíos legales, así como prevenir daños irreparables en la salud emocional y el desarrollo integral de las niñas y niños, quienes son los más vulnerables en estas circunstancias, considera.

La Diputada González González manifiesta que, al establecer un marco regulatorio adecuado, se puede garantizar un entorno educativo más seguro y propicio para el crecimiento de los menores. También, que docentes y estudiantes cuenten con herramientas para identificar y enfrentar el acoso.

Plantean en la Cámara de Diputados incluir educación financiera básica en planes y programas de secundaria, media superior y superior

• El Diputado Ávila Anaya (MORENA) presentó cambios a la Ley General de Educación

El Diputado Arturo Ávila Anaya, de MORENA, presentó una iniciativa que reforma la fracción XIV al artículo 30 de la Ley General de Educación, para incorporar en los planes y programas de secundaria, media superior y superior, la educación financiera básica. 

Establece que la educación financiera básica promoverá entre las y los educandos el conocimiento y la práctica de hábitos responsables relacionados con el ahorro, el crédito, la planeación económica personal y familiar, el consumo responsable y el emprendimiento social, fomentando el uso ético de los recursos y la inclusión financiera;

La propuesta, turnada a la Comisión de Educación para su estudio y dictamen, señala que diversos estudios elaborados por organismos como la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) y el Banco de México, revelan que una proporción importante de la población en México carece de conocimientos elementales sobre ahorro, crédito, inversión y planeación financiera.

Esta carencia, subraya, repercute en decisiones económicas poco informadas que pueden derivar en sobreendeudamiento, falta de ahorro y vulnerabilidad ante imprevistos, afectando el desarrollo económico individual y nacional.

Considera que la incorporación de contenidos de educación financiera en los planes y programas de estudio de la educación secundaria, media superior y superior permitirá que desde edades tempranas las y los estudiantes comprendan conceptos básicos como el valor del dinero, el ahorro, la elaboración de presupuestos, el uso responsable del crédito, la importancia de la planeación a corto y largo plazo, así como el emprendimiento social. 

Asegura el legislador que estos conocimientos no sólo fortalecen la cultura económica y financiera del país, sino que también contribuyen a formar ciudadanos conscientes, responsables y solidarios.

Además, puntualiza que este tipo de educación fomenta valores alineados con la justicia social y la economía solidaria, al promover prácticas de consumo responsable, inversión ética y uso racional de los recursos.

Piden en la Cámara de Diputados instalar sistemas de videovigilancia en escuelas para fortalecer la seguridad de la comunidad educativa

• La Diputada María Graciela Gaitán Díaz (PVEM) impulsa iniciativa que adiciona una fracción VIII al artículo 103 de la Ley General de Educación

La Diputada María Graciela Gaitán Díaz (PVEM) propone adicionar una fracción VIII al artículo 103 de la Ley General de Educación, a fin de que en los planteles escolares se instalen sistemas de videovigilancia como parte de las acciones de infraestructura y seguridad educativa.

La iniciativa, turnada a la Comisión de Educación, establece que la Secretaría de Educación Pública (SEP) deberá incluir dentro de los lineamientos para la construcción, equipamiento y mantenimiento de escuelas, la colocación de cámaras de circuito cerrado o en tiempo real en patios, accesos a baños y áreas de tránsito común.

Estos sistemas estarán conectados al centro de comando escolar y al Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) que corresponda, y garantizarán la seguridad de los estudiantes, docentes y personal administrativo, y operarán bajo los lineamientos establecidos por las autoridades competentes en materia de privacidad y protección de datos personales, puntualiza.

En la exposición de motivos, Gaitán Díaz señala que las escuelas son el segundo espacio de convivencia más importante para niñas, niños y adolescentes, por lo que resulta indispensable garantizar entornos seguros, libres de violencia y que protejan su integridad física, emocional y psicológica. 

Menciona que la Subsecretaría de Educación Básica, a través del estudio Entornos escolares seguros (SEP, 2023), subraya la necesidad de reforzar acciones preventivas para proteger a la comunidad educativa.

Advierte que la prevalencia del acoso y la violencia escolar en México mantiene niveles alarmantes, pues la OCDE posiciona al país en primer lugar en casos de bullying en educación básica, mientras que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reporta que siete de cada diez estudiantes han sufrido algún tipo de violencia en el entorno escolar.

Asimismo, organismos como la Red por los Derechos de la Infancia en México y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia han advertido que estas situaciones afectan gravemente el rendimiento académico y la salud mental de las y los estudiantes, agrega.

Considera que, si bien existen protocolos escolares para la detección de riesgos, ingreso seguro, manejo de crisis y mecanismos de denuncia, estos esfuerzos no han sido suficientes para detener el incremento de incidentes de violencia, por lo que resulta urgente adoptar medidas tecnológicas proporcionales y respetuosas de los derechos humanos, que permitan prevenir agresiones, identificar responsables y actuar con oportunidad.

La iniciativa se encuentra alineada con lo dispuesto en los artículos 3o., 4o. y 16o. de la Constitución, que establecen la obligación del Estado de garantizar una educación integral en espacios seguros y libres de violencia, así como proteger a la infancia con medidas adecuadas de seguridad que no vulneren la privacidad, indica. 

Los tratados internacionales, como la Convención sobre los Derechos del Niño y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, también obligan al Estado mexicano a adoptar acciones efectivas para prevenir la violencia escolar.

La legisladora asegura que la implementación de sistemas de videovigilancia representa una medida necesaria, proporcional y urgente para proteger a la niñez y adolescencia, al tiempo que permitirá fortalecer la prevención, brindar mayor tranquilidad a madres, padres y tutores, y avanzar hacia escuelas más seguras y libres de violencia.

Mario Delgado Carrillo: "Ni un paso atrás en la erradicación de la comida chatarra"

Vida saludable

• “Nos proponemos una nueva cultura de alimentación saludable a partir de la educación”, dijo

• Anteriormente hubo muchos intentos por sacar la comida chatarra de las escuelas, pero esta ocasión será definitiva, aseguró el Secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo

El Secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, explicó que “hay un avance en el monitoreo que tenemos en las escuelas del país. Vemos que se están cumpliendo los lineamientos de erradicar la comida chatarra al interior de las escuelas. Es así que no habrá ni un paso atrás en estas acciones primero porque la ley no se negocia. Y de acuerdo a la Ley General de Educación y a los lineamientos establecidos por la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Salud el pasado 30 de septiembre, ya no se puede vender comida chatarra ni refrescos ni bebidas azucaradas al interior de las escuelas”.

Y segundo, agregó el Secretario de Educación Pública Mario Delgado Carrillo, no van a regresar los productos ultra procesados, la comida de chatarra, a los planteles porque dentro de la Nueva Escuela Mexicana (NEM), el eje articulador Vida saludable apuesta por formar una nueva cultura alimenticia entre las niñas, niños, jóvenes y adolescentes. La gran apuesta es por la educación para formar a la generación de mexicanos más fuerte, saludable y feliz en la historia de México. Y en esta tarea de tener una nueva cultura alimenticia, las y los maestros, los directores y las directoras, han sido clave para que se respeten estos lineamientos; además nuestros grandes aliados siempre serán los padres y madres de familia”.

Lo anterior lo informó el titular de la SEP como resultado de que, durante el mes de abril, casi un millón de personas se han capacitado sobre qué se puede ofrecer y qué no se puede vender al interior de las escuelas a través de talleres presenciales, y -en línea- por parte de la Dirección General https://aprende.gob.mx/ de la SEP.

“Vamos a llegar en breve a un millón de capacitaciones, lo cual revela que hay un genuino interés de todo el sistema educativo por fortalecer la estrategia de vida saludable del gobierno de México”, expresó finalmente el Secretario de Educación Pública Mario Delgado Carrillo.

Piden prohibir uso de celulares, tabletas electrónicas y relojes inteligentes en planteles de educación básica

• Ello, con excepción de alumnos de educación especial
• La diputada María Isidra De la Luz Rivas (PT) impulsa cambios a la Ley General de Educación

Con el objetivo de prohibir el uso de celulares, tabletas electrónicas y relojes inteligentes de uso personal dentro de los planteles de educación básica, con excepción de alumnos de educación especial, la Diputada María Isidra De la Luz Rivas (PT), propuso reformar la Ley General de Educación. 

La iniciativa, turnada a la Comisión de Educación y que plantea reformar los artículos 42 y 84 de dicha norma legal, resalta que las horas de clase que tienen las niñas y niños de educación básica (inicial, preescolar, primaria y secundaria) son vitales para su aprendizaje y conocimiento, a fin de fomentar el adecuado desarrollo y adaptación a su entorno educativo, cultural y social. 

Al aislarse por el uso del celular puede limitar sus interacciones sociales y dejar de lado la comunicación de frente para resolver conflictos, la empatía, asertividad o sumar amistades, agrega.

Advierte que las y los estudiantes de nivel básico pueden pasar muchas horas en redes sociales en casa o en la escuela desde sus dispositivos electrónicos personales y en ellos observan publicaciones de Facebook, Instagram, Tik Tok y Youtube, por mencionar algunas redes.

Las aplicaciones y plataformas, agrega, representan distracciones para las capacidades de aprendizaje, pero también implican amenazas a la privacidad de sus datos. “No existen limitaciones a estas distracciones, por lo que los estudiantes quedan expuestos, incluidos sus datos personales”.

Precisa que las distracciones tecnológicas incluyen toda red social, llamadas, notificaciones, mensajes de texto, videos y búsquedas que limitan el tiempo destinado a poner atención a las clases e influyen en un bajo rendimiento académico y, en caso de un uso excesivo, puede generar ansiedad.

El documento refiere que la Agencia de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), recomienda prohibir el uso de celulares y smartphones en todas las aulas para evitar que alumnas y alumnos se distraigan en su aprendizaje, porque basta con tener un teléfono cerca para desconcentrar a estudiantes, derivado de revisar redes sociales, contestar mensajes o notificaciones y pueden tardar hasta 20 minutos en volver a centrarse en su aprendizaje.

Mientras que la Organización Mundial de la Salud (OMS), recomienda que menores de dos años no usen pantallas y que las y los niños de 2 a 5 años no las utilicen más de una hora al día; de 5 a 17 años, limitarlas dos horas al día. Algunos de los efectos del uso excesivo son problemas de conducta, trastornos del sueño, depresión infantil y ansiedad, dificultad para procesar el aprendizaje y la lecto-escritura, así como impacto en el desarrollo del cerebro. 

La iniciativa menciona que 79 países han prohibido o limitado el uso de celulares en las escuelas, entre los que se encuentran España, Francia, China y Estados Unidos. 

Ante ello, la reforma plantea que la prohibición del uso de celulares y otros aparatos, no debe considerarse para la educación especial, ya que es una modalidad que se adapta a las necesidades de los estudiantes con discapacidad, los de aptitudes sobresalientes o con dificultades de aprendizaje.

Piden deducir 100 por ciento del ISR a colegiaturas de los niveles básico, medio superior y superior

• La Diputada Gutiérrez Valtierra (PAN) presentó una iniciativa para modificar el artículo 151 de la Ley en la materia

La Diputada Diana Estefanía Gutiérrez Valtierra (PAN) presentó una iniciativa que adiciona la fracción IX al artículo 151 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, para deducir el 100 por ciento de este gravamen en colegiaturas hasta el nivel superior de educación.

La propuesta, turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, plantea que se podrán deducir los pagos efectuados por el contribuyente por servicios educativos realizados a instituciones privadas que tengan autorización o reconocimiento de validez, por la impartición de enseñanza básica, media superior y superior, en los términos de la Ley General de Educación.

Incluye los gastos en educación para sí, su cónyuge o la persona con quien viva en concubinato, sus ascendientes o sus descendientes en línea recta, y que hayan tenido por objeto cubrir, únicamente, los servicios correspondientes a los programas y planes de estudio autorizados para el nivel educativo de que se trate, como cuotas de inscripción o reinscripción.

Dichos pagos deberán realizarse mediante cheque nominativo del contribuyente, traspasos de cuentas en instituciones de crédito o casas de bolsa o mediante tarjeta de crédito, de débito o de servicios.

De esta forma, el contribuyente comprobará, mediante documentación que reúna requisitos fiscales, que las cantidades correspondientes fueron efectivamente pagadas en el año de calendario de que se trate a instituciones educativas privadas residentes en el país.

Precisa que en el comprobante fiscal las instituciones educativas deberán separar el monto que corresponda por concepto de enseñanza del alumno, de inscripción o reinscripción, en su caso, y que los pagos por servicios de enseñanza referidos en esta fracción serán deducibles al 100 por ciento.

Menciona que el citado artículo de la ley del ISR no considera los pagos de servicios educativos privados como deducibles personales, pero sí para los gastos destinados a la transportación escolar.

Argumenta que miles de familias hacen un gran esfuerzo para integrar a sus hijos al sistema educativo privado y allegarles las mejores herramientas educativas que ofrece el mercado, así como enfrentar la escasez de escuelas de tiempo completo que, en la educación inicial, preescolar y básica, es esencial para que las madres desarrollen una actividad laboral.

Asimismo, hay quienes recurren a las escuelas privadas para atender condiciones neurológicas, discapacidad física o mental, y enfermedades de los educandos que no encuentran una respuesta en el contexto público.

Cualesquiera que sean las razones por la que los padres optan por un sistema de educación privada, lo cierto es que la familia completa asume una carga impositiva irracionalmente gravosa, advierte.

Expresa que “todos los seres humanos nacemos iguales en dignidad y derechos, por lo que el Estado debe garantizarlos y protegerlos, como el de la educación”.

Piden que el sector educativo fomente el uso responsable y seguro de las tecnologías de la información y comunicación

• La Diputada Aguilar Gil (PT) plantea reformas a la Ley General de Educación

Con el objetivo de que la educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares tenga entre sus fines fomentar el uso responsable y seguro del internet, y de los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, la Diputada Lilia Aguilar Gil (PT) impulsa reformas a la Ley General de Educación.

La iniciativa, que plantea modificar los artículos 7 y 14, añade que tanto las autoridades educativas federal y locales, de manera concurrente, adoptarán las medidas necesarias para garantizarlo.

Señala que se busca modernizar este ordenamiento para abordar las necesidades de la era digital y garantizar que las y los estudiantes, así como los docentes, cuenten con herramientas y formación necesarias para aprovechar las oportunidades que brindan los medios digitales en la educación.

En la actualidad, resalta, es fundamental que dicha ley se actualice para incorporar formalmente el uso de tecnologías digitales, dado que este aspecto no sólo responde a las necesidades educativas contemporáneas, sino que también se alinea con un derecho fundamental contemplado en la Constitución Política.

Refiere que la Carta Magna establece el derecho de acceso a la información y a las tecnologías de la información y comunicación (TIC); por ello, es importante asegurar que todas las personas, incluyendo a las y los estudiantes, tengan acceso a las herramientas necesarias para su desarrollo integral.

El documento, enviado a la Comisión de Educación, subraya que considerar a la tecnología como un componente esencial en la educación de México responde a la obligación del Estado de garantizar la equidad en el acceso a recursos educativos.

Afirma que integrar y modernizar la ley asegura que las y los estudiantes, independientemente de su edad, tengan acceso a las herramientas y recursos digitales necesarios para su educación, permitiendo que esta legislación esté en mayor armonía.

Proponen fortalecer la capacidad de adaptación de estudiantes de nivel básico a riesgos por desastres naturales

* La Diputada De la Luz Rivas (PT) busca reformar la Ley General de Educación

La Diputada María Isidra De la Luz Rivas (PT) planteó reformar la Ley General de Educación, a fin de que las autoridades educativas desarrollen programas que mejoren la educación de niñas y niños, así como capacitarlos en actividades ambientales como plantar árboles, separar los residuos, gastar menos energía eléctrica y no tirar basura.

Para ello, propuso adicionar la fracción VII al artículo 9° de dicha ley para establecer que las autoridades educativas celebren convenios de colaboración interinstitucional con dependencias de la Administración Pública Centralizada, para llevar a cabo acciones conjuntas que desarrollen programas para estudiantes de nivel básico de instituciones educativas oficiales y particulares, para que fortalezcan la resiliencia, sensibilicen y capaciten para la adaptación a los riesgos relacionados con el cambio climático.

La iniciativa, que se analizará en la Comisión de Educación, expone que en los próximos años el cambio climático dejará efectos en el aumento de la temperatura de los océanos y la superficie terrestre, la modificación de los patrones naturales de precipitación e inundaciones, huracanes de mayor intensidad, sequías prolongadas, aumento en el número de días y noches cálidas.

También, en la disminución y disponibilidad de agua para consumo humano y agrícola, mayor propensión a incendios forestales, así como alteración de los ciclos biológicos y distribución geográfica de la flora y fauna.

Agrega que el impacto económico, social y natural deja huella en la agricultura, infraestructura, zonas costeras, biodiversidad y todo lo concerniente al sistema hídrico.

Ante este panorama, destaca que, para tener conocimiento y fortaleza en el futuro respecto al cambio climático, es necesario que las niñas y los niños tengan conocimientos mínimos de los impactos naturales a los que van a enfrentarse.

Menciona que la Secretaría de Educación Pública, en el ciclo escolar 2023-2024, entregó libros de texto gratuitos en materia de crisis ambiental; sin embargo, poco ha impactado en el comportamiento y cambio de hábitos de los estudiantes, porque carece de efectos prácticos y requiere robustecerse con otras actividades.

Ante ello, la legisladora puntualiza que es importante trabajar para combatir los efectos del cambio climático, causante de la intensificación de tormentas, catástrofes, y de provocar escasez de alimentos y agua.

Para lograr esto, afirma, no son suficientes los esfuerzos que realizan las y los maestros de educación básica, pública o privada, por lo que se requiere de la sinergia de esfuerzos con las secretarías de Estado, para aprovechar todos los programas federales que poseen.

Considera que, con el apoyo de la Administración Pública Federal, se podría ampliar el conocimiento para las niñas y los niños que cursan la educación básica sobre los efectos del cambio climático.

Subraya que implementar programas específicos en esta materia a alumnos de nivel básico no tendrá impacto presupuestal, porque las obligaciones que se generarían se cubrirían con el presupuesto autorizado para los ejecutores de gasto en cada ejercicio fiscal y podrá derivar de programas existentes.

Necesario, definir el acoso escolar en la ley para crear protocolos de protección de niñas, niños y adolescentes

• La Diputada Rodríguez González (MC) plantea cambios a la Ley General de Educación

La Diputada Taygete Irisay Rodríguez González (MC) propone reformar los artículos 73 y 74 de la Ley General de Educación, para establecer y definir el concepto de “acoso escolar”, con la finalidad de que en el sistema educativo nacional se tomen medidas para proteger a las y los educandos contra este tipo de conducta y se desarrollen mecanismos de atención y protocolos de actuación.

La reforma, enviada a la Comisión de Educación para dictamen, señala que el acoso escolar es “todo acto u omisión que, de manera reiterada, agreda física, psicoemocional, patrimonial o sexualmente a una niña, niño o adolescente, realizado bajo el cuidado de las instituciones escolares”.

También, establece que las autoridades educativas, en su función de promoción de la cultura de la paz y no violencia, establezcan mecanismos gratuitos de asesoría, orientación, reporte de casos y de protección para las niñas, niños, adolescentes y jóvenes involucrados en violencia, maltrato y acoso escolar, y ofrecer servicios remotos de atención, a través de una línea pública telefónica u otros medios electrónicos.

De igual forma, deberán emitir lineamientos para los protocolos de actuación necesarios para la prevención y atención del acoso escolar.

En la exposición de motivos, indica que el acoso escolar es una problemática que ha estado recibiendo cada vez más atención en años recientes, ya que se trata de una modalidad de violencia infantil y escolar que hasta hace algunas décadas había pasado desapercibida y tolerada, incluso como parte normal de la vida y de la infancia, pero que es capaz de tener el mismo impacto negativo en la vida de las personas que cualquier otra modalidad de violencia.

Además, esta problemática ha causado daños de enorme magnitud en muchas personas; por esta razón, es necesario erradicarla como cualquier otra forma de violencia que afecte a niñas, niños y adolescentes.

De acuerdo con el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, si bien la violencia se produce entre niñas, niños y adolescentes sin que los adultos estén directamente relacionados, estos últimos sí tienen un papel en esa forma de violencia, pues es su responsabilidad combatir y prevenir adecuadamente estos actos sin acciones punitivas que resulten en una respuesta a la violencia con más violencia.

Asimismo, la escuela no está exenta de la violencia entre niñas, niños y adolescentes, y por ser el lugar donde este sector de la población pasa la mayor parte de su tiempo bajo la supervisión y cuidado de los docentes, administradores y autoridades educativas, las escuelas son también uno de los lugares más idóneos para implementar políticas encaminadas a prevenir el acoso.

La Diputada Rodríguez González señala que, derivado de esta necesidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desarrolló un estudio encaminado a definir legalmente el fenómeno del acoso escolar como “todo acto u omisión que, de manera reiterada, agreda física, psicoemocional, patrimonial o sexualmente a una niña, niño o adolescente, realizado bajo el cuidado de las instituciones escolares”.

A pesar de que esta definición fue emitida desde 2015, todavía no ha sido integrada a las leyes mexicanas, lo cual es particularmente apremiante, pues hoy más que nunca es necesario trabajar en la formación de una cultura de la paz, y ese esfuerzo debe empezar desde la escuela.

Comentó que la SCJN ya elaboró una definición consistente con el rigor que exige la ley; sin embargo, es inaceptable que después de siete años de su emisión no se haya implementado en ninguna legislación.

Proponen incluir en educación básica programas para la concientización sobre la violencia de género

• Diputadas y diputados de MC plantean reformar la Ley General de Educación

Las diputadas y diputados de MC impulsan una iniciativa para incluir en los planes y programas de educación básica la concientización de la violencia hacia las niñas, adolescentes y mujeres y sus efectos negativos en la sociedad y con base en los derechos humanos por parte del personal docente educativo como componente del proceso de enseñanza, aprendizaje y eficacia del proceso educativo.

La propuesta, turnada a la Comisión de Educación, plantea reformar el artículo 29 de la Ley General de Educación, con la finalidad de establecer un apartado que concientice sobre la violencia hacia las mujeres desde una etapa de educación inicial y se reflexione sobre las luchas que se han emprendido durante las últimas décadas en el ámbito, social, económico y político.

En su exposición de motivos, el grupo parlamentario, coordinado por el Diputado Braulio López Ochoa Mijares, destaca que existe violencia de pareja, económica, física, sexual, laboral, escolar, social y familiar, en la que se revela que una de cada 10 menores de 15 años ha sufrido abuso sexual, mientras que dos de cada 10 mujeres mayores de 60 años han sufrido violencia económica, patrimonial o física.

Afirma que la violencia de género ocasiona discriminación, afectaciones psicológicas y hasta físicas en la vida cotidiana de las mujeres, por lo que es evidente que existen deficiencias en el sistema de enseñanza desde el nivel preescolar hasta la preparatoria o vocacional.

Sostiene que dentro de estos sistemas de enseñanza se ha permitido continuar con una crisis que ha rebasado a las instituciones educativas, ya que desde las redes sociales se evidencian agresiones físicas o psicológicas, a través del hostigamiento y el acoso escolar, con lo que se trasgreden los derechos humanos de las mujeres que la sufren en cualquiera de sus expresiones.

En este sentido, la iniciativa resalta que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) define la violencia como “cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado”.

Por ello, destaca, las diputadas y diputados de MC se pronuncian por implementar políticas públicas enfocadas a concientizar los efectos negativos y las consecuencias que conlleva la violencia de género, con la finalidad de erradicarla desde los niveles de educación de preescolar, primaria y secundaria.

Advierten que la violencia de género hacia las mujeres no debe ser considerada como una conducta socialmente tolerada; de ahí la importancia de que a través de la educación y con una enseñanza sistemática se puede marcar la diferencia desde una edad temprana de la niñez.

De igual forma, con planes de estudio prioritarios se lograría promover y proteger a las generaciones futuras, pues se ha demostrado que, por medio de la enseñanza educativa, se concientiza a la sociedad sobre fenómenos que los afectan y disminuyen sus impactos, al permitir una sana convivencia y un ambiente de respeto.

Las y los legisladores sostienen que es necesario identificar las principales causas sociales y culturales que fomentan la diferencia sexual y de género en el país, con el objeto de proporcionar nuevas herramientas de estudio y probables soluciones para legitimar los derechos mínimos de las mujeres de cualquier edad y región, así como lograr disminuir las brechas de desigualdad que provoca la violencia de género hacia las mujeres.

Piden que patrones promuevan programas para prevenir enfermedades metabólicas y cardiovasculares

• El Diputado Martínez Ventura (PT) propuso reformas en el ámbito laboral y educativo

A fin de impulsar políticas de prevención de enfermedades metabólicas y cardiovasculares a través de programas y campañas laborales y educativas, el Diputado Luis Enrique Martínez Ventura (PT) planteó reformar las leyes Federal del Trabajo y General de Educación.

La iniciativa tiene como propósito adicionar una fracción XXXIV al artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, para establecer la obligación de los patrones de promover e impulsar programas y campañas trimestrales de información sobre los buenos hábitos alimenticios, una buena nutrición y la activación física para contrarrestar el sobrepeso, la obesidad, los trastornos de la conducta alimentaria con el objetivo de prevenir enfermedades metabólicas y cardiovasculares.

También, modificar la fracción VIII del artículo 30 de la Ley General de Educación, con el fin de incluir en los contenidos de los planes y programas de estudio de la educación que imparte el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares, la promoción de la prevención de enfermedades metabólicas y cardiovasculares.

El documento, turnado a las comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social y de Educación, argumenta que en México los malos hábitos alimenticios y el sedentarismo han proliferado desde los últimos 40 años, debido a la falta de políticas nutricionales eficientes y por el creciente consumo de comida rápida y chatarra en la dieta de las personas.

Esto, agrega, ha ocasionado que actualmente el 10.3 por ciento de la población mexicana padezca de diabetes tipo 2 y que el 88 por ciento de los habitantes del país sufra de sobrepeso y obesidad, según datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) de 2018.

Asimismo, se estima que alrededor de dos terceras partes de las personas que sufre de diabetes, sobrepeso y obesidad en México ya padecen silenciosamente hígado graso, y el resto es vulnerable a desarrollar esta enfermedad metabólica.

Por ello, señala, las reformas a las leyes buscan promover políticas de prevención de las enfermedades metabólicas y cardiovasculares mediante la implementación de estrategias laborales y educativas de concientización que les permita a las personas conocer sobre los peligros y con ello cambien sus hábitos de alimentación, y realicen actividad física continua y hábitos de vida saludables.

Estas acciones, indica, tienen como fin informar a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes sobre la importancia de prevenir enfermedades metabólicas; al mismo tiempo, que las empresas tengan un ambiente laboral más saludable que contribuya a incrementar la productividad de los individuos.

Añade que las y los trabajadores podrán compartir y reflexionar la información que recibieron en sus centros laborales con sus hijas e hijos, quienes aprendieron la misma información en sus escuelas, fortaleciendo el aprendizaje y la información correspondiente, que conllevará a la buena toma de decisiones y a la práctica de hábitos saludables.

Puntualiza que algunos de los beneficios que se obtendrán con estas reformas serían: reducir los fallecimientos causados por las enfermedades, incrementar la productividad de las personas, mejorar la calidad de vida y autoestima, reducir los gastos por estos padecimientos y evitar un gasto e impacto presupuestario al Gobierno Federal y al sistema de salud.

Buscan que SEP implemente sistemas de captación, tratamiento y reutilización de agua en escuelas

• La Diputada Vázquez Romero (PT) plantea reformar la Ley General de Educación

La Diputada Shirley Guadalupe Vázquez Romero (PT) propone adicionar un párrafo quinto al artículo 103 de la Ley General de Educación, a fin de establecer que la Secretaría de Educación Pública (SEP) deberá implementar sistemas económicos de captación de agua, así como de tratamiento y reutilización de este líquido en los baños escolares.

La iniciativa, remitida a la Comisión de Educación, señala que el agua es esencial para la higiene personal, ya que permite a las y los alumnos lavarse las manos antes y después de comer, de ir al baño y en otras ocasiones durante el día, lo que ayuda a prevenir la propagación de enfermedades y la transmisión de gérmenes.

Indica que contar una infraestructura adecuada, limpia y segura en los centros educativos contribuyen a crear un ambiente escolar más saludable y acogedor, para que las y los estudiantes se sientan más cómodos y seguros en un entorno limpio y bien mantenido.

Argumenta que, al proporcionar agua para la higiene en los centros educativos, se fomenta la adopción de hábitos saludables desde una edad temprana donde los educandos aprenden la importancia de mantenerse limpios y practicar una buena higiene, lo que puede tener un impacto positivo en su salud a largo plazo.

La recolección de agua de lluvia es un proceso que implica la captación y almacenamiento del agua que cae de los cielos durante las precipitaciones. Este método ha sido utilizado durante siglos en diversas partes del mundo y ha experimentado un renacimiento reciente debido a su viabilidad ambiental y económica.

Un primer paso es la captación del agua de lluvia se logra mediante la instalación de techos inclinados en edificios u otras estructuras, junto con tuberías que dirigen el agua hacia un punto de recolección central.

Una vez que el agua de lluvia ha sido captada, pasa por un sistema de filtración para eliminar cualquier suciedad, hojas u otros contaminantes recogidos durante el proceso. Este trabajo es crucial para garantizar que el agua recolectada esté limpia y segura para su uso posterior.

Después de ser filtrada, el agua de lluvia se almacena en tanques o cisternas diseñados específicamente para este propósito, los cuales suelen estar enterrados o colocados en la parte exterior de los edificios escolares.

La propuesta resalta que una vez que el agua de lluvia ha sido almacenada, está lista para su uso y puede ser distribuida a través de una red de tuberías conectadas a grifos o sistemas de riego, según las necesidades específicas de la aplicación.

La Diputada Vázquez Romero, señala que el agua de lluvia captada se puede utilizar para una variedad de propósitos, como regar jardines, limpiar superficies o incluso para consumo humano después de un tratamiento adecuado. Por ello, es esencial asegurarse de que las y los niños tengan acceso a agua limpia y segura para satisfacer sus necesidades cotidianas.

Añade que tener agua en los baños de la escuela promueve prácticas de higiene adecuadas que son fundamentales para mantener a las y los estudiantes saludables y seguros.

Plantean incluir en planes de estudio el derecho humano al agua, su urgente cuidado y valoración indispensable

• La Diputada Vázquez Romero (PT) propone agregar una fracción XXV al artículo 30 de la Ley General de Educación

La Diputada Shirley Guadalupe Vázquez Romero (PT) impulsa una iniciativa para agregar la materia del “derecho humano al agua, su urgente cuidado y valoración indispensable” en los contenidos de los planes y programas de estudio de la educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares, de acuerdo al tipo y nivel escolar.

La adición de una fracción XXV al artículo 30 de la Ley General de Educación, turnada a la Comisión de Educación para su estudio y dictamen, considera esencial la enseñanza sobre el cuidado del vital líquido, donde las escuelas desempeñan un papel fundamental para la transmisión del conocimiento a las generaciones futuras. 

Argumenta que instruir sobre el cuidado del agua en los planteles permitirá cultivar una sociedad más consciente, responsable y sostenible, pues al otorgar a niñas y niños conocimientos y habilidades para comprender, valorar y conservar el vital líquido, se promueve su uso más eficiente, beneficia al medio ambiente y contribuye al bienestar económico y la salud de la sociedad.

Además, educar desde una edad temprana en esta materia fomentará una cultura de responsabilidad ambiental y sostenibilidad, debido a la receptividad al aprendizaje de la niñez y a que pueden internalizar hábitos de uso responsable y adoptar prácticas que minimicen el desperdicio y contaminación.

Destaca el impacto directo que ello tendría en la conservación de los recursos hídricos locales y globales, ya que las y los estudiantes son agentes de cambio y pueden influir en el comportamiento de sus familias y amigos; al llevar conocimientos sobre la importancia de reparar fugas, reducir el consumo y utilizar prácticas de irrigación eficientes, contribuirían a conservar el agua en sus hogares y comunidades.

La legisladora advierte que la escasez del recurso hídrico puede generar desde el aumento de los costos por el suministro, hasta la pérdida de ingresos en sectores dependientes del agua, como la agricultura y el turismo, por lo que la materia sobre su cuidado tendrá beneficios económicos a largo plazo para la sociedad.

“Al cultivar una generación de niñas y niños conscientes del valor del agua y las repercusiones económicas de su mal uso, se puede promover una gestión más eficiente y sostenible de este recurso, lo que a su vez puede generar ahorros significativos para la sociedad en su conjunto”.

Enfatiza la importancia de la iniciativa, ya que el desarrollo de la conciencia sobre la valoración del líquido, y los temas de reflexión y propuestas para su cuidado deben ser motivo de una asignatura real y adecuada a los enfoques de los planes y programas en todos los niveles de enseñanza, desde la primera infancia hasta la universidad y posgrados. 

Proponen reforma para incluir el fomento de la salud mental en los planes de estudio

 

• La Diputada Guerrero Esquivel (PRI) impulsa una iniciativa que modifica la Ley General de Educación

La Diputada Fuensanta Guadalupe Guerrero Esquivel, del PRI, presentó una iniciativa que reforma la fracción XI del artículo 30 de la Ley General de Educación, con el objetivo de incluir en los planes y programas de estudio el fomento de la salud mental. 

Plantea incorporar “el fomento de la salud mental” como parte de los contenidos de los planes y programas de estudio de la Educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, de acuerdo al tipo y nivel educativo.

En su fundamentación, la propuesta turnada a la Comisión de Educación señala que la salud mental se ha vuelto un tema recurrente en la agenda pública, siendo las generaciones más jóvenes quienes lideran la discusión, en busca de soluciones que les permita generar herramientas de afrontamiento y una mejor realidad que la que vivieron y normalizaron tantas generaciones anteriores.

Menciona que la División de Política Social del Servicio de Investigación y Análisis de la Cámara de Diputados señala que la salud mental es un “fenómeno complejo determinado por múltiples factores sociales, ambientales, biológicos y psicológicos, e incluye padecimientos como la depresión, la ansiedad, la epilepsia, las demencias, la esquizofrenia y los trastornos del desarrollo en la infancia, algunos de los cuales se han agravado en los últimos tiempos”. 

“La salud mental se relaciona, al igual que la salud física, con la pobreza, en donde la incidencia de estos padecimientos exige de los afectados mayor proporción de los pocos ingresos que generan, además de lo incapacitantes que resultan y, como consecuencia, disminuyen o frenan el potencial de desarrollo de las personas y de los núcleos familiares”.

La iniciativa subraya que los sectores más vulnerables suelen padecer más los efectos de una salud mental perjudicada y deteriorada, toda vez que tienen menos herramientas para atenderla, como es el caso de las y los jóvenes estudiantes, principalmente cuando acuden a instituciones educativas de sostenimiento público.

Precisa que, según un estudio realizado por la Universidad Autónoma Metropolitana sobre salud mental en universitarios, alrededor de 50 por ciento padecen Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) y el 80 por ciento de los que sufren depresión no reciben tratamiento, a pesar de que esos padecimientos comienzan entre los 14 y 15 años.

En el caso específico de niñas, niños y adolescentes, por encontrarse en etapa formativa, se debe procurar por todos los medios disponibles aminorar los factores de riesgo que puedan afectar a su capacidad para desarrollar todo su potencial en la edad adulta producto de afectaciones a su salud mental.

Además, en México, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el suicidio es la tercera causa de muerte entre niños de 10 a 14 años y también en el bloque de 15 a 24 años.

“Es momento de hacer verdadera justicia social y procurar la salud mental de todas las personas que se preparan para tener una mejor vida y, con ello, contribuir en la construcción del México que se espera y se desea”, considera la propuesta de la Diputada Guerrero Esquivel. 

Comisión de Educación aprueba proyecto para garantizar seguridad de menores en escuelas

También avaló el proyecto para inscribir el nombre de la UNAM en el Muro de Honor

La Comisión de Educación, que preside la Senadora Antares Vázquez Alatorre, aprobó un dictamen para garantizar la seguridad de todos los menores de edad en el entorno de los planteles educativos.

Para ello, precisa el proyecto, las autoridades de las entidades federativas y de la Ciudad de México tienen que implementar programas para el control de objetos que se introducen en las escuelas.

La reforma a la fracción XIV del artículo 114 de la Ley General de Educación, faculta a las autoridades de nivel local a implementar programas para el control de los objetos que se introducen en los centros educativos, tanto por parte de las y los alumnos, como del personal docente, personal directivo y empleados en general.

Lo anterior, con el propósito de verificar que no se transporten de forma ilícita armas o materiales, sustancias y objetos peligrosos, con sujeción a los principios de legalidad, no discriminación, respecto a la dignidad de las personas y de mínima intervención.

Además, los y las legisladoras de la Comisión aprobaron un dictamen para inscribir en letras doradas, en el Muro de Honor del Senado de la República, la leyenda “Universidad Nacional Autónoma de México. Por mi raza hablará el espíritu”.

El objetivo es reconocer el aporte que la UNAM, a través de su comunidad, compuesta por directivos, académicos, administrativos y estudiantes ha brindado al país a lo largo de su historia.

En el documento, se da cuenta que desde su fundación y hasta 1921, la Universidad experimentó diversos cambios y crisis políticas y sociales que impactaron su funcionamiento, entre las que destacan el cobro hacia los estudiantes de cinco pesos de cuota en 1916, derivado de una disposición oficial del gobierno del entonces Presidente Venustiano Carranza.

Actualmente, la casa de estudios cuenta con 16 Facultades, cinco Unidades Multidisciplinarias, nueve Escuelas Nacionales, nueve planteles de la Escuela Nacional Preparatoria, cinco planteles del Colegio de Ciencias y Humanidades, 35 Institutos, 14 Centros y 13 programas universitarios.

“En el ciclo escolar 2022-2023, la UNAM contó con 373 mil 340 alumnos: 32 mil 550 de Posgrado, 233 mil 260 de Licenciatura, 106 mil 863 de Bachillerato y 667 de nivel técnico y propedéutico de la Facultad de Medicina. Lo anterior representa un aumento de matrícula sostenido en, al menos, los últimos 15 años”.

El proyecto destaca que la Universidad, también nombrada como Máxima Casa de Estudios, es reconocida en el mundo por su excelencia académica y su contribución a la investigación de vanguardia.

Además, cuenta en nivel de posgrado con 42 programas, con 95 planes de estudio, 42 programas de especialización con 268 orientaciones; en Licenciatura cuenta con 133 carreras con 241 opciones educativas; y, en educación media superior, tiene tres planes de estudio de bachillerato.

Los legisladores se declararon en sesión permanente para analizar, la próxima semana, el dictamen que expide la Ley Orgánica de la Universidad Pedagógica Nacional, a fin de integrar en el documento las observaciones y propuestas de los y las senadoras.

Piden garantizar acceso a tecnologías de la información e Internet en escuelas de comunidades marginadas

• La Diputada Cruz Peláez y el Diputado Palacios Díaz, del PVEM, plantean reformar la Ley General de Educación

La Diputada Fátima Almendra Cruz Peláez y el Diputado Luis Edgardo Palacios Díaz, ambos del PVEM, impulsan iniciativa que reforma el artículo 102 de la Ley General de Educación, para garantizar que todas las escuelas ubicadas en localidades aisladas, zonas urbanas marginadas, rurales, pueblos y comunidades indígenas cuenten con acceso a las tecnologías de la información e Internet.

La propuesta, turnada a la Comisión de Educación para dictamen, “busca abonar en la construcción de un sistema educativo al alcance de todas y todos los niños y jóvenes de país, poniendo especial atención en aquellos que se encuentren en situación de vulnerabilidad o marginación”. 

Indica que Internet es una herramienta intrínsecamente educativa; la naturaleza participativa y comunitaria de muchas de sus aplicaciones y actividades sociales están en consonancia con las características fundamentales del aprendizaje humano. “Por ello se ha convertido cada vez más en un recurso indispensable para la educación de calidad”.

Menciona que contar con un sistema educativo de calidad debe ser prioridad para cualquier gobierno, ya que a través de este se superarán las barreras de desigualdad y pobreza, y se potencializa el crecimiento y desarrollo económico de las naciones.

Afirma que el Estado mexicano tiene la obligación de emprender todas las acciones necesarias a fin de asegurar, sin discriminación alguna, que de manera regular las niñas, niños y adolescentes asistan a la escuela, permanezcan en ella y logren concluir el nivel de escolaridad obligatoria.

Señala que un desafío pendiente es no solo garantizar el acceso equitativo entre alumnos de distintos orígenes sociales, sino otorgarles todas las herramientas indispensables para un adecuado conocimiento, pues “es necesario remover todas las barreras que impidan un ejercicio pleno del derecho a la educación de calidad”.

El documento argumenta que el progreso tecnológico ha obligado a la implementación de nuevas herramientas para la interconectividad entre las múltiples actividades humanas. 

En este sentido, destaca que el acceso a Internet y la incorporación de las tecnologías de la información al sistema educativo deben ser consideradas como parte de las nuevas estrategias de planeación de la política educativa. 

“El uso de Internet en los procesos educativos se vuelve cada vez más relevante, ya que es a través de éste que se facilita y agiliza el intercambio de ideas e información, se refuerza la comunicación y se logran expandir las fronteras del conocimiento”, precisa. 

Expone que durante pandemia de Covid-19 las autoridades educativas tuvieron que implementar el uso de todas las plataformas digitales disponibles para continuar con las clases, y “el acceso a Internet se convirtió en una necesidad y en un puente capaz de conectar el conocimiento de las personas y establecer vínculos educativos”.

Impulsan iniciativa en materia de prevención, detección y visibilización de la violencia escolar

• El Diputado Casique Zárate, del PRI, propone reformar la Ley General de Educación

El Diputado Javier Casique Zárate (PRI) presentó una iniciativa que reforma la Ley General de Educación, a fin de que la atención psicosocial que se proporciona a las víctimas de violencia o maltrato escolar y a la persona agresora sea por parte de personal calificado y que las autoridades educativas realicen evaluaciones periódicas del bienestar psicosocial de niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

El proyecto, que modifica las fracciones III, IV, V, VII y VIII; y adiciona la X y XI al artículo 74 de dicha ley, agrega que las autoridades educativas fomentarán la creación de observatorios de convivencia y violencia escolar que contribuyan al conocimiento, análisis, evaluación, valoración e intervención de la convivencia en los centros escolares de los distintos niveles educativos.

Asimismo, que los mecanismos establecidos serán para el cumplimiento de los protocolos para la detección, prevención y actuación en casos de abuso sexual infantil, acoso escolar y maltrato en las escuelas.

El documento, turnado a la Comisión de Educación, refiere que el informe ejecutivo La violencia entre Estudiantes de Educación Básica y Media Superior en México 2021 destaca que la violencia psicológica, como las burlas, apodos ofensivos y otras agresiones similares, es más frecuente que la física cuando se mide por medio de reactivos donde se pregunta a estudiantes si han sido víctimas de violencia.

Puntualiza que, a nivel secundaria, mediante el Estudio Internacional de Educación Cívica y Ciudadana (Cívica) 2016, el 64.2 por ciento reportó que algún compañero dijo cosas de su persona para hacer reír a otros, y 63.3 por ciento reveló que otro estudiante lo llamó con un sobrenombre o apodo ofensivo, mientras que sólo el 20.1 por ciento señaló haber sido atacado físicamente por otro estudiante.

En tanto, en la educación media superior, a través del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes (PISA) 2018, el 34 por ciento expresó que había sido objeto de burla de otros estudiantes y 29.5, que se habían hecho circular rumores desagradables sobre su persona, pero sólo 19.1 afirmó haber recibido golpes o empujones.

Por otra parte, los resultados de Cívica 2016 muestran que el 69.6 por ciento de las y los directores refirió observar intimidación o abuso verbal (bullying y otras formas de acoso escolar) y 60.2 por ciento, agresiones físicas. Asimismo, 69.5 del personal docente mencionó que en sus grupos existían situaciones de intimidación o abuso verbal entre estudiantes, y 58.7 reportó que había agresiones físicas entre estudiantes.

La secundaria es el nivel educativo donde la violencia de todos los tipos ocurre con mayor frecuencia, tanto desde la perspectiva estudiantil como desde la de docentes y directivos; por ejemplo, en Cívica 2016, seis de cada 10 estudiantes refirieron haber sido objeto de violencia psicológica y al menos una quinta parte mencionó serlo de violencia física.

Sin embargo, Planea 2017 indica en que Educación Media Superior tres de cada 10 estudiantes afirmaron haber recibido violencia psicológica, y 1 de cada 10 recibió violencia física. 

Presentan en el Senado reforma para abatir abandono escolar

• La competitividad disminuyó en los últimos cuatro años, por la baja en las matrículas escolares tras la pandemia, advierte Josefina Vázquez Mota.

El abandono escolar en México tiene graves consecuencias a nivel individual, pero también a escala social, sobre todo en índices como el de la competitividad, que disminuyó en los últimos cuatro años, especialmente en México, por la baja en las matrículas escolares tras la pandemia, advirtió la Senadora Josefina Vázquez Mota.  

La legisladora del PAN recordó que, en la emergencia sanitaria, al menos seis millones de infantes y jóvenes quedaron fuera del sistema educativo.

Dijo que el abandono escolar es un problema complejo y multifactorial, y su solución requiere el esfuerzo conjunto entre el gobierno, las instituciones educativas, la sociedad civil y las familias. 

En este sentido, presentó una iniciativa para que las autoridades de escuelas públicas o privadas del nivel básico avisen a las instancias responsables de la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, cuando los alumnos se ausenten por más de cinco días consecutivos u ocho faltas acumuladas en el mes, sin que exista justificación por escrito de sus madres, padres o tutores o quienes ejerzan su patria potestad. 

Se trata de una propuesta que reforma el artículo 73 de la Ley General de Educación, a la que se le dio turno directo a las comisiones unidas de Educación y de Estudios Legislativos Segunda.

La legisladora destacó que, de acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad, el ausentismo se presenta, principalmente, en el nivel preescolar, con 1.48 millones de menores. Además, sólo 92 estudiantes llegan a la secundaria de cada 100 que entran a la primaria, de éstos, 81 ingresan al bachillerato y apenas 39 empiezan una licenciatura, pero sólo 26 estudiantes la concluyen. 

Vázquez Mota dijo que este mismo Instituto destacó que los índices de competitividad en el país disminuyeron en los últimos cuatro años, por la baja en las matrículas escolares tras la pandemia, y al menos seis millones de infantes y jóvenes quedaron fuera del sistema educativo. 

“Es fundamental implementar políticas y programas que promuevan la retención escolar, mejoren la calidad de la educación, brinden oportunidades de formación técnica y vocacional, y aborden las causas subyacentes del abandono escolar, como la pobreza, la desigualdad y la falta de acceso a servicios educativos de calidad”, concluyó la senadora.