México, un país amenazado por delincuentes presos

Las autoridades mexicanas no logran cortar el acceso de teléfonos móvles a los penales Las cárceles son el origen de miles de llamadas de extorsión Los inhibidores de señal tampoco funcionan INÉS SANTAEULALIA .

El Gobierno mexicano todavía no ha dado con la fórmula que convierta las cárceles en espacios libres de delincuencia. Los penales de México se han convertido en una especie de call center del delito. Los presos extorsionan y mantienen su pertenencia a bandas de secuestradores incluso tras las rejas. Hay leyes que prohíben los teléfonos móviles en el interior, hay inhibidores, pero no es suficiente. La corrupción se cuela por las rendijas de la cárcel donde se rentan celulares sin dificultad y se apagan misteriosamente los bloqueadores de señal. Las autoridades siguen fallando a la hora de impedir que los delincuentes sigan delinquiendo, incluso bajo su tutela y privados de libertad. El problema hace años que se conoce, pero nadie ha sabido hasta ahora cómo ponerle freno. El descontrol se vuelve vital en un momento en el que el secuestro y la extorsión son los delitos que más han aumentado en los últimos meses. El recién nombrado coordinador antisecuestros, Renato Sales, no elude el problema. "Resulta importantísimo que los bloqueadores de señal no se operen desde el interior de los reclusorios", dijo este miércoles. Lo que significa que el Estado no puede garantizar que la dirección del penal se mantenga incorruptible o a salvo de amenazas, por lo que el nuevo plan es que sea la Secretaría de Gobernación quien vigile los inhibidores por control remoto. Sales también dijo: "Lo que hay que decir en primera instancia es que no deben existir aparatos de telefonía celular en los penales, estamos reconociendo que efectivamente hay celulares en buena parte de los centros penitenciarios del país". Lo que quiere decir que en las cárceles mexicanas no se cumple la ley. Organizaciones civiles y de víctimas llevan años detrás de este problema. "No hay voluntad política para pararlo", dice María Elena Morera, hoy presidenta de Causa en Común, desde donde pone al servicio de las víctimas la experiencia adquirida durante el secuestro de su marido, del que llegaron a enviarle un dedo pulgar como amenaza. "Estamos ante un grave problema de corrupción", añade Isabel Miranda de Wallace, que persiguió hasta encerrar a los secuestradores y asesinos de su hijo y ahora lidera la organización Alto al Secuestro. La pregunta es ¿cómo un país miembro del G-20, de la OCDE y con aspiraciones de entrar en la liga de las primeras ocho economías del mundo no es capaz de conseguir que sus delincuentes presos dejen de delinquir? Si las leyes se aplicaran no habría celulares en las cárceles, por lo tanto no harían falta inhibidores, pero al final ni una cosa ni la otra ha dado resultado. En México hay bloqueadores de señal en 200 penales federales (de un total de 300), según datos del Observatorio Nacional Ciudadano, pero no hay cifras sobre cuántos hay en las estatales o municipales. "Los bloqueadores no funcionan porque los manejan los propios directores de los penales. La ley dice que es la Federación quien tiene que tener el control", dice De Wallace. Tampoco existen cifras oficiales sobre extorsión telefónica, ya que dentro de la extorsión se incluye el cobro del derecho de piso (canon que cobra el crimen organizado a empresarios y productores). Francisco Rivas, presidente del Observatorio, estima que las telefónicas son el 95% del total. En 2013 hubo 8.042 denuncias por este delito, pero hay que tener en cuenta que la cifra negra, reconocida por el Gobierno, es altísima. En el caso de los secuestros solo se denuncia 1 de cada 10 hechos, según confirmó el coordinador antisecuestros en entrevista con EL PAÍS el pasado mes de febrero. Tampoco existen datos sobre qué cantidad de extorsiones telefónicas se realizan desde las cárceles. Las organizaciones de víctimas han dado varias estimaciones que abarcan desde el 70 al 90% del total. Sí se sabe que la mayoría salen desde los penales de Tamaulipas (al norte del país) y del Distrito Federal. Las extorsiones telefónicas funcionan como chantajes que suelen hacer creer a la víctima que uno de sus conocidos está secuestrado y que para liberarlo tiene que hacer un pago inmediato. Los extorsionadores amenazan a sus víctimas y suelen recurrir a gritos de una tercera persona que pide auxilio y se hace pasar por el familiar en cuestión. El Gobierno trata de extender entre la población la forma de actuar ante estas llamadas. "Si se es víctima se recomienda colgar, verificar que la familia está bien y denunciar. Si no conoces el número de teléfono, no contestes", advierte Sales. En medio de un panorama desalentador, el Estado de Chihuahua (al norte de México) se ha ganado el respeto de autoridades y organizaciones. Chihuahua concentró en un penal de alta seguridad a 572 presos por delitos de secuestro. "En ese centro penitenciario no existe de ninguna forma un aparato de telefonía celular (…). Este es el modelo ideal de reclusión especializado, porque evita que se contaminen otros reos y que operen desde la prisión. Replicar este modelo en todo el país es fundamental para que baje el delito de secuestro", dijo Sales este miércoles. El coordinador, que fue designado en enero pasado por el presidente Enrique Peña Nieto, tiene la tarea de enfrentarse a dos de los delitos (secuestro y extorsión) que más temor generan en la sociedad y de acabar de una vez por todas con la impunidad en los centros penitenciarios. "De lo que se trata es que las entidades federativas tengamos penales que sean capaces de tener el control suficiente para evitar que se secuestre desde el interior del penal o que se extorsione, como suele suceder". Hasta ahora sus palabras han sido claras, pero aún no hay resultados. De Wallace dibuja la realidad con una frase: "Es una vergüenza que no tengan el control de sus penales".