Policía comunitaria de Guerrero destituye a confabulados con gobierno

Asamblea de la CRAC en la que se argumentó y votó la destitución de Eliseo Villar por fraude contra la policía comunitaria. Sergio Ferrer

TLAPA, Guerrero.- Una asamblea efectuada en Espino Blanco sede de una de las Casas de Justicia de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias Policía Comunitaria (CRAC-PC), acordó la destitución de los actuales coordinadores de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, así como comandantes regionales y una secretaria. En la asamblea que tuvo como punto nodal revisar la situación de la institución comunitaria después del fraude contra la Policía Comunitaria por supuestos 740 mil pesos (aunque hay versiones de que la cantidad podría haber sido de hasta 8 millones de pesos). El ex coordinador Raúl Cabrera –quien entregó dinero a Eduardo Lemus Justo, alias el ‘Wadi’ antes de dejar sus funciones– así como los comandantes regionales Vicente Lauro Valdez, Pedro Valdez Mozo y el coordinador Abad García García, señalaron directamente a Eliseo Villar y a su equipo de cometer el fraude contra los comunitarios, por lo que los asambleístas votaron para desconocerlos como coordinadores y miembros de la policía. Estas acusaciones darían pie a una votación con la cual la asamblea votó para desconocer a los coordinadores, Eliseo Villar Castillo, Adelaida Hernández Nava, Tiburcio Lorenzo Regino, la secretaria Adriana Domínguez, cuatro comandantes regionales y el cuerpo de policía permanente. La asamblea regional contó con la presencia de 26 comisarios municipales de la sede de Espino Blanco, 25 consejeros, 25 grupos de policía comunitaria y dos comisariados de bienes comunales en tanto que por San Luis Acatlán 14 comisarios, 14 consejeros, siete grupos de comunitarios y seis comisarios de bienes comunales. Dichas autoridades acordaron restructurar la Casa de Justicia de San Luis Acatlán y convocar para este lunes a una próxima asamblea microregional para determinar el probable proceso de reeducación de Villar Castillo así como ratificar el nombramiento de cuatro nuevos coordinadores y cuatro nuevos comandantes regionales que cuenten con el respaldo de su comunidad y no tengan antecedentes penales. En reunión regional los coordinadores de Espino Blanco convocaron a las casas de Justicia de El Paraíso, Zitlaltepec, San Luis Acatlán, incluidos los propios coordinadores de San Luis los cuales no acudieron. Tampoco estuvieron presentes los coordinadores de la sede de Cochoapa, quienes son cercanos al grupo de Villar Castillo. La mesa de debates propuso el nombramiento de nuevos coordinadores por lo que en votación mayoritaria quedaron elegido para San Luis Acatlán, Abad García García de Tuxtepec quien fue ratificado, Alberto Margarito Porfirio de Cuanacaxtitlan, Martin Encarnación de la Cruz de Jolotichan, Jesús Carranza Rojas de San José Vista Hermosa y los comandantes regionales, Vicente Lauro Valdez, Pedro Valdez Mozo, Fulgencio Díaz Sánchez y Gaudencio Jiménez Toribio tomándoles protesta Juan González Rojas, primer presidente del comité de policía comunitaria generado en 1995. Valentín Hernández Chapa, consejero integrante de la comisión de investigación del fraude, presentó su denuncia por escrito ante la asamblea en contra de los coordinadores acusados y la de otros dos consejeros, la cual se analizará en la próxima reunión regional. En la asamblea se acordó la liberación de los detenidos que habían sido falsamente acusados por el grupo de Eliseo Villar en representación de la CRAC-PC de San Luis Acatlán. Así mismo, Eduardo Lemus Busto, Esperanza Lemus Busto, Uri Álvarez Pacheco y Luis Vargas acusados de participar y cometer el fraude, siendo convocados a un careo con Eliseo Villar Castillo a quien según la asamblea se le investigará junto con su equipo de trabajo por violar el reglamento interno al involucrarse con la delincuencia sin consultar a la asamblea general. A la asamblea también asistieron organizaciones cafetaleras, productoras de maíz de la Costa Chica así como el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan. Antecedentes de Eliseo Villar Castillo Desde el 18 de septiembre de 2013, Eliseo Villar Castillo había sido acusado de confabulación con el gobierno en contra de la Asamblea regional de las Policías comunitarias para credencializar a los policías comunitarios y desconocer a la Casa de Justicia El Paraíso en contra de su coordinadora regional Nestora Salgado. En esa reunión, Eliseo Villar fue acusado de traición a los pueblos por negociar con el gobierno a espaldas de la asamblea e incriminar a otros coordinadores. Por lo que la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC-PC) ratificó su respaldo a la Casa de Justicia de El Paraíso el 31 de agosto de 2013, y así mismo acordó solicitar la liberación de todos los detenidos, incluída la de Nestora Salgado y Bernardino García, presos políticos desde el 21 de agosto, y aprehendidos contra derecho por las Fuerzas Armadas. Sin embargo, el 2 de septiembre, Villar Castillo declaró lo contrario en una mesa de negociación con el gobierno del Estado y con funcionarios federales, en la que incriminó a Nestora Salgado y demás comunitarios. Pocos tiempo después, a finales de octubre, Gonzalo Molina González, coordinador regional de Tixtla, ahora preso político, en entrevista a Los Ángeles Press denunció que a raíz de esa mesa de negociación con el gobierno, Eliseo Villar habría recibido la cantidad de 8 millones de pesos (630 mil dlls) para operar las Casas de Justicia creadas sin la autorización de la CRAC ni respaldo de la Asamblea regional. "Un dinero, además, que no se sabe en qué ha gastado", señaló el coordinador. Sin embargo, Gonzalo Molina fue detenido bajo el cargo de terrorismo el 6 de noviembre y recluido sin juicio en un penal federal de Oaxaca. Confabulaciones del gobierno contra comunitarios Desde que funcionarios del Gobierno del Estado de Guerrero negociaran con Eliseo Villar fueron encarcelados con delitos fabricados Nestora Salgado, Bernardino García, Arturo Campos, Gonzalo Molina, y doce policías comunitarios más en 2013. En el caso de Nestora Salgado, el gobierno federal intervino con la detención por parte de las Fuerzas Armadas, y hasta la fecha no se le ha permitido entrevistarse con un abogado, y se le han imputado tres calses de delitos, pese a que las supuestas víctimas no han declarado o interpuesto una denuncia en su contra. El 20 de marco de 2014, también las autoridades del gobierno guerrerense detuvieron con delitos fabricados a Aurora Molina González, hermana de Gonzalo Molina, coordinador regional de Tixtla, bajo cargos de terrorismo, secuestro, robo y delincuencia organizada. Para el 26 de marzo, el juez Abimael Rodríguez dictaminó su auto de libertad, no obstante las autoridades judiciales retrasaron su salida hasta que llegó el secretario de Acuerdos del juzgado de Tixtla con nuevas acusaciones de robo específico y lesiones, y aún se encuentra privada de su libertad. Para su abogado, Hegel Mariano, es parte de la "confabulación de las autoridades de la Procuraduría con el Poder Judicial para impedir la excarcelación de Aurora Molina", integrante de la Policía Comunitaria.