Ciudadano español se corta las venas justo antes de su desahucio

Madrid. Un ciudadano español residente en la ciudad de Palma de Mallorca, capital de las Islas Baleares, se cortó las venas unos minutos antes de que llegara a su vivienda la comisión judicial que iba a ordenar su desahucio por el impago del crédito hipotecario. La persona herida, de la que se desconoce aún su identidad, tiene 52 años y se encuentra en estado muy grave en la unidad de cuidados intensivos de un hospital público de la ciudad. La crisis económica que afecta a España desde hace más de un lustro sigue provocando auténticos dramas sociales y familiares. El último es que se dio a conocer hoy, cuando se registró un episodio cada vez más habitual: un ciudadano desesperado, sin empleo y con la amenaza de ser expulsado de su vivienda por orden del juzgado, que a su vez accede a los reclamos de los bancos acreedores, decide finalmente quitarse la vida. Así ha ocurrido con 14 personas -hombres, mujeres y ancianos- en lo que va de año, en uno de los dramas que más cimbran a la sociedad española. El ciudadano español se encuentra muy grave, una vez que cuando llegó la comisión judicial y entró en su vivienda por la fuerza -siempre suele acompañar al funcionario del juzgado un policía para forzar la entrada de la casa-. Este nuevo drama se suma al que se dio a conocer el pasado lunes, cuando se informó de que tres miembros de una familia de Sevilla murió intoxicada tras ingerir comida caducada. Esta familia era hasta hace unos años de clase media, pero la crisis les fue orillando a vivir de la recogida de cartones y papel y a comer en ocasiones de los servicios sociales. Según los últimos informes del Consejo General del Poder Judicial, en España se han ejecutado más de 480 mil desahucios desde 2008, lo que supone una media de más de 250 diarios y 85 mil anuales. Un drama que no cesa y que, según la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) se podría evitar si el gobierno español acatara los dictámenes de los tribunales europeos, que consideran que la legislación hipotecaria española es “ilegal” y “profundamente injusta” con el consumidor.