Expropiación por “utilidad pública”, el recurso legal de Peña para lograr beneficios privados

Paloma Montes García .

La ley de Hidrocarburos enviada por Enrique Peña Nieto al Senado permite la expropiación de terrenos para proyectos de explotación de petróleo o gas natural de empresas privadas. La iniciativa propone que en casos donde los contratistas de un proyecto energético no lleguen a un acuerdo sobre el monto a pagar a los habitantes de un predio, se utilice un recurso llamado “servidumbre legal”. El proceso pretende evitar los conflictos que se han presentado en el sector minero o de energías renovables, donde los grupos ejidales en zonas rurales han representado el mayor obstáculo para la voracidad de las empresas trasnacionales. Debido a que en México los hidrocarburos son propiedad de la nación, los propietarios de los terrenos no pueden recibir un porcentaje de las utilidades que genera la explotación de sus tierras. Ignacio Lozano, catedrático del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), señaló que la retribución justa para una comunidad debe contemplar el valor actual y quizá las utilidades futuras de producción. Como eso implicaría un aumento en el costo de la tierra, la iniciativa prevé que, de no llegar a un acuerdo, las petroleras pueden acudir al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin) para solicitar una valuación. En caso de que los propietarios de una superficie y las compañías no logren un acuerdo, la empresa podría solicitar a la Secretaría de Energía (Sener), y ésta a su vez al Poder Ejecutivo, la expropiación del terreno. A pesar de que el Congreso aún no define el periodo de discusión de las leyes secundarias, se pretende elevar la producción de 2.5 a 3 millones de barriles para 2018. Las ganancias de dicho crecimiento, aunque provinieran de bienes de la nación, serían compartidas con las trasnacionales. Aun cuando se ha descartado que el recurso de expropiación se utilizará en todos los casos, el papel fundamental que el Poder Ejecutivo desempeñará en solicitar el proceso de despojo abre el espacio para investigar las ganancias que de estos acuerdos obtendrán los principales funcionarios del país.Fuente; Revolución 3.0