·Lucía Trasviña refrenda compromiso de impulsar un marco
regulatorio que combata ilícitos con el uso de nuevas tecnologías, Inteligencia
Artificial e Internet.
La Presidenta de la Comisión de Seguridad Pública, Lucía
Trasviña Waldenrath, aseguró que los avances tecnológicos en el mundo son cada
vez mayores, y que su crecimiento exponencial suma múltiples factores de
riesgo, que amenazan desde los dispositivos móviles que se utilizan diariamente
hasta la Seguridad Nacional de un país.
Por ello, la senadora de MORENA, en conjunto con el Proyecto
GLACY+ del Consejo de Europa y en coordinación con el Foro de Presidentes y
Presidentas de Poderes Legislativos de Centroamérica, la Cuenca del Caribe y
México (FOPREL), encabezó el Taller “Evaluación legislativa y misión consultiva
sobre legislación en materia de ciberdelincuencia, capítulo México”.
Explicó que este ejercicio tiene la finalidad de que
expertos en la materia brinden información y herramientas necesarias a los y
las legisladoras, para tener un panorama amplio del tema y poder trabajar e
implementar un plan de acción en el área de la ciberseguridad.
Lucía Transviña recordó que la tendencia internacional ha
sido efectuar acciones que combatan estos delitos, y en México, con el Tratado
entre México, Estados Unidos y Canadá, tenemos el compromiso de impulsar un
marco regulatorio robusto que combata los ilícitos que se cometan con el uso de
las nuevas tecnologías, la Inteligencia Artificial y el Internet.
La senadora recordó que ha presentado diversas iniciativas
en la materia, con el objeto de contar con un marco regulatorio que coadyuve a
llenar el vacío legal que existe y proteja a ciudadanos e instituciones de
estos delincuentes.
Como ejemplo citó la iniciativa para expedir la Ley General
de Ciberseguridad, que tendrá por objeto regular la integración, organización y
funcionamiento de la Comisión Nacional de Ciberseguridad y de la Agencia Nacional
de Ciberseguridad, así como establecer la distribución de competencias y las
bases de coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los
municipios.
Otra iniciativa que presentó la legisladora propone reformar
y derogar diversas disposiciones del Código Penal Federal, relativo a ciber
delitos o delitos cometidos por medio de sistemas informáticos, así como el
proyecto que reforma la Ley General del Sistema de Seguridad Pública, que
propone incluir en la legislación la figura de incidentes cibernéticos con el
objeto de crear un registro nacional de éstos.
“Consientes que una respuesta contundente a la
ciberdelincuencia empieza por una legislación sólida, alineada con los
estándares internacionales, las autoridades nacionales están actualmente en
proceso de reformar el marco legal relacionado con la ciberdelincuencia y las
pruebas electrónicas, teniendo en cuenta las mejoras que puedan aportarse tanto
al código Penal Federal como al Código Nacional de Procedimientos Penales y
otras leyes adicionales”, señaló.
Ariel José Alvarado Urbina, Secretario Ejecutivo del Foro de
Presidentes de Poderes Legislativos de Centro América y la Cuenca del Caribe,
mencionó que este taller brinda la oportunidad de ampliar el conocimiento y
fortalecer las capacidades de respuesta frente al ciberdelito, que es una
amenaza en constante evolución que afecta a todos los rincones del mundo.
En este sentido, destacó que el Convenio de Budapest es un
instrumento internacional que representa una acción fundamental en la lucha
contra los ciberdelitos, pero su ratificación y aplicación adecuada son
esenciales para salvaguardar la integridad de nuestras sociedades en un mundo
digital cada vez más interconectado.
Ana Elefterescu, responsable del proyecto “GLACY+” del
Consejo de Europa, dijo que es necesario fortalecer la capacidad de hacer
frente a la ciberdelincuencia, porque a nivel mundial “es un problema que pone
vulnerable a empresas, instituciones y ciudadanos ante hackeos de información
personal”.
Destacó que, para hacer frente a dichas amenazas, se
requiere un ecosistema más amplio de leyes que aborden por un lado la
protección y prevención contra hackeos de datos personales, así como mejorar la
capacidad de las autoridades de justicia penal para intervenir contra estos
delitos.
“Este es el ámbito de legislación que se refiere a la
ciberdelincuencia y a las pruebas electrónicas, algo esencial hoy cuando las
pruebas digitales se pueden encontrar en cualquier tipo de delito y, en
ocasiones, podrá ser crucial para hacer justicia a las víctimas”, afirmó Ana
Elefterescu.
Manuel Esteban Morales Díaz, Vicepresidente de la Asamblea
Legislativa de Costa Rica y representante de la vicepresidencia pro tempore de
FOPREL, comentó que la evaluación legislativa en materia de ciberdelincuencia
debe ser prioridad para la protección de datos de la ciudadanía, el cual sólo
se puede atender de manera multilateral entre países.
Por esta razón, destacó que es necesaria una legislación
eficaz en materia de ciberdelincuencia, en la que se reconozca la complejidad
de este fenómeno, para enfrentar de manera eficaz dicha amenaza global.
Morales Díaz aseveró que la ciberdelincuencia, el robo de
datos personales, la suplantación de identidad, el ciber espionaje y los
ataques cibernéticos a infraestructuras críticas representan una amenaza
constante para individuos, empresas y gobiernos.
En este sentido, subrayó que “la legislación en esta área se
vuelve crucial para garantizar la seguridad y privacidad de los ciudadanos y
para preservar la integridad de las instituciones y economías”.
