La PGR gastó 10 mdp en cirugías de testigo protegido, hoy prófugo

Dennis A. García | Salvador Puga Quintanilla, el testigo protegido que más utilizó la Procuraduría General de la República (PGR) durante la administración pasada, y que hoy es buscado por unas órdenes de aprehensión que pesan en su contra, también obtuvo otros privilegios.

Durante los últimos cinco años, la PGR gastó alrededor de 10 millones de pesos en cirugías plásticas y en tratamientos médicos en hospitales privados para Puga Quintanilla, quien al formar parte de los testigos colaboradores le fue asignada la clave Pitufo. En 2008, cuando fue detenido, Salvador Puga pesaba aproximadamente 160 kilos, pero logró bajar de peso drásticamente con el by-pass gástrico que le pagó la PGR. Y es que el testigo protegido Pitufo, por su sobrepeso, padecía de enfermedades como hipertensión y diabetes, tratamientos que también corrieron por parte de la dependencia. Esos beneficios se suman al pago mensual que recibía por ser testigo protegido (50 mil pesos), protección federal y vehículo blindado. Bastó con que Puga Quintanilla declarará haber pertenecido a la organización criminal de Los Zetas y que tenía información de primer nivel sobre las operaciones de dicha organización por ser cercano al líder Heriberto Lazcano El Lazca, para que el entonces coordinador general de la unidad de delitos contra la salud, Irving Barrios Mojica, le ofreciera formar parte de los testigos colaboradores. Dicho acuerdo por escrito fue firmado por la agente del Ministerio Público de la Federación, Silvia Méndez Mendoza. Fue entonces que, a partir del 29 de octubre de 2008, cuando fue reclutado como testigo protegido, Salvador Puga comenzó a ser utilizado para declarar en contra de integrantes del crimen organizado, de funcionarios federales y de generales de la Defensa Nacional. Pitufo fue el testigo más utilizado durante la administración anterior, (400 averiguaciones previas) entre los casos más sobresalientes, que posteriormente se vinieron abajo por las inconsistencias en sus declaraciones, está el de la “Operación Limpieza” en la que fueron detenidos siete altos mandos (el ex zar antidrogas, Noé Ramírez Mandujano; Rodolfo de la Guardia García, ex director de Interpol México; Víctor Garay Cadena, ex comisionado de la Policía Federal y el ex coordinador de Seguridad Regional de la PF, Javier Herrera Valles), seis mandos medios y 12 agentes. Puga Quintanilla también fue el principal testigo colaborador en las investigaciones del llamado Michoacanazo (en el que fueron detenidos y luego absueltos 34 servidores y ex servidores públicos, entre ellos 12 presidentes municipales); en el caso de los generales acusados de nexos con el narcotráfico, Tomas Ángeles, Roberto Dawe y Ricardo Escorcia Vargas; del entonces presidente municipal de Cancún, Quintana Roo, Gregorio Sánchez, así como en las acusaciones que pesan aún en contra del gobernador te Tamaulipas, Tomas Yarrington. En agosto de 2013, el agente del Ministerio Público de la Federación solicitó nuevas órdenes de aprehensión contra Puga Quintanilla por los delitos de delincuencia organizada en su hipótesis de secuestro, contra la salud en su modalidad de posesión con fines de comercio de opio y posesión de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército. Esta nueva acusación se desprende por el secuestro de un empresario dedicado a los bienes raíces. De acuerdo con las investigaciones, Salvador y sus cómplices pidieron tres millones de pesos por la liberación del empresario. Salvador Puga Quintanilla El Pitufo fue el testigo más utilizado durante la administración anterior, con 400 averiguaciones previas. m Casos más sobresalientes que se vinieron abajo por las inconsistencias en sus declaraciones: —“Operación Limpieza”, en la que fueron detenidos siete altos mandos, seis mandos medios y 12 agentes. —El llamado Michoacanazo (en el que fueron detenidos y luego absueltos 34 servidores y ex servidores públicos, entre ellos 12 presidentes municipales) —El caso de los generales Tomas Ángeles, Roberto Dawe y Ricardo Escorcia Vargas, acusados de nexos con el narcotráfico. —El caso del presidente municipal de Cancún, Gregorio Sánchez.