El Gobierno de Colombia, en pie de guerra contra el 'sicariato'

El crimen organizado en la ciudad colombiana de Cali se cobró el año pasado casi 2.000 vidas, según recientes informes. El Gobierno intenta combatir a los criminales que aprovechan los vacíos legales.

"Asesinar sin ser capturados" o "que se derrame sangre pero que no se pierda la libertad del verdugo" son algunas de las consignas que mueven a los jóvenes a la hora de sentenciar a sus víctimas. Un joven asesino a sueldo, de tan solo 16 años, accedió a dar una entrevista a RT, pero exigió que su nombre fuera reemplazado y también pidió no revelar el lugar donde se realizó el encuentro. "El duro nos dice a quién tenemos que tumbar, y nos dice cómo hay que hacer la vuelta. Aquí están listos todos", relata fríamente cómo es su trabajo. "El que tiene el porte [arma] se moviliza con ella por si la policía lo para, después le entrega el 'fierro' a uno, lo más cerca de donde uno va a pelar [matar] al paciente, cuando uno ya hizo la vuelta, deja el 'fierro' tirado en un punto marcado y el que tiene el permiso vuelve a recogerlo. Eso es breve, así despistas a los ‘tombos’ [policías]", cuenta. Los motivos de los asesinatos, según las autoridades, van desde la intolerancia, a los hurtos, pasando por venganzas personales o ajustes de cuentas, situaciones todas ellas en las que interviene el 'sicariato'. Según el director de la personería, entidad encargada de velar por los derechos humanos, las declaraciones de este sicario dejan al descubierto que muchos crímenes en esta ciudad se cometen con armas legales, sacando a relucir también otras incógnitas sobre la sencilla forma con que los civiles pueden armarse bajo la ley. Andrés Santamaría, defensor del pueblo en Cali, cuenta que en esta ciudad colombiana se han expedido en los últimos cinco años más de 25.000 salvoconductos, sin contar todos los anteriores. El comercio de pertrechos en el país es manejado exclusivamente por el estado a través de la industria militar y el departamento de Control y Comercio de armas y municiones. Un civil puede solicitar el permiso para portar escopetas, revólveres y pistolas semiautomáticas. El gobierno local le ha declarado la guerra a la violencia en varios frentes: Muchos sectores han sido militarizados, grupos especiales de la policía trabajan en la desarticulación de bandas criminales y desde diciembre en más de la mitad de la ciudad se ha prohibido el porte de armas para los civiles. Las autoridades destacan que toda esta serie de medidas ha conseguido rebajar la tasa de homicidios. En el último mes del año se produjo una disminución de las muertes violentas en un 42% respecto al mismo periodo de 2012. Algunos sectores sociales destacan que en Cali se ha dado un gran paso para el posconflicto, cuyo reto pasa por desarmar a la población civil. Otros añaden que sicarios como el joven entrevistado y sus compañeros son el fruto de una sociedad que ha dejado de lado a las clases más pobres y que ha desatendido a los jóvenes que crecen en un difícil entorno. Quizá ese rechazo social del propio sistema sea el germen de la violencia que se respira hoy en la ciudad y al que hay que atajar cuanto antes.