Al centro Gonzalo Molina, en un reconocimiento que le hace la CRAC por su compromiso y honestidad con la comunidad de Tixtla. Foto: CRAC/FB
Por Guadalupe Lizárraga
Penal de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca
Sonó el teléfono entrada la noche, desde Morelos, México: “Quiero hacer una denuncia”, dijo una voz femenina del otro lado del auricular. “¿Conoce usted el caso de Gonzalo Molina?”, inquiere la voz sin esperar apenas respuesta. “Gonzalo es policía comunitario de Tixtla y fue encarcelado por el gobierno el seis de noviembre. Con mucho esfuerzo se ayudó a su esposa, Ausencia Honorato, para que se trasladara a Oaxaca, y no se le permite la visita, que supuestamente el compañero está castigado”. Es la voz de Bruni Marbán Salgado, activista adherente de “La Otra Campaña”, organización zapatista.
La información escueta sobre las condiciones de encarcelamiento de Gonzalo Molina González, indígena de Tixtla Guerrero, la da una trabajadora social del penal federal de Miahuatlan, Oaxaca. “En 74 días no lo pueden visitar”, dijo la mujer a la esposa de Molina.
La activista Bruni Marbán continúa con la narración y señala que no hay nadie quien dé la cara en el penal. “Estamos pensando que al compañero está siendo torturado, por eso no permiten verlo. Estamos más preocupados porque los jueves podía hablar con su esposa, pero en esta última llamada él ya no pudo hablar, estaba quebrado emocionalmente, ya no pudo contestar, ni podía pronunciar palabras”, dijo Marbán.
Desde que lo encarcelaron con cargos de “secuestro y terrorismo”, por pertenecer a la Policía comunitaria de Tixtla y proteger a su comunidad del crimen organizado tolerado por las autoridades locales, Gonzalo Molina había hablado con su esposa en dos ocasiones. La tercera ya no pudo concretarse, ni se le permitió hacer una videollamada a la que tienen derecho los presos, aún en régimen de castigo. Tampoco le han permitido la visita de un abogado.
Ausencia Honorato Vázquez, esposa de Molina, dice que pidió ayuda para ir al penal porque sabe que algo le está pasando a su esposo. “Yo lo conozco bien, dice, y él no podía hablar”. Ausencia recibió su llamada, como era el acuerdo el jueves 12 de diciembre. Pero al escucharlo que no podía articular palabras, su preocupación fue mayor “porque a lo mejor lo torturaron”, cuenta a Los Ángeles Press.
“Entré hasta el penal, junto con la demás gente que iba a ver a sus familiares, y sólo a mí me dijeron «no lo vas a poder ver»”, narra Ausencia. También le preguntó a la trabajadora social que ¿por qué causa estaba castigado su esposo?, y la mujer le respondió que “no podía decir más”. Entre las prohibiciones, no le dan acceso a artículos de higiene personal, no le permiten que le den dinero para comprarlas cosas adentro, tampoco le permiten salir a las canchas o tener alguna actividad física o recreativa.
Nestora Salgado, coordinadora regional de la Policía comunitaria de Olinalá Guerrero. Foto: José Jiménez
Nestora Salgado García, aislamiento y dolor
Penal del El Rincón, Tepic, Nayarit
En el caso de Nestora Salgado la tortura no ha sido física. Pero su salud se ha deteriorado considerablemente por el maltrato y la tortura psicológica. Se encuentra incomunicada dentro del penal, sin que le permitan hablar con otras internas y a la hora de los alimentos, ella debe tomarlos en completo aislamiento, de acuerdo a la información que provee su esposo José Luis Ávila Báez.
Incluso, Ávila Báez ha tenido que pedir la intervención de la Embajada de Estados Unidos, para que le permitan a Nestora hablar por teléfono con su hija ya que su esposa tiene la doble nacionalidad. Cuenta que ella toma medicamento de por vida a raíz de un accidente que tuvo hace años. “Por alguna razón le duelen las muelas, la columna y tiene tos. También ha vomitado sangre”. Sin embargo, en el penal de El Rincón, de Tepic, Nayarit, le impiden tomar el medicamento y le niegan el agua potable. También como forma de tortura, la mantienen en la celda con la luz encendida las 24 horas, y no le permiten salir a caminar o hacer ejercicio, que por prescripción médica debe hacer. En su cuerpo aparecen ya moretones por problemas de circulación sanguínea.
Por intervención de la Embajada estadunidense, entró a revisarla un médico, y al examinarla, Nestora le dijo que le dolían muchas las muelas. Sin embargo, la celadora la recriminó y le dijo que no era consulta, que se quedara callada. Con la misma actitud, le dicen que no va a ver a su abogado, que no tiene defensa, y que no va a salir de ahí pronto.
Nestora Salgado va a cumplir cuatro meses encerrada desde el 21 de diciembre de 2013 por los mismos motivos que Gonzalo Molina, el de ayudar a su comunidad contra el crimen organizado, y fue a la primera líder comunitaria que detuvieron sin una orden judicial y con quince vehículos de las fuerzas armadas. Hasta ahora, no le han permitido que ningún abogado la vea, y sólo le han presentando documentos para su firma sin que pueda leerlos o saber de qué se trata.
Policía ciudadana y popular de Olinalá, Guerrero. Foto: Policía comunitaria
Arturo Campos Herrera, sin poder ver a su esposa
Penal Almoloya de Juárez, Estado de México
De Ayutla de Los Libres, Arturo Campos Herrera, coordinador regional de la Policía comunitaria fue detenido a golpes el 1 de diciembre. Un integrante de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), de quien nos reservamos su nombre por seguridad, señaló también las condiciones de aislamiento en las que se encuentra Campos.
“Desde que lo agarraron lo iban golpeando los ministeriales, imagínese como ha de estar ahora para que se declare culpable”, dice el integrante de la CRAC. Y abunda en la forma en que el gobierno mexicano los vincula como grupos “guerrilleros”, para justificar el aislamiento pese a que las leyes locales e internacionales los facultan para organizarse bajo su sistema de protección a la comunidad cuando el Estado lo ha dejado de hacer.
“El procurador de Guerrero, Iñaki Blanco, acaba de declarar en Radio Máxima que la actitud de los coordinadores comunitarios es de guerrilleros, por eso están encerrados. Cree que son las cabezas y con eso justifica la tortura y los delitos que les achacan”, señala el comunitario. “Ya sabemos cómo actúa el gobierno, y yo creo que están tratando de inculparlos de esos delitos y otro más, para justificar tenerlos encerrados”, dice a Los Ángeles Press con un dejo de amargura.
“Todos conocemos a nuestros compañeros. A Arturo Campos se lo llevaron hasta Almoloya de Juárez, y su esposa es muy humilde, ¿cuándo va a poder ir a visitarlo y luego para que no se lo dejen ver, como le está pasando a la esposa de Gonzalo?”, cuestiona recriminando el sistema penitenciario federal que se manipula a discreción con los internos incómodos para el gobierno mexicano, como son los indígenas que han denunciado a las autoridades locales de corrupción y narcotráfico.
El integrante de la CRAC, con voz fuerte y firme, pregunta ¿A qué le teme el gobierno a que los vean sus familiares? Ellos son inocentes”, dice. Y a pregunta de Los Ángeles Press sobre un supuesto motín que hubo en el penal de Miahuatlán el lunes 16 de diciembre, donde se encuentra Gonzalo Molina, señaló que ya un preso confesó que él había provocado el motín, y que sin embargo, “al único que castigaron fue al compañero Molina, porque ésa es la consigna”.
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